La fiscalía pide hasta 25 años de cárcel para líderes separatistas catalanes

MADRID. La fiscalía española solicitó este viernes penas de hasta 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes que deben ser juzgados por el intento de secesión, confirmando su acusación por rebelión que fue descartada en cambio por parte del gobierno.

El juicio debe empezar a principios de 2019, más de un año después de que los líderes catalanes intentaran separarse de España, en octubre de 2017, organizando un referéndum ilegal de autodeterminación y proclamando infructuosamente una república independiente.

En él no estará Carles Puigdemont, el entonces presidente del gobierno regional, que se encuentra exiliado en Bélgica y quedó fuera de la causa porque la justicia española no juzga en ausencia.

En sus conclusiones preliminares, la fiscalía general solicita entre siete y 25 años de cárcel para doce dirigentes independentistas acusados de rebelión, malversación o desobediencia grave.

Según este escrito, el gobierno y el Parlamento regionales, en colaboración con las asociaciones independentistas, desplegaron un “plan orquestado” para “declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio”.

Al frente de esta rebelión, la fiscalía ubica al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado hace justo un año, para quien reclama 25 años de cárcel.

También otorga un papel dirigente a la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes reclama 17 años.

Asimismo, solicita 16 años para cinco ex consejeros del gobierno actualmente encarcelados por rebelión, 7 años para otros tres acusados únicamente por malversación, y multas para seis parlamentarios acusados de desobediencia.

En un acto frente a la prisión catalana donde se encuentra Junqueras, el presidente regional, Quim Torra, anunció que el independentismo no dará su apoyo a los presupuestos estatales del gobierno de Pedro Sánchez, minoritario en el Parlamento español.

“Le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos” de 2019, lanzó Torra. La decisión sobre ese apoyo no corresponde sin embargo al gobierno de Barcelona, sino a los partidos catalanes con representación en Madrid, cuya estrategia no siempre ha coincidido con la de Torra.

Su antecesor, Carles Puigdemont, acusó al Estado español de buscar “venganza” contra el independentismo y lanzó un llamado a Europa para que no sea “cómplice, con su silencio, de este abuso”.

Discrepancia sobre la violencia

Después de organizar un referéndum de autodeterminación prohibido el 1 de octubre de 2017, los separatistas catalanes proclamaron el 27 de ese mes una efímera república independiente.

El gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, abortó la secesión destituyendo en cuestión de horas al gobierno de Puigdemont, disolviendo el Parlamento y tomando el control de esta región de 7,5 millones de habitantes.

Días después, con Puigdemont y parte de su gobierno instalados en Bélgica, la justicia encarceló preventivamente a varios dirigentes acusados por rebelión.

Según la fiscalía, “el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”.

Así, evoca la “fuerza intimidatoria” que representaron las grandes manifestaciones independentistas de los últimos años o el control directo sobre los 17.000 agentes del cuerpo regional de policía, para cuyos dirigentes reclama entre cuatro y once años de cárcel en una causa separada.

Pero el uso de violencia, que justifica el delito de rebelión definido en el código penal como un alzamiento “público y violento”, es rechazado por los independentistas y discutido por destacados juristas españoles.

“Se inventan un relato inexistente. No hay armas ni explosivos, a no ser que consideren las urnas como armas de destrucción masiva”, dijo a la televisión catalana TV3 Francesc Homs, expolítico independentista y coordinador de las defensas.

La Abogacía del Estado, que representa al gobierno español, sustituyó el cargo de rebelión por el de sedición, que no implica violencia, y solicitó penas sensiblemente inferiores para los procesados, de siete a 12 años.

La maniobra no convenció a los separatistas --Torra llamó a Sánchez “cómplice de la represión”-- e indignó a la oposición conservadora, cuyo líder Pablo Casado acusó al presidente de ser “rehén” de los independentistas, de quienes depende su estabilidad parlamentaria.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, argumentó que existe “un debate jurídico (...) incluso un debate social sobre qué ocurrió en Cataluña” el pasado otoño y aseguró que su posición no es un “gesto político” sino que obedece a criterios jurídicos.

por Marianne BARRIAUX, con Daniel BOSQUE en Barcelona

AFP