Argentina sigue los pasos de República Dominicana, pero endurece el cobro de salud a extranjeros
El país suramericano adopta ahora una fórmula que profundiza la separación entre residentes y no residentes. En lugar de limitar el cobro a los insumos utilizados, traslada al extranjero sin residencia permanente el costo de la atención no urgente, salvo que disponga de un seguro que cubra el servicio
Diario Libre
El Gobierno de Javier Milei adopta una política que República Dominicana comenzó a aplicar en 2025, aunque va más lejos: los extranjeros sin residencia permanente deberán pagar la atención no urgente o contar con un seguro médico.
Argentina comenzó a transitar este martes un camino que República Dominicana emprendió en abril de 2025: vincular la atención de extranjeros en hospitales públicos con su condición migratoria y establecer que asuman determinados costos sanitarios. El Gobierno de Javier Milei, sin embargo, lo hace con mayor dureza, al exigir a quienes no tengan residencia permanente un seguro médico o el pago previo de los servicios que no sean considerados emergencias.
La nueva normativa argentina fue oficializada por el Ministerio de Salud y reglamenta las modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, firmado por Milei en mayo del año pasado.
El principio establece una clara diferenciación. Los extranjeros con residencia permanente conservarán el acceso al sistema público "en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos", mientras los que carezcan de esa condición deberán demostrar que cuentan con cobertura privada o pagar por la prestación antes de recibir atención.
República Dominicana abrió el camino
La comparación con República Dominicana surge porque el Gobierno dominicano comenzó a aplicar el 21 de abril de 2025 un protocolo para pacientes extranjeros dentro de una política migratoria más amplia, motivada principalmente por la presión que representa la inmigración irregular haitiana sobre determinados servicios públicos.
- El modelo dominicano, no obstante, es menos restrictivo en el terreno sanitario. Los extranjeros deben asumir el costo de medicamentos, insumos y materiales gastables, pero el Estado mantiene gratuitos los honorarios médicos y garantiza la atención de emergencia, hospitalización y procedimientos médicos o quirúrgicos.
La política comenzó prioritariamente en 33 hospitales públicos con alta demanda de pacientes extranjeros en situación migratoria irregular. Agentes de la Dirección General de Migración fueron destinados a esos centros para verificar documentación y determinar las actuaciones correspondientes después de que el paciente reciba asistencia.
Argentina adopta ahora una fórmula que profundiza esa separación entre residentes y no residentes. En lugar de limitar el cobro a los insumos utilizados, traslada al extranjero sin residencia permanente el costo de la atención no urgente, salvo que disponga de un seguro que cubra el servicio.
Las emergencias quedan fuera
Existe, sin embargo, una línea roja común: una emergencia médica no puede ser rechazada por razones migratorias.
La reglamentación argentina establece que no podrá negarse ni restringirse la asistencia de emergencia, cualquiera que sea la situación migratoria del extranjero. Incluye infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas, intoxicaciones y sobredosis.
La protección alcanza también las emergencias obstétricas, entre ellas parto inminente, hemorragias, embarazo ectópico complicado, eclampsia y preeclampsia grave, además de situaciones pediátricas y neonatales.
Pero una vez superada la emergencia aparece nuevamente el componente económico: los tratamientos y prestaciones posteriores podrán ser facturados al paciente extranjero o a su aseguradora.
Milei lleva el modelo más lejos
Las políticas de ambos países responden a realidades migratorias diferentes. En República Dominicana, el debate está condicionado fundamentalmente por la inmigración haitiana y la demanda que representa para hospitales ubicados en zonas de alta concentración migratoria. En Argentina, la medida alcanza de manera general a extranjeros que no tengan residencia permanente.
- También existen diferencias en la extensión territorial. Antes de la decisión nacional argentina, provincias como Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza ya habían avanzado en el cobro de determinadas prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes.
El argumento económico utilizado por ambos gobiernos es parecido: los recursos públicos deben priorizarse y administrarse de manera sostenible. El ministro argentino de Salud, Mario Lugones, defendió la nueva disposición al señalar que "cuidar los recursos de los argentinos también significa administrarlos con responsabilidad y transparencia".
Argentina convierte así en política nacional una discusión que República Dominicana llevó a sus hospitales públicos más de un año atrás. Los dos gobiernos mantienen protegidas las emergencias, pero difieren en la factura final: República Dominicana cobra principalmente medicamentos e insumos; Argentina exige seguro o pago por la atención no urgente.
La diferencia marca el grado de dureza de las dos políticas. República Dominicana incorporó el costo sanitario a su estrategia de control migratorio; Argentina recoge ahora una fórmula similar, pero amplía considerablemente el alcance de lo que deberá pagar el extranjero que no tenga residencia permanente.
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