Telefónicas aseguran que nuevo impuesto 911 sí afectaría a usuarios

SANTO DOMINGO. Las empresas del sector de telecomunicaciones del país reiteran su desacuerdo con algunas disposiciones del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados. La ley plantea la imposición de una “tasa” al tráfico internacional como fuente de financiamiento, así como la instalación de equipos en las premisas de las prestadoras para monitorear todo el tráfico de voz y datos en la República Dominicana.

En una nota suscrita por Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind Telecom señalan que una consecuencia inevitable de este impuesto es el aumento del costo de las llamadas hacia la República Dominicana, el cual se traspasará al cliente que llama, en su mayoría dominicanos en el extranjero que aportan a la economía a través de sus remesas. En el corto plazo, provocará una disminución de esas llamadas, lo que a su vez afectará el precio del minuto internacional negociado con esos carriers en base a volumen. Esto llevaría a las telefónicas locales a revisar los beneficios de sus planes residenciales, los cuales actualmente incluyen llamadas internacionales dentro de sus paquetes de minutos.

Adicionalmente, esta medida acelerará de forma importante la tendencia natural del mercado de utilizar otras formas más económicas de acceso disponibles para comunicarse (P.e. WhatssApp, Telegram, otros), e incluso podría fomentar el negocio ilícito de tráfico o “bypass”, con lo que se reducirá el ingreso de divisas al país tanto para las telefónicas, como para el gobierno (por una disminución del Impuesto sobre la Renta-ISR) y para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (por una disminución de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones-CDT).

Igualmente, destacaron como relevante que el “Sistema Antifraude” dispuesto en el Art. 28 del proyecto de ley, constituye una violación a la intimidad y a la privacidad de las informaciones y datos de los clientes, pues el Estado podrá monitorear en tiempo real el tráfico de voz y datos de todos los usuarios, sin necesidad de una autorización judicial previa como requieren las leyes y la Constitución.

Reiteran que ya los servicios de telecomunicaciones en el país están sobre-gravados con 30% de impuestos, que contradictoriamente incluye 10% de impuesto selectivo al consumo destinado para bienes de lujo, diversión o con impacto negativo, lo que los lleva a ocupar el 4to. lugar en el pago de impuestos al consumo, así como el 2do. lugar en pago de impuestos a los ingresos de sociedades en el país.

Las telefónicas aseguran que mayores cargas que provoquen una disminución en el ingreso de las empresas, implicarán menos recursos disponibles para inversión en el desarrollo del sector, mantenimiento, ampliación y modernización de las redes, así como para apoyar proyectos enfocados en el cierre de la brecha digital y aumento del acceso de todos los dominicanos a los diferentes servicios de telecomunicación.

Diario Libre