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Subsecretario de Estado de EE. UU.: Haití no atraerá grandes inversiones mientras las bandas mantengan el control

La crisis de seguridad en Haití ha dejado más de 1,100 muertos en tres meses y afecta el comercio

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Subsecretario de Estado de EE. UU.: Haití no atraerá grandes inversiones mientras las bandas mantengan el control
La violencia de bandas en Haití retrasa elecciones y afecta la inversión económica. (AGENCIAS.)

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió que Haití necesita recuperar niveles mínimos de seguridad antes de poder atraer grandes inversiones privadas, en momentos en que la violencia de las bandas armadas afecta la actividad económica y obligó a posponer nuevamente las elecciones presidenciales y legislativas del país.

Durante un intercambio sobre las oportunidades de inversión en el Caribe, el funcionario estadounidense reconoció que resulta poco realista esperar grandes inversiones en territorio haitiano mientras persistan las condiciones actuales de inseguridad.

"Creo que Haití es un ejemplo muy importante en el que hay que tener un nivel mínimo de seguridad para cualquiera que invierte", afirmó Landau, quien expresó su esperanza de que las autoridades consigan controlar la actividad de las bandas criminales.

El diplomático sostuvo que la recuperación económica y la seguridad son procesos que deben avanzar conjuntamente, porque la inversión puede contribuir a crear empleos y oportunidades que, a su vez, favorezcan la estabilidad.

"Cuando la situación de seguridad mejora, la situación económica debe mejorar, y luego se convierte en un ciclo virtuoso, en lugar de negativo", explicó.

Landau también reconoció la complejidad del problema haitiano y evitó presentar una solución inmediata.

El subsecretario señaló que no dispone de una fórmula para resolver la crisis y consideró necesario escuchar directamente a los representantes del sector privado haitiano para identificar oportunidades reales de inversión.

Sus declaraciones se producen cuando Estados Unidos participa en los esfuerzos internacionales para enfrentar a las pandillas, mientras el Gobierno haitiano intenta recuperar territorios ocupados por organizaciones criminales.

La crisis ha tenido consecuencias directas sobre el comercio, la producción, el transporte y la capacidad de las empresas para operar dentro del país.

Una economía con ocho años de contracción

Los planteamientos de Landau encuentran respaldo en los indicadores económicos más recientes del Banco Mundial.

Según las estimaciones del organismo, la economía haitiana se contrajo un 1.5 % en 2026, completando ocho años consecutivos de caída del producto interno bruto.

La contracción ocurre en un contexto de inseguridad persistente, interrupciones del transporte, dificultades para el comercio y debilitamiento de las actividades agrícolas, industriales y de servicios.

La inflación se mantiene elevada, con una tasa estimada del 21.5 % en 2026, mientras aproximadamente la mitad de la población vive con menos de tres dólares diarios, conforme a la línea internacional de pobreza utilizada por el Banco Mundial.

El organismo también estima que alrededor de 1.5 millones de personas permanecen desplazadas de sus hogares por la violencia.

La crisis afecta particularmente la circulación de mercancías entre las regiones productivas y los principales mercados urbanos.

Las bandas han ocupado carreteras estratégicas, establecido puntos de cobro ilegales y dificultado el transporte hacia Puerto Príncipe.

En su informe de septiembre, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Haití advirtió que, pese a los avances de las operaciones policiales en algunos sectores de la capital, las principales rutas de salida continuaban bajo influencia de grupos criminales.

Esta situación impide garantizar condiciones estables para actividades como la distribución de alimentos, el funcionamiento de fábricas y el traslado de trabajadores.

Más de 1,100 muertos en tres meses

La dimensión del problema de seguridad quedó reflejada en el informe publicado el miércoles 11 de noviembre por la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh).

Entre julio y septiembre de 2026, al menos 1,167 personas murieron y otras 459 resultaron heridas en incidentes relacionados con la violencia de las bandas, grupos de autodefensa y operaciones de las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones criminales fueron responsables de más del 45 % de las víctimas mortales y heridos documentados durante ese período.

El informe también registró 137 secuestros, frente a los 81 reportados entre abril y junio, y 344 víctimas de violencia sexual perpetrada por integrantes de las pandillas.

Los enfrentamientos se extendieron a comunidades que anteriormente habían permanecido relativamente alejadas de la violencia, especialmente en los departamentos de Artibonito y Sudeste.

La ONU advirtió que las bandas mantienen capacidad para recuperar posiciones perdidas durante las operaciones policiales y ejercer represalias contra los residentes que se niegan a colaborar con ellas.

Además, más de la mitad de los muertos y heridos registrados durante el trimestre resultaron afectados en operaciones de seguridad terrestres o aéreas, algunas desarrolladas con apoyo de una empresa militar privada.

La ofensiva con apoyo de El Salvador

Las declaraciones del funcionario estadounidense coinciden con una intensificación de las operaciones contra los grupos armados, especialmente después del despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños ordenado por el presidente Nayib Bukele.

La intervención comenzó a ampliarse después de la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños durante una emboscada ocurrida el 18 de octubre.

Desde entonces, las fuerzas haitianas y salvadoreñas han realizado operaciones en distintos sectores de Puerto Príncipe y sus alrededores.

El 7 de noviembre, las autoridades haitianas confirmaron la muerte de Mathias Sainthil, identificado como dirigente de una banda que operaba en Cité Soleil, después de un ataque con drones.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad atacaron instalaciones vinculadas a 400 Mawozo, organización que controla sectores de Croix-des-Bouquets.

Este jueves 12 de noviembre, la Policía Nacional de Haití anunció la recuperación del estadio Sylvio Cator, principal instalación deportiva del país, que había permanecido bajo control de grupos criminales durante aproximadamente dos años.

La seguridad del recinto quedó a cargo de militares salvadoreños.

Sin embargo, la ampliación de las operaciones también ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación y supervisión.

Naciones Unidas ha aclarado que la mayoría de los nuevos militares salvadoreños no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad.

Esta circunstancia ha provocado solicitudes de mayor transparencia sobre sus reglas de actuación, responsabilidades y mecanismos de protección de la población civil.

La seguridad también condiciona las elecciones

La violencia no solamente ha paralizado actividades económicas. También ha impedido avanzar hacia la normalización institucional.

El Consejo Electoral Provisional de Haití anunció el pasado 6 de octubre el aplazamiento del calendario electoral que contemplaba una primera vuelta presidencial y legislativa el 13 de diciembre de 2026.

Las autoridades no establecieron entonces una nueva fecha para las votaciones.

Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016 y permanece sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.

El Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé tiene entre sus principales objetivos recuperar la seguridad y crear condiciones para celebrar los comicios.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó el 29 de septiembre el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas hasta el 31 de marzo de 2027.

La misión busca apoyar a las autoridades haitianas para recuperar el control territorial y garantizar la protección de la población.

El impacto sobre República Dominicana

La crisis de seguridad haitiana también afecta las relaciones comerciales con República Dominicana.

En octubre, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, denunció que comerciantes que trasladan mercancías hacia Haití enfrentan exigencias de pagos ilegales por parte de bandas armadas.

Según explicó, estos grupos cobran peajes en determinadas rutas comerciales y pueden impedir el tránsito de cargamentos cuando no reciben el dinero exigido.

García mencionó pagos que han alcanzado hasta 5,000 dólares semanales, aunque esa cifra corresponde a su denuncia y no a una cuantificación oficial de las autoridades.

Los problemas de transporte han obligado a modificar rutas de distribución, particularmente aquellas utilizadas para abastecer Puerto Príncipe desde la frontera de Jimaní.

El Gobierno dominicano también participa en los esfuerzos de seguridad mediante cooperación logística y de inteligencia con El Salvador, según confirmó el presidente Luis Abinader.

El mandatario ha reiterado que la estabilización de Haití es una responsabilidad internacional y que República Dominicana debe mantener la protección de su frontera.

Las declaraciones de Landau se producen, además, cuando el propio Gobierno haitiano ha solicitado que la cooperación internacional avance desde la asistencia humanitaria hacia inversiones productivas capaces de generar empleos.

En septiembre, Fils-Aimé defendió ante representantes internacionales la necesidad de promover inversiones que permitan reducir la dependencia económica y fortalecer la capacidad productiva nacional.

La posición estadounidense coloca la recuperación de la seguridad como una condición indispensable para ese objetivo.

Por ahora, los avances militares todavía no han conseguido garantizar la libre circulación en todas las rutas estratégicas ni restablecer condiciones de seguridad suficientes para una recuperación económica sostenida.

Landau considera que el país necesita romper la relación entre violencia y deterioro económico, pero reconoció que el proceso será complejo y deberá contar con la participación de los propios haitianos.

El subsecretario manifestó su disposición a continuar el diálogo con empresarios y representantes regionales para identificar oportunidades de inversión que puedan desarrollarse cuando mejoren las condiciones de seguridad.

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