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Aseguran el 2022 es el año más violento para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas

Siete organizaciones denunciaron y condenaron la violencia contra el periodismo

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Aseguran el 2022 es el año más violento para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas
Imagen de referencia. (FUENTE EXTERNA.)

Siete organizaciones que defienden las libertades de prensa y expresión, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenaron y denunciaron la violencia contra el periodismo y llamaron a los Estados a combatirla.

El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos.

Las organizaciones señalaron como preocupante el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas, los cuales acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales.

“Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas. Es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo”, dice el comunicado.

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la desinformación en línea, sobre todo por la que viene de autoridades que utilizan las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Advirtieron que “ejércitos de troles” son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descrédito contra los medios y periodistas.

“Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población. También nos preocupa que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos, como es el caso de los procesos electorales, no pocas veces esto significa obligar al periodismo a desmentir a las autoridades. Además, las operaciones para desinformar y estigmatizar minan la confianza en el periodismo”, agregaron.

Dijeron que los mecanismos de protección no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación.  “Los estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias. Paralelamente, debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión”.

Otra amenaza que advirtieron es la vigilancia y espionaje. El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.

Expresaron que un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio. Por ello, llamaron a los Estados, a fin de que adopten éstas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo.

El comunicado lo firma el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), IFEX-ALC, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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