Un servicio eléctrico confiable: el principal problema que debe atacar el Pacto
La eficiencia de las EDE y la reestructuración institucional del sector son parte de las necesidades que debe resolver el acuerdo
Pablo García
“Los acuerdos que han resultado del diálogo franco y abierto entre los compromisarios del Pacto, están orientados a fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del subsector eléctrico, así como, eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones actuales en la aplicación de las normativas”.
El extracto forma parte de las bases sobre la cual se preparó el “Pacto nacional para la reforma del sector eléctrico en la República Dominicana 2017-2030”, el cual resume las problemáticas que enfrenta el sector y que se buscarían solucionar con la firma del documento.
El texto sobre el Pacto Eléctrico quedó pendiente de rúbrica, luego de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hoy gobernante, se negara a suscribirlo en 2019, y está siendo revisado actualmente por el Consejo Económico y Social (CES) y el gabinete eléctrico del Gobierno, anunciándose su firma para 2021.
Pero, ¿qué debe resolver el Pacto? Los apagones, eliminar o fusionar instituciones del sector, revisar y actualizar varias leyes y establecer lineamientos para eficientizar el gasto, tanto a nivel técnico como de personal, de las empresas distribuidoras, son partes de las problemáticas a solucionar mediante el acuerdo.
El primer reto que enfrentan las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para poder brindar un servicio estable y confiable es mejorar su situación financiera.
Hasta el pasado septiembre, las tres distribuidoras perdían, en promedio, el 31.6 % de la electricidad que colocaban en las redes y adeudaban a los generadores miembros de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), junto a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), US$347.3 millones, que a la tasa oficial de ese mes serían RD$20,303.1 millones.
El borrador del pacto precisa que la autosostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico es una condición indispensable para que este, desde una perspectiva de largo plazo, pueda de forma efectiva contribuir al desarrollo del país.
“Esto supone que las empresas eléctricas tengan la capacidad de cubrir sus gastos operativos, de mantenimiento y de inversión para la expansión de un sistema eficientemente dimensionado. Todo ello debe redundar en mejoras en la cobertura, calidad, continuidad, precios y condiciones de equidad en la prestación del servicio eléctrico”, agrega.
Para un hogar humilde, los apagones pueden llegar a tener un costo de RD$600 al mes, pero esa misma vivienda, con bombillas y los electrodomésticos básicos, solo pagaría RD$403.15 pesos al mes de electricidad, según el informe “Costo del apagón para los usuarios del sistema eléctrico”, elaborado por la ADIE en 2017.
Los apagones le cuestan a los hogares US$228 millones al año, en un cálculo hecho en varias regiones del país. En cuanto a las empresas, que deben contar con una planta eléctrica para abastecerse durante el corte de suministro, les cuesta US$336 millones, siendo las pequeñas y medianas las más afectadas económicamente, resalta el documento.
Sin embargo, los apagones, cuyo principal origen es la situación financiera de las EDE, no serían solucionados con la firma del acuerdo, a juicio de Rafael –Pepe- Abreu, representante del sector laboral ante el CES y participante de las discusiones sobre el pacto.
Abreu considera que aunque es importante la firma del convenio, revela que en las discusiones se planteó la necesidad de crear una mesa permanente que dé seguimiento a la ejecución de los acuerdos a los que se lleguen para que se puedan materializar.
Gastos, tarifas y subsidio
De igual forma, las EDE deberán eficientizar su nómina y los gastos corrientes que realizan. Al pasado septiembre esas empresas contaban con 8,621 empleados, que representaban un gasto de US$28 millones, una cifra que para el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, no debió superar los 5,000 trabajadores.
Asimismo, las empresas distribuidoras eléctricas en América Latina gastan entre un 6 % y un 10 % de sus ingresos, mientras que en las tres EDE dominicanas la cifra es de un 23 %, precisó Almonte en declaraciones recientes.
Las “tarifas exageradas” es otro de los problemas del sector que el acuerdo debe resolver, logrando su disminución mediante la inversión en combustibles menos costos, lo que también hará que el servicio mejore paulatinamente, de acuerdo a Pepe Abreu.
Sin embargo, advierte que no pueden crearse falsas expectativas con el Pacto Eléctrico, precisando que el convenio no quiere decir que la gente va a sentir inmediatamente una baja en la tarifa eléctrica.
“Es un tema de lograr que toda la población pague el servicio y para eso debe haber, no solo conciencia, sino una labor mucho más efectiva de quienes realizan la comercialización para que las instalaciones eléctricas sean eficientes y a un precio justo, de manera que sea asequible a los sectores más empobrecidos y que los que tengan capacidad de evadir el pago no puedan hacerlo”, explica.
Para este año el Gobierno proyectó pagar en subsidios RD$24,102 millones una contribución del Estado para mantener inalterable la factura eléctrica.
Legislaciones y reestructuración institucional
El sector eléctrico estatal cuenta con un ministerio, tres distribuidoras, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la CDEEE, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), la de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHid) y la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Algunas de esas instituciones estarían destinadas a ser reestructuradas o sus funciones ser asumidas por el Ministerio de Energía, como la CDEEE, la UERS y la CNE, precisa el preacuerdo sobre el Pacto Eléctrico.
Pero hacer más pequeña la burocracia estatal en el sector eléctrico implicará la revisión del marco legislativo, especialmente de la Ley 125-01 General de Electricidad y sus modificaciones.
De igual forma, el borrador del pacto recomendaba que en lugar de un consejo de administración para cada una de las empresas distribuidoras de electricidad solo existiera uno, una medida que ya fue aplicada por el actual gobierno.
Rafael –Pepe- Abreu señala que la reducción de los consejos de las EDE fue uno de los temas donde no hubo consenso en las discusiones del pacto.
“El PRM (Partido Revolucionario Moderno, hoy gobernante) decía que no podía haber tres, sino uno unificado. Si lo miramos desde esa óptica, el PRM, que era de oposición y hoy es gobierno, ha ido resolviendo ese tema. Por tanto, ya no habría excusa para que el Pacto Eléctrico no concluyera firmándose rápidamente”, entiende.
Para este trabajo fueron consultados otros sectores que estuvieron integrados en las discusiones del acuerdo, pero no fue posible su respuesta.
Pablo GarcíaLicenciado en Comunicación Social, mención Periodismo por la UASD. Desde el año 2012 ha trabajado en varios medios impresos.
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