Ecuador declara nuevo estado de excepción por aumento de la violencia
Desde el 1 de junio, Ecuador había finalizado un estado de excepción anterior, pero la situación de violencia ha llevado a Noboa a tomar nuevas medidas
AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el martes un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias de su país ante un incremento de la violencia de grupos narcos.
El 1 de junio terminó un estado de excepción de 60 días, en medio del cual el mandatario también decretó un toque de queda nocturno en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.
Desde que asumió en noviembre, Noboa ha recurrido con frecuencia a los estados de excepción para combatir a bandas que además se dedican a la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.
Zonas afectadas y cifras de homicidios
La medida, que se extenderá por 60 días, faculta al gobernante para desplegar a los militares en las calles, lo que ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.
- De acuerdo con el decreto emitido por Noboa en las provincias bajo estado de excepción ocurrieron 879 homicidios entre el 1 de mayo y el 12 de junio.
"La violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente", señala el documento.
Agrega que, según un informe de inteligencia, hay una "reconfiguración criminal" en las costeras provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como "panoramas de violencia de alto impacto" en la andina Azuay.
Las autoridades también alertan de un "incremento sostenido de violencia" en las costeras Santa Elena y Esmeraldas, nuevas modalidades criminales en la andina Pichincha (cuya capital es Quito) y la presencia en la amazónica Sucumbíos de "estructuras armadas de origen colombiano".
Las convulsas localidades de La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar) también fueron declaradas en estado de excepción.
Noboa además ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.
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