La CIJ descarta reclamo de Nicaragua en su disputa marítima contra Colombia
En este largo litigio, Nicaragua buscaba ampliar su zona marítima cerca de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
RFI
Nicaragua y Colombia mantienen un conflicto silencioso, pero principalmente diplomático, desde hace más de un siglo. En la última década, estuvieron inmersos en una disputa territorial para determinar los límites marítimos.
En 2012, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega reclamaba derechos sobre el lecho y el subsuelo de una zona del Caribe, que se encuentra más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Esta extensión entraba en conflicto con la plataforma marítima colombiana que incluye las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Este jueves 13 de julio, 11 años después, la Corte falló a favor de Colombia.
“Desde 2012, Colombia ha mantenido una actitud desafiante. Nicaragua no tuvo más remedio que presentar dos nuevas demandas en abril de 2022. La Corte condenó a Colombia y ahora detiene las pretensiones de Nicaragua. Es un llamado del juez de la Corte Internacional de La Haya a ambos Estados para que se acerquen y gestionen de manera conjunta esos espacios marítimos que comparten”, opina Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional en la Universidad de Costa Rica.
Para Julián Bonilla Montenegro, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, las posibles negociaciones deberán abordar cómo se repartirán los recursos que se encuentran en esta área.
Un equilibrio algo complicado en este momento, debido a las tensiones actuales, agravadas incluso por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia.
“Si Colombia inicialmente se negó a acatar el fallo de 2012, ¿por qué Nicaragua debería aceptar el fallo de 2023? Esto implica la necesidad de que ambos Estados negocien para establecer cómo se puede garantizar una armonización de los espacios marítimos que corresponden tanto a Colombia como a Nicaragua”, dice a RFI.
“Debe tenerse en cuenta un factor fundamental: el establecimiento de líneas de demarcación equidistantes entre las zonas costeras - zonas costeras archipelágicas para Nicaragua y archipelágicas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina - para poder proyectar el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, de manera que ambos Estados puedan beneficiarse de manera equitativa. Debe articularse bajo un principio general de negociación, ya que la idea sería determinar qué elementos beneficiarían a cada una de las partes de manera equitativa”, detalla Bonilla Montenegro.
Nicaragua no reconoce los tratados firmados durante la primera mitad del siglo XX, como el de 1928 que establece las fronteras marítimas con Colombia. Considera que durante esos años, el gobierno estaba controlado por los Estados Unidos.
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