VIDEO | Arancel de EE.UU. preocupa a empresarios; Aduanas sigue sin tomar medidas contra el trabajo forzoso
El Conep y la AIRD confían en que se puedan lograr avances en los próximos meses
Irmgard De la Cruz
Representantes del sector empresarial expresaron preocupación por los efectos que tendría sobre las exportaciones dominicanas mantener a largo plazo el arancel del 12.5 % aplicado por Estados Unidos, mientras la Dirección General de Aduanas (DGA) todavía espera las pautas técnicas que le permitirían implementar un procedimiento general contra la entrada de productos vinculados con el trabajo forzoso.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, advirtió que la medida podría perjudicar la capacidad exportadora de la República Dominicana si permanece vigente durante un período prolongado.
"Definitivamente, de mantenerse en el mediano y largo plazo, va a afectar la capacidad de la República Dominicana de exportar a los Estados Unidos y agravar el déficit comercial que tenemos", afirmó.
Marranzini señaló que el Gobierno dominicano mantiene conversaciones con Estados Unidos, al que definió como el principal socio comercial del país. "El Gobierno dominicano está haciendo lo que debe hacer y está teniendo el diálogo correspondiente con los Estados Unidos", expresó.
Entiende que las conversaciones deben concentrarse en los aspectos técnicos, los principios y los fundamentos de la medida para procurar una posición más favorable para el país. Además, defendió que las exportaciones dominicanas no compiten directamente con la producción estadounidense.
"Las exportaciones nacionales son complementarias a las cadenas de valor de los Estados Unidos", aseguró a la prensa al asistir este miércoles a la inauguración del HUB Cámara Santo Domingo 2026.
Explicó que parte de los bienes enviados desde la República Dominicana incorpora insumos fabricados en territorio estadounidense y posteriormente se integra a otros procesos productivos.
Impacto en las zonas francas
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, afirmó que las conversaciones permanecen abiertas y que varias empresas ya sienten los efectos del gravamen.
"Indiscutiblemente, hay muchas empresas, sobre todo las empresas de zonas francas, que han sido afectadas por el nuevo arancel del 12,5 %. Eso está en conversaciones abiertas y esperamos que en los próximos meses se resuelva", declaró.
Brache consideró que tanto el Gobierno como el sector privado deben mantener la disposición de negociar, aun cuando la base jurídica con la que Estados Unidos justifica el arancel haya variado.
"Nunca uno puede cerrar la puerta a la negociación. Siempre tiene que estar abierto a sentarse a la mesa, dispuesto a poder ceder", sostuvo Brache al hablar con la prensa en el mismo evento.
El dirigente industrial aseguró que el Gobierno dominicano cumplirá el decreto emitido para impedir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
También indicó que algunas industrias están recibiendo capacitación para evitar comprar insumos procedentes de países donde se ha identificado esa práctica.
Brache citó el algodón como una de las materias primas sobre las que se está poniendo atención.
Explicó que se procura evitar que textiles elaborados con algodón vinculado al trabajo forzoso se incorporen a productos dominicanos destinados al mercado estadounidense y, aunque evitó mencionar países, dijo que las autoridades están tomando en cuenta la procedencia de algunas mercancías, sobre todo de naciones asiáticas.
Aduanas sigue sin tomar medidas
El 23 de julio, horas antes de que el nuevo arancel del 12,5 % de Estados Unidos entrara en vigor, Abinader emitió el decreto 502-26, que establece una serie de medidas preventivas para prohibir el ingreso al país de productos vinculados con el trabajo forzoso.
Sin embargo, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó que la institución aún no cuenta con las pautas técnicas necesarias para adoptar por sí sola medidas generales.
Indicó que estas deben ser definidas por el Ministerio de Trabajo mediante una mesa de trabajo presidida por su titular, Eddy Olivares.
"Hasta que el Ministerio de Trabajo no dé las pautas técnicas, nosotros no podemos tomar por nosotros solos medidas", manifestó Arroyo.
Agregó que ha contactado personalmente al ministro porque la DGA no puede adoptar "decisiones aisladas" y será la entidad encargada de ejecutar lo que se determine, aunque no ofreció una fecha sobre cuándo estas pautas estarían listas para ser implementadas.
Al ser preguntado sobre si las importaciones continúan con normalidad, Arroyo recordó que se requieren denuncias o alertas específicas de los importadores para impedir la entrada de una mercancía.
"Si hay una alerta sobre una empresa determinada que produce el producto bajo ese esquema, entonces Aduanas no va a recibir esos productos en la República Dominicana", aseguró.
Precisó que alguien debe denunciar que una empresa o mercancía está vinculada con esa práctica "hasta que nosotros terminemos el marco técnico" que establecerá cómo se seguirá el procedimiento.
La creación del registro de productos contemplado en el decreto también permanece pendiente de esas disposiciones, sostuvo Arroyo.
Lo que establece el decreto
El artículo 5 del decreto dispone que todo importador deberá indicar en el formulario electrónico de la Declaración Única Aduanera (DUA) si conoce o tiene información razonable de que las mercancías importadas fueron producidas, fabricadas, extraídas, procesadas o elaboradas, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
Para ello, Aduanas deberá habilitar las opciones correspondientes en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) y podrá requerir documentación que sustente la declaración.
Asimismo, el artículo 6 designa a la DGA como responsable de tramitar el procedimiento administrativo y establece que podrá iniciarlo de oficio o como consecuencia de una denuncia cuando existan indicios razonables de trabajo forzoso.
En ese sentido, el decreto no condiciona la actuación de Aduanas únicamente a la presentación de una denuncia, aunque permite que la institución solicite colaboración técnica a otros organismos "cuando la naturaleza del caso lo requiera", según el decreto.
Irmgard De la CruzPeriodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.