La contundente respuesta de Nayib Bukele al Comisionado de Derechos Humanos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió revisar reformas legales que contemplan penas más severas para menores de edad vinculados a delitos graves.

La reacción del mandatario se produjo luego de que la portavoz del organismo, Marta Hurtado, instara a las autoridades salvadoreñas a reconsiderar cambios que permiten la cadena perpetua para adolescentes desde los 12 años, al considerar que estas medidas contradicen estándares internacionales.

Bukele respondió a través de su cuenta en la red social X con un mensaje en el que cuestionó el enfoque del organismo internacional y defendió la política de seguridad de su gobierno.

"Así que no, muchas gracias. Llévense sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido", escribió el presidente. "Nosotros no vamos a volver al pasado".

En su publicación, el mandatario hizo un recuento histórico para sustentar su postura. Señaló que en 1994, tras el fin de la guerra civil que dejó 85,000 muertos, se aprobó una legislación que, según su criterio, reducía las sanciones para menores involucrados en delitos.

Afirmó que esa normativa coincidió con la deportación desde Estados Unidos de salvadoreños vinculados a pandillas, lo que, en su versión, facilitó el reclutamiento de menores y la expansión de estos grupos criminales.

"El resto de la historia ya todos la conocen", indicó Bukele, al referirse al aumento de la violencia en el país en las décadas posteriores. Sostuvo que las pandillas llegaron a controlar gran parte del territorio y provocaron cientos de miles de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Derechos de los menores

El pronunciamiento del presidente contrasta con la posición del Alto Comisionado, que advirtió que las nuevas disposiciones podrían afectar derechos fundamentales de los menores en conflicto con la ley.

Según el organismo, la aplicación de penas prolongadas a niños y adolescentes limita sus posibilidades de rehabilitación y reintegración social, y plantea que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible.

También señaló que las reformas implican que los casos de menores condenados a cadena perpetua serían revisados, por lo general, después de cumplir 25 años de detención.

Bukele, sin embargo, dejó claro que su gobierno no contempla revertir las medidas. Su respuesta se enmarca en la estrategia de seguridad que ha impulsado desde 2022, basada en un régimen de excepción y el endurecimiento de las penas contra estructuras criminales.

El intercambio refleja la tensión entre organismos internacionales de derechos humanos y el gobierno salvadoreño sobre el alcance de las políticas de seguridad y el tratamiento penal de menores en contextos de violencia.

Diario Libre

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