Fiscal de Guatemala sancionada por EE. UU. y la UE fracasa en intento de reelección
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fue excluida de la lista de candidatos para su reelección
AFP
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en sus aspiraciones para lograr un tercer mandato, informó la comisión que seleccionó a los seis candidatos.
La salida de Porras de la Fiscalía es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras, de 72 años, quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que el presidente Bernardo Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el próximo 17 de mayo.
- Un tercer mandato le hubiera permitido mantener inmunidad ante eventuales procesos legales en su contra.
"Remitimos a usted la nómina de candidatos propuestos", dijo la presidenta del gremio de abogados, Patricia Gámez, miembro de la comisión, al leer una carta dirigida al mandatario socialdemócrata.
Arévalo había descartado elegir a Porras por considerarla "peligrosa" para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Porras es fiscal general desde 2018, nombrada en dos periodos por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, a quienes a pesar de ser señalados de corrupción nunca investigó.
Reacciones internacionales y sanciones contra Porras
Durante su gestión, abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio, y trató de impedir hace dos años que Arévalo asumiera el poder.
Por ello, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, y el bloque europeo con una decena de países aliados, le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Entre los seis candidatos figuran cuatro que son rechazados por organizaciones sociales pues los señalan de actos ilícitos o de favorecer a corruptos.
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