Sobrecosto en compra de medidores en las EDE alcanzó RD$5,000 MM

De los RD$30,000 millones en irregularidades que presuntamente habrían cometido pasadas administraciones en el sector eléctrico dominicano, RD$5,000 corresponden a sobrecostos en las compras de medidores de energía realizadas por las empresas distribuidoras (EDE).

Así lo reveló este lunes Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, a su salida de la Procuraduría General de la República a donde acudió a una cita luego de que el pasado jueves denunciara supuestos actos de corrupción en perjuicio del Estado en las distribuidoras.

“La conversación (con los fiscales) giró básicamente sobre los sobrecostos a los cuales las distribuidoras compraban los medidores. Lo que vimos es un sobrecosto para las empresas en los últimos años de más de RD$5 mil millones”, declaró.

Astacio dijo que también habló con las autoridades del Ministerio Público acerca de contrataciones que no cumplieron con los procesos de compras establecidos en la ley y una serie de pagos que se realizaron en violación a los pasos internos de las EDE.

La semana pasada, Astacio comunicó que en las auditorías realizadas a las tres distribuidoras de electricidad revelaban irregularidades ascendentes a RD$30,000 millones, afirmando que el sector eléctrico del país fue desfalcado por pasadas autoridades.

Otra de las anomalías encontradas y que supuestamente figura en las auditorías es la contratación de proyectos que se pagaban dos veces y que la actual administración también ha tenido que pagar para que sean terminados.

Explicó que producto de esas declaraciones el Ministerio Público le pidió llevarle algunas de las evidencias que les pudieran ilustrar “sobre lo que nosotros indicamos”.

“Acudimos acá a solicitud del Ministerio Público. Quedamos de volver a vernos. Ellos (la Procuraduría) se comunicarán conmigo. Es una muestra del compromiso institucional que hay en el país de que estas irregularidades sean esclarecidas dentro del marco de la ley y de lo que establece el debido proceso”, declaró.

Preguntado sobre si la Procuraduría tiene alguna investigación abierta sobre el sector eléctrico, el funcionario refirió que es una información confidencial de ese órgano.

“Simplemente esperamos que los órganos del Estado actúen como la ley manda. Quien promueve la acción pública es la Procuraduría y ellos son quienes tienen que evaluar y que tomen las acciones que entiendan de lugar”, manifestó.

Pablo García

Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo por la UASD. Desde el año 2012 ha trabajado en varios medios impresos.