Haití, entre nervios y optimismo con la nueva política migratoria de EE.UU.

PUERTO PRÍNCIPE. La sociedad haitiana está recibiendo con nerviosismo las consecuencias del fin del estatus migratorio especial otorgado por Washington a casi 59.000 ciudadanos de ese país, aunque algunos aceptan este cambio de política con alivio y lo ven como una “oportunidad” para Haití.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció el lunes la derogación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos llegados ilegalmente al país después del devastador terremoto de 2010, abriendo el camino para su expulsión a partir de julio de 2019.

Recordando el “panorama abrumador” de las aproximadamente 200.000 personas ya devueltas a Haití desde República Dominicana tras un cambio de política migratoria en 2013, “sin acogida, sin apoyo público y sin una verdadera política de reinserción, Haití no puede absorber a más personas del exterior”, se inquieta Geralda Sainville, del grupo de apoyo para repatriados y refugiados.

Evitar que las tragedias familiares se multipliquen es uno de los primeros argumentos de quienes piden la regularización de los actuales beneficiarios del TSP ya que, según el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, 27.000 niños estadounidenses tienen al menos un padre que goza del estatus especial.

Pensado para ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados o desastres ambientales, el TPS se extendió a ciudadanos haitianos luego del terremoto que dejó más de 200.000 muertos.

“Satisfacción”

Todavía profundamente afectada por el terremoto de 2010, Haití enfrenta condiciones sociales extremas: 70% de su población está amenazada por la inseguridad alimentaria y los daños causados por el huracán Matthew en octubre pasado en áreas agrícolas refuerzan ese problema.

La decisión de la administración Trump suscitó indignación en muchos legisladores cuyos distritos electorales acogen a una gran comunidad haitiana.

No obstante, la moratoria antes del final del TSP para haitianos ofrece motivos de alivio, especialmente entre los políticos.

“Es una satisfacción para nuestros ciudadanos que viven en Estados Unidos porque hay países como Honduras o Nicaragua que no pudieron obtener esta moratoria. Nuestros ciudadanos tienen 18 meses para actualizar su estado”, dijo el martes a la AFP Tamara Orion, portavoz de la presidencia haitiana.

“Estos 18 meses son una oportunidad para continuar la movilización con nuestros aliados, especialmente en el Congreso”, aseguró el martes Paul Altidor, embajador de Haití en Estados Unidos, a una radio de Puerto Príncipe.

“Sabíamos que este programa era temporal: la solución permanente requiere un cambio en la ley estadounidense”, agregó el diplomático, instando a las familias afectadas a contactar a abogados especializados en migración.

Reinserción

Tres miembros del Congreso estadounidense están redactando una ley para permitir que los beneficiarios del TSP soliciten la residencia permanente en el país.

En tanto, algunos ven el regreso de estos ciudadanos como una oportunidad para la economía haitiana.

“El 57% de estas personas tiene educación universitaria, han adquirido habilidades profesionales porque el 81% tiene un trabajo remunerado. Hay que ver cómo su reinserción en la economía haitiana podría ser beneficiosa para el país”, opinó el economista haitiano Camille Chalmers.

“Tenemos que pensar en el desarrollo a partir de las capacidades internas de producción en lugar de esperar transferencias de dinero que, al final, representan solo una ínfima parte de la riqueza creada en el extranjero por nuestros ciudadanos”, señaló.

Proporcionar una calidad de vida y empleo atractivos para estas familias, algunas de las cuales han vivido durante más de una década en Estados Unidos, es el desafío que enfrentan las autoridades haitianas. En 18 meses, la tarea es inmensa.

En el ránking de competitividad de septiembre del Foro Económico Mundial, Haití ocupó el lugar 128 entre 137 economías analizadas. El difícil acceso al crédito, la inestabilidad política y la falta de infraestructura son los principales obstáculos para la inversión privada y la creación de empleo en el país.

por Amelie BARON

AFP