Suiza ordena bloquear los posibles activos de Maduro en el país alpino
La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor "con efecto inmediato" y es válida por un período de cuatro años
AFP
El gobierno suizo ordenó este lunes bloquear "con efecto inmediato" los posibles activos en el país del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de "impedir cualquier fuga de capitales".
"Otras personas vinculadas a él" también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el gobierno en un comunicado.
"Ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está corcernido", precisó.
"En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana", especifica el gobierno.
La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor "con efecto inmediato" y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.
Con esta decisión, el gobierno dice que quiere "asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual".
Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.
"Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora", afirma el gobierno.
Después de meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, Estados Unidos exfiltró el sábado a Nicolás Maduro, de 63 años, y a su esposa Cilia Flores, de 69 años, ambos acusados de "narcoterrorismo" en Nueva York.
¿Intervención legal?
Muchos países cuestionan la legalidad de la intervención estadounidense, presentada por Washington como una "operación policial".
En determinadas circunstancias, Suiza puede tomar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en el país alpino.
Con el bloqueo de los activos, Suiza permite a las autoridades judiciales de los Estados afectados pedir asistencia judicial para sus investigaciones penales.
Pero son las autoridades judiciales del Estado en cuestión quienes deben iniciar los trámites penales necesarios y probar el origen ilícito de los fondos.
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