Óscar Puente se niega a dimitir tras la tragedia ferroviaria que deja decenas de muertos en España
Los equipos forenses han identificado hasta el momento a 13 de las 74, según personas muertas, según Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) citada por EFE anoche, mientras que se han presentado 70 denuncias por desaparecidos
Diario Libre
El ministro español de Transportes, Óscar Puente, descartó este viernes presentar su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado al menos 74 fallecidos, mientras aumentan los cuestionamientos sobre la seguridad de la red de alta velocidad y salen a la luz denuncias de trabajadores ferroviarios sobre presuntas presiones para evitar retrasos, incluso en situaciones de incidencias técnicas.
Puente aseguró que abandonar el cargo sería "lo fácil", pero sostuvo que su responsabilidad consiste en esclarecer las circunstancias del siniestro, ofrecer explicaciones a las familias de las víctimas y determinar las posibles responsabilidades. También señaló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha pedido que renuncie.
La decisión del ministro se produce en medio de una creciente controversia política por la segunda gran tragedia ferroviaria registrada en España en apenas nueve meses, después del accidente de Adamuz, en Córdoba, ocurrido en enero de 2026.
El propio Sánchez reconoció este viernes que ambos siniestros han provocado una pérdida de confianza en el sistema ferroviario español y consideró "inasumible" que el país haya sufrido dos catástrofes de semejante magnitud en un mismo año.
"La confianza en la alta velocidad está quebrada", admitió el mandatario, quien prometió reforzar las medidas de seguridad y adoptar soluciones para evitar que se repitan tragedias de esta naturaleza, según informó Radio Televisión Española (RTVE).
Denuncias de presiones sobre los controladores
La controversia adquirió una nueva dimensión después de que el periódico español El Español publicara este viernes testimonios de trabajadores del Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif, el organismo responsable de gestionar la infraestructura ferroviaria.
Los empleados denunciaron presuntas presiones para reducir los retrasos y evitar que los trenes permanezcan detenidos durante las incidencias técnicas. Según el diario, esa situación se habría intensificado después de la tragedia de Adamuz, ante la preocupación por el deterioro de la imagen de la alta velocidad.
Los trabajadores también advirtieron sobre la escasez de personal, las dificultades para gestionar manualmente la circulación y las averías recurrentes en los sistemas de señalización.
Uno de los principales señalamientos apunta a la capacidad de la infraestructura para absorber el aumento de las operaciones ferroviarias tras la entrada de nuevas compañías privadas.
Las fuentes consultadas por El Español sostienen que las presiones proceden tanto de las operadoras como del entorno de la administración ferroviaria y responsabilizan políticamente al Ministerio de Transportes.
Estas denuncias, sin embargo, no constituyen una conclusión oficial sobre las causas del accidente ni demuestran que las presuntas presiones hayan provocado la colisión.
La investigación apunta al centro de control
El accidente ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre, cuando un tren de Renfe embistió por detrás a otro de la compañía Iryo que permanecía detenido en la línea Madrid-Andalucía, cerca del municipio de Urda, a unos 150 kilómetros al sur de la capital española.
Las primeras investigaciones apuntan a una posible cadena de fallos técnicos y operativos relacionada con la interrupción del sistema de seguridad LZB, utilizado para supervisar la circulación ferroviaria.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por El Español, una avería dejó sin funcionamiento ese sistema en un tramo de la línea y obligó a gestionar manualmente el tráfico.
Posteriormente, desde el centro de control de Atocha se autorizó al tren de Renfe a reanudar su marcha. El convoy terminó chocando contra el Iryo, que continuaba inmovilizado.
El diario El País informó que el operador de Adif que autorizó la circulación se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil. El trabajador fue citado en calidad de investigado, sin ser detenido, y las pruebas de alcohol y drogas que le practicaron resultaron negativas.
Puente ha señalado la posibilidad de un error operativo, pero también ha asegurado que no utilizará a ningún trabajador como escudo para eludir responsabilidades.
Las autoridades judiciales y los organismos técnicos deberán establecer si existieron incumplimientos de los protocolos, deficiencias de seguridad u otros factores que contribuyeron al accidente.
Setenta denuncias de desaparición
Mientras se desarrolla la investigación, las autoridades españolas continúan las labores de recuperación e identificación de las víctimas, una operación especialmente compleja por las condiciones en que quedaron los vagones.
- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que se habían recibido 70 denuncias de desaparición y que los equipos de rescate habían recuperado, además de cuerpos completos, 31 bolsas con restos humanos.
Las denuncias no representan necesariamente víctimas adicionales, puesto que algunas pueden corresponder a personas fallecidas que todavía no han sido identificadas.
Según la información difundida por El País este viernes, 13 de los 69 fallecidos habían sido identificados y las familias de ocho de ellos ya habían recibido la notificación correspondiente. Anoche, la agencia EFE indicó que la cifra había aumentado a 74, según datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Los familiares han acudido a las autoridades para aportar muestras de ADN y otros datos que permitan confirmar las identidades. Los trabajos forenses se concentran en Toledo, donde se realizan las autopsias y los procedimientos de reconocimiento.
Sánchez aseguró, durante una comparecencia recogida por la agencia AFP, que todos los organismos competentes trabajan de manera incansable para proporcionar información confirmada a los familiares.
Los equipos de emergencia también continuaban revisando los restos de los vagones con apoyo de grúas y perros especializados, mientras las autoridades mantenían la posibilidad de encontrar nuevas víctimas.
La oposición exige responsabilidades
La continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación política.
El Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, exigió su dimisión o destitución y reclamó responsabilidades políticas por la gestión del sistema ferroviario.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, afirmó que el ministro no debería continuar en el cargo hasta el martes, fecha prevista para su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
Puente, por su parte, defendió su permanencia y reiteró que su obligación es contribuir a esclarecer los hechos, no abandonar sus responsabilidades en medio de la emergencia.
El Gobierno ha mantenido su respaldo al ministro, aunque Sánchez evitó pronunciarse expresamente sobre su continuidad durante su comparecencia de este viernes en Toledo.
Dos tragedias en nueve meses
El accidente de Urda se produjo apenas nueve meses después del siniestro ferroviario de Adamuz, en Córdoba, una sucesión de acontecimientos que ha colocado la seguridad de la alta velocidad española bajo un intenso escrutinio.
Las investigaciones de ambos accidentes corresponden a procesos diferentes y todavía no se ha establecido que compartan una misma causa.
Sin embargo, las dos tragedias han abierto interrogantes sobre el mantenimiento de la infraestructura, los mecanismos de supervisión, la capacidad de respuesta ante averías y los protocolos aplicados cuando fallan los sistemas automáticos de protección.
La colisión de Urda también ha provocado la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, con consecuencias para miles de pasajeros.
Sánchez prometió adoptar medidas para reforzar la seguridad y recuperar la confianza ciudadana, mientras el Ministerio de Transportes deberá explicar ante el Congreso las circunstancias del siniestro y las actuaciones emprendidas.
La investigación técnica y judicial continúa abierta. Por el momento, no existe una conclusión definitiva que permita atribuir la tragedia exclusivamente a un error humano o establecer responsabilidades políticas, administrativas o penales.
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