República Dominicana debe velar por el cumplimiento de la ley de lavado
Acoprovi busca sector informal pueda adquirir financiamiento
Joaquín Caraballo
SANTO DOMINGO. Las autoridades dominicanas tienen el reto de aplicar la Ley 155-17 sobre Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, porque de no cumplir con las exigencias locales e internacionales esto tendría un impacto importante en la economía del país.
“Ahora el énfasis es en el cumplimiento porque si no cumplimos la República Dominicana va estar siendo evaluada periódicamente por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y si nosotros nos quemamos en esa evaluación eso tendrá un impacto importante en la economía dominicana; el riesgo país sube, en consecuencia, endeudarnos nos saldrá mucho más caro, van a subir las tasas de interés que paga el país, la inversión extranjera se va a reducir en calidad y cantidad, tiene un impacto importante”, expresó el abogado Francisco Álvarez durante el panel titulado “El Sector No Financiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo: mitos, avances y retos”, del que participaron expertos nacionales e internacionales.
El problema de la informalidad
De su lado, María Gatón, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), dijo que en el país se debe velar por el cumplimiento de la ley del lavado de activos, pero al mismo tiempo es fundamental el crecimiento de la construcción de viviendas, señalando que las ventas podrían verse afectadas con el proceso y las exigencias que hay que cumplir, esto, por el por ciento de la población que está en la informalidad y no puede demostrar sus ingresos. Dijo que Acoprovi está solicitando a las autoridades que permitan una declaración jurada notariada como un mecanismo de demostrar el ingreso de las familias que están en la informalidad, y señala que es muy difícil su calificación para la banca y la obtención de un financiamiento a largo plazo.
Panelistas participantes
El panel incluyó con la participación de los panelistas Gabriel Cuomo, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina; Francisco Álvarez, socio fundador de Headrics Rizik Álvarez y Fernández; Claudia Álvarez, socia directora de Ethtiek CSR Group, así como Heiromy Castro, socio director de BST Global Consulting. También participaron en el panel, Milcíades Rodríguez, socio fundador de DR&R Abogados y Consultores; Roberto Mella Cohn, Socio Fundador de RMC - Risk Management and Compliance; Ruth de los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda y María Gatón, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI).
Los participantes expusieron diversos temas que surgen a lo interno de las empresas del sector no financiero, muchos de las cuales han tenido que adaptarse a las reglamentaciones de la nueva ley vigente en país en materia de lavado de activos.
El experto en antilavado, quien es el presidente del comité de prevención del Instituto de Contadores de la República Dominicana, Roberto Mella Cohn, indicó que conforme a las estipulaciones de la legislación tributaria vigente en la República Dominicana, el delito tributario posee dos características principales para su identificación, primero, la configuración del delito tributario requiere de la existencia de dolo o culpa; y segundo, el delito tributario es de carácter penal.
Milcíades Rodríguez, experto fiscal, opinó: “Mientras la defraudación tributaria está vinculada con: a) simulación, b) ocultación, y c) engaño; la evasión tributaria no, vale decir, que la misma podría ser cometida hasta por mera negligencia y sin mala intención”.
Joaquín Caraballo
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