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República Dominicana ocupa el lugar 16 de 21 en entorno para APP

La puntuación más débil está en la categoría de institucionalidad

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República Dominicana ocupa el lugar 16 de 21 en entorno para APP
Ancor Suárez, del Grupo BID, resaltó el hecho de que la República Dominicana está basando su proceso normativo en las mejores prácticas de la región, de manera que se podrá ver un avance del país.

De acuerdo al más reciente reporte Infrascopio 2019, desarrollado por la Unidad de Inteligencia de The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la República Dominicana se sitúa en el puesto 16 entre los 21 países de América Latina en entorno para desarrollar alianzas público-privadas (APP).

República Dominicana obtuvo una puntuación de 55, por encima de países como Bahamas, Paraguay, Argentina, Barbados y Venezuela. Las mejores prácticas en APP en la región son, en el marco de los resultados del Infrascopio 2019, Chile, Colombia, Perú y Jamaica, con puntuaciones entre 79 y 76.

El índice utiliza cinco categorías para evaluar el entorno para las APP en América Latina y el Caribe, al medir el impacto que tienen en cada país las regulaciones, el marco institucional, la madurez, el clima de inversiones y el financiamiento sobre las posibilidades de desarrollar alianzas público-privadas.

En el caso dominicano, el resultado más bajo está en materia de institucionalidad en el que el índice fue de apenas 11 puntos. Esa categoría examina el diseño y las responsabilidades de las instituciones encargadas de preparar, adjudicar y supervisar las APP. Actualmente el país no tiene una normativa que regule ese tipo de alianzas por lo que no cuentan con un marco legal, aunque sí se pueden firmar contratos de ese tipo.

Según indica The Economist en el reporte, existen dudas sobre las interacciones que podrían tener las disposiciones existentes para concesiones en la legislación sectorial, en caso de que la Ley de APP sea aprobada, como se espera que ocurra este año. Igualmente, hay obstáculos en el uso de los fondos de pensiones que, por norma, solo se pueden invertir en productos que cotizan en la bolsa, cuando en otras naciones pueden destinarse al financiamiento de obras contratadas en el marco de APP.

Ancor Suárez, del Grupo BID, resaltó el hecho de que la República Dominicana está basando su proceso normativo en las mejores prácticas de la región, de manera que se podrá ver un avance del país en materia de entorno para desarrollar las alianzas público-privadas. “Los pasos que están tomando son los adecuados para crear la institucionalidad adecuada”, dijo.

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