Tarjeta judicial
Gustavo Volmar
El encargado de la investigación describió el sometimiento como una tarjeta roja, al estilo de las que los árbitros muestran a los jugadores que incurren en una grave falta, sólo que en este caso el trasgresor no ha sido un jugador sino la FIFA, el organismo cumbre del fútbol mundial.
Los cargos formulados contra varios directivos involucran actividades delictivas que pueden conllevar términos de prisión de hasta 20 años, de ser encontrados culpables, y envuelven sobornos que exceden los US$150 millones durante los últimos 24 años.
Lo curioso del caso es que las acusaciones no han sido presentadas por personas o entidades que hayan sido económicamente perjudicadas por la FIFA.
No fueron los promotores de productos, ni ciudades que no han sido sedes, o los constructores de infraestructuras deportivas, ni las federaciones nacionales, ni las cadenas de televisión, o los fabricantes de ropa y calzados, ni algún jugador o equipo, ni las publicitarias o las agencias de mercadeo, ni tampoco los que se alega pagaron los sobornos. Al parecer, todos ellos estaban satisfechos con el sistema, que hizo del fútbol el deporte líder en cuanto a los ingresos que genera.
El que presentó los cargos fue el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), cuya jurisdicción proviene de que las actividades de la FIFA abarcan empresas, transacciones bancarias, organismos y recursos estadounidenses.
Es una ofensiva contra lo que el Director del FBI dijo ha sido una cultura de corrupción y codicia.
Se cuestiona el motivo por el que los EE.UU. actuaron ahora, después de tantos años durante los cuales los manejos turbios en la FIFA eran conocidos y aceptados, pero las ruedas de la justicia allá se mueven lentamente, y sus iniciativas no tienen que seguir consideraciones políticas.
La acción judicial ha sido encomiada por sectores vinculados al fútbol, pero algunos de los que la aplauden hubieran preferido que todo se quedara como estaba.
Gustavo Volmar
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