Sector farmacéutico cuestiona la nueva política de medicamentos de Salud Pública

SANTO DOMINGO. La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) rechazó ayer el nuevo Plan Maestro de la Política Farmacéutica Nacional, del Ministerio de Salud Pública, por entender que constituye un atentado contra la existencia del sector farmacéutico privado.

En un espacio pagado, ARAPF cuestiona el proyecto, el cual se les presentará en un taller, porque considera que los asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que participaron en la elaboración del plan tienen una mala disposición hacia ese sector privado.

Aseguran que una muestra de esa supuesta actitud es la recomendación de ampliar el sistema de compras y que las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) estructuren su propia red de proveedores de medicamento, en un supuesto propósito de hacer desaparecer el sector.

Las observaciones de los farmacéuticos se basan en lo que contiene el resumen ejecutivo de lo que serán las nuevas políticas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) del Ministerio de Salud Pública.

Para ARAPF, es falsa la afirmación de las autoridades de que en el país hay una percepción generalizada de baja calidad de los medicamentos y asegura que eso podría aplicarse a los medicamentos que se expenden en las Farmacias del Pueblo y no en el mercado farmacéutico privado.

ARAPF informa que asistirá al taller, pero aclara que no es parte de un consenso, ni está de acuerdo con el contenido del plan.

Otro punto que critica es que se les va a exigir que en las recetas electrónicas contengan la Denominación Común Internacional (DCI) o genéricos de marca, cuando en el mercado local dominan los fármacos genéricos y que en ninguno de los casos existe una diferencia notable.

Refiriéndose a los medicamentos falsificados y contrabandeados, la entidad farmacéutica advierte

que “constituye un grave riesgo para la salud pública”, al tiempo de afirmar que ha habido falta de voluntad de las

autoridades para enfrentar el problema, pese a que en el país existe la Ley 22-06 sobre Medicamentos Ilegales,

promovida por la propia ARAPF, al amparo de la cual varios violadores de la misma han sido condenados.

Diario Libre