Gremios empresariales impugnan artículos de ley de residuos ante el TC
Advierten que la normativa impone cargas desproporcionadas que amenazan el empleo y la producción nacional

La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), junto a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), interpusieron este lunes una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley 98-25, que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Según los gremios, los artículos impugnados imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, poniendo en riesgo la sostenibilidad, el empleo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Fernando Pinales, presidente de Codopyme, afirmó que respaldan la protección del medioambiente, pero criticó que la "contribución especial" se calcula sobre ingresos brutos, sin relación con la generación real de residuos, y puede aumentar hasta un 500 % los pagos de empresas de menores ingresos.
Mediante una nota de prensa, los empresarios advierten que la ley vulnera la libertad de empresa, obliga a pagar tributos incluso a compañías inactivas y afecta especialmente a los sectores con márgenes regulados, donde la rentabilidad neta es mínima.
Impacto económico y operativo en las MiPymes
Además, señalan que las MiPymes fueron excluidas de la comisión prevista en la ley, pese a representar el 98 % del tejido productivo del país.
- El artículo 16, según el bloque, impone auditorías anuales, certificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación sin estudios de impacto económico, afectando la operatividad y competitividad de los pequeños y medianos industriales.
"Defendemos el medioambiente, pero no a costa de la quiebra de las MiPymes. Regular no puede significar asfixiar al que produce y genera empleo", expresaron los gremios, quienes reiteraron su disposición al diálogo y a soluciones sostenibles que equilibren la protección ambiental con la producción nacional.

