Sin un consenso internacional es difícil detener ataques cibernéticos

Los gobiernos deben contar con las herramientas legales que permitan investigar los ciberdelitos a nivel local e internacional con la finalidad de dar con el origen de los hechos que ponen en peligro las instituciones empresariales y estatales de un país determinado.

Así lo considera Kerry Ann Barrett, especialista en políticas de seguridad cibernética de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien señala que mientras más conectadas están las personas, más expuestas están las instituciones.

“La situación mundial es que deben existir leyes sustantivas para poder procesar casos a nivel nacional e internacional, pero deben existir convenios y luego conjuntamente con las capacitaciones, el fortalecimiento de capacidades que permitan proteger los datos”, expuso la abogada.

Considera que una de las cosas que hay a nivel mundial es que no existe un consenso de lo que significa un ciberdelito porque cada institución ha creado conceptos diferentes. “Cuando se comete un delito en su país, usted no podrá cooperar porque no hay una unificación de conceptos. Sin el consenso las cosas se dificultan mucho más para una investigación que traspase fronteras”.

Indicó que cuando “somos víctimas de ataques cibernéticos debemos tomar en cuenta cuatro elementos claves”: políticas y procedimientos; evaluación de evidencia (ejemplo: comprensión clara de los detalles del caso y el investigador debe definir los tipos de evidencias que requiere); adquisición de evidencia y examen de evidencia.

Plantea que los cibercriminales están utilizando herramientas más avanzadas y escalables para violar la privacidad del usuario, y están obteniendo resultados. Dice que, según datos del Foto Económico Mundial, 2,000 millones de registros de datos se vieron comprometidos en 2017, y más de 4,500 millones de registros se violaron solo en la primera mitad de 2018.

En cuanto al sistema financiero, la abogada Kerry Ann Barrett sugiere que las instituciones bancarias tengan comités de ciberseguridad y a la vez hagan convenios con sus pares para intercambiar informaciones que les permitan fortalecer la seguridad de sus datos ante los ataques cibernéticos.

Advirtió que las personas no están reportando los ciberdelitos porque no los conocen, pero, también, las instituciones no están adoptando las medidas para identificar los delitos.

“No estamos reportando los ciberdelitos, las personas no conocen los ciberdelitos y nuestras instituciones no están implantando las medidas para identificar estos delitos, capacitar a nuestros empleados para que existan un nivel conciencia suficiente que pueda tener un efecto a nivel mundial”, expuso la ejecutiva.

Explica que los dispositivos que utilizan los clientes son cada vez menos seguros porque cada vez más están descargando aplicaciones que les permite acceso a su vida financiera completa. “Mientras más expuestos estén sus clientes más expuestos quedan sus propios sistemas y aumenta su carga de trabajo”.

Apuntó que se define como blanco a las personas que tienen acceso a su sistema financiero.

Al participar en el XXXVIII Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (Colade), evento traído al país por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), Kerry Ann Barrett, explicó que los sistemas financieros deben tratar que los gobiernos entiendan la importancia de tener leyes sustantivas que permitan crear las herramientas para investigar los ciberdelitos, pero al mismo tiempo deben abrirse al mundo realizando convenios para cooperar con países vecinos.

Explica que, si en un país determinado ocurre un ataque cibernético, pero que no fue originado en esa nación, a través de los convenios se puede cooperar y terminar con la red que pone en riesgo nuestras instituciones.

“Existen protocolos internaciones y existen también nacionales. A nivel internacional esto permite trabajar a través de la asistencia legal mutua donde usted debe trabajar por medio de la cancillería o la procuraduría general para solicitar informaciones sobre un delito que ha ocurrido”, dijo.

Joaquín Caraballo

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Graduado en comunicación social en la Universidad O&M. Cursó un Máster en Comercio Internacional en el Centro Europeo de Postgrado CEUPE, tiene varios diplomados en economía, aduanas, sector eléctrico, impuestos y periodismo de investigación.