Militares denuncian "fallas" en caso Ayotzinapa
Abogados de los militares aseguran que en el procedimiento se fabricó y se utilizó evidencias falsas
AP
Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México ocurrida en el 2014 presentaron el martes una denuncia penal en la Fiscalía General alegando el uso de pruebas falsas, lo que podría afectar el proceso y alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.
La crisis que enfrenta la investigación sobre la desaparición de los estudiantes tuvo el martes una escalada ante la acción judicial que ejercieron los cuatro militares detenidos por el caso: el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
La presentación de la denuncia judicial en la Fiscalía General de la República fue anunciada en conferencia de prensa por los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, quienes indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad, que dirige Encinas, y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.
Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González fustigó a Encinas señalándolo de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.
“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones… y la reputación del Ejército”, sostuvo el abogado al leer un comunicado.
Al ser preguntado sobre quiénes podrían ser alcanzados por la acción judicial, González afirmó que todo dependerá de lo que decida la Fiscalía General de la República, que también está adelantando un proceso separado sobre el caso para determinar los responsables de las desapariciones.
La investigación sobre la desaparición de los estudiantes se vio estremecida la semana pasada luego que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad.
Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe de la comisión gubernamental presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que —según dicen— complica la verificación de las evidencias que han sido consideradas como clave para determinar los posibles responsables en el caso.
Encinas defendió el pasado fin de semana las acciones de la comisión y afirmó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que se ha desatado una “intensa campaña” para “desacreditar el trabajo y las investigaciones”.
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