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Eutanasia
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De la solicitud a la muerte: así es el proceso legal de la eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo se ha convertido en uno de los más visibles sobre la aplicación de la eutanasia en ese país

El caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años, se ha convertido en uno de los más visibles sobre la aplicación de la eutanasia en España. Su historia combina un proceso médico prolongado, decisiones judiciales en distintas instancias y un debate público que ha escalado en los últimos meses.

Castillo quedó parapléjica tras un intento de suicidio ocurrido el 4 de octubre de 2022, posterior a una agresión sexual múltiple, según una cronología publicada por el diario español El País. Desde entonces, su condición fue descrita en los informes médicos como irreversible y asociada a un sufrimiento persistente.

La solicitud de Noelia

Dos años después, el 10 de abril de 2024, solicitó la eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano encargado de supervisar estos procesos. El 18 de julio de ese mismo año, la comisión aprobó la solicitud por unanimidad.

El procedimiento, sin embargo, no avanzó sin obstáculos.

El 1 de agosto de 2024, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona suspendió cautelarmente la eutanasia a petición del padre de la joven, quien alegó que su hija no estaba en condiciones de tomar esa decisión. La solicitud fue respaldada por la Asociación de Abogados Cristianos.

A partir de ese momento, el caso entró en una cadena de recursos judiciales.

El 4 de marzo de 2025, Noelia ratificó personalmente su voluntad ante el juzgado. Dos semanas después, el 17 de marzo, la jueza autorizó la eutanasia y concluyó que el padre no estaba legitimado para actuar en su nombre. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El 19 de septiembre de 2025, ese tribunal confirmó la autorización, aunque permitió al padre elevar el caso al Tribunal Supremo. Paralelamente, la organización presentó nuevas acciones legales contra miembros de la comisión evaluadora y autoridades sanitarias.

El 29 de enero de 2026, el Tribunal Supremo rechazó el recurso y avaló definitivamente la eutanasia. Contra esa decisión no cabía recurso.

El padre acudió entonces al Tribunal Constitucional. El 20 de febrero de 2026, esa instancia rechazó por unanimidad el recurso de amparo, lo que agotó las vías judiciales en España. Días antes, la comisión había reactivado el procedimiento.

El caso también llegó a instancias internacionales. El 10 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó las medidas cautelares solicitadas para frenar el proceso.

Finalmente, el 24 de marzo se difundieron fragmentos de una entrevista en la que la joven indicó que había acordado recibir la eutanasia el 26 de marzo.

Todo este recorrido se enmarca en la Ley Orgánica 3/2021, que regula la eutanasia en España y establece un procedimiento con plazos definidos.

Inicio del proceso

El proceso comienza con una solicitud del paciente, que debe formularse al menos dos veces con un intervalo mínimo de 15 días. Luego interviene el médico responsable, que dispone de hasta 2 días para confirmar la decisión tras la segunda solicitud y hasta 5 días para emitir su informe.

Posteriormente, un médico consultor independiente tiene un plazo máximo de 10 días para evaluar el caso. Si ambos criterios son favorables, el expediente pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación, que dispone de hasta 19 días para autorizar o rechazar el procedimiento.

En caso de negativa, el paciente puede recurrir, y la comisión debe resolver en un plazo cercano a 20 días.

Una vez autorizado, el procedimiento se ejecuta en la fecha acordada con el paciente, sin que la ley establezca un plazo fijo para su realización, pero sí la obligación de evitar demoras indebidas. Tras su aplicación, el caso se somete a una revisión posterior.

En el caso de Noelia Castillo, las distintas resoluciones judiciales han señalado que este procedimiento se completó conforme a la normativa vigente. Las decisiones más recientes no han revisado los requisitos médicos ni los plazos legales, sino la competencia de los tribunales que intentaron suspender la eutanasia.

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