Abel Martínez y Silvio Durán logran acuerdo por intervención del Gobierno

SANTIAGO. El enfrentamiento que por más de un año mantuvieron el alcalde de este municipio Abel Martínez y Silvio Durán, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de aquí (CORAASAN), llegó a su final con la suscripción de un acuerdo.

En el mismo ambos funcionarios establecieron los parámetros que regularían sus relaciones interinstitucionales en lo relacionado a la gestión de cobro de la tarifa por concepto de servicios de recolección de desechos sólidos, la transferencia e incorporación de inmuebles al patrimonio de la CORAASAN y el mecanismo de intercambio de los servicios básicos que cada uno se presta.

Otro de los puntos trascendentales del acuerdo es el desistimiento de las acciones judiciales penales o civiles que ante cualquier jurisdicción ambas instituciones han interpuesto.

El acuerdo, mediado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, por instrucciones del presidente Danilo Medina, fue firmado en el Palacio Nacional.

Origen del conflicto

El enfrentamiento entre Martínez y Durán tiene su origen en una demanda que CORAASAN presentó contra el Ayuntamiento en la justicia reclamando el pago de 185 millones de pesos.

Esa demanda fue presentada por los abogados de CORAASAN contra el cabildo luego que Abel Martínez depositara una querella por alegado desfalco en su contra en la Procuraduría de Lucha contra la Corrupción Administrativa.

El 16 de julio del 2017, el abogado Jorge Luis Polanco, en representación de CORAASAN, presentó la demanda contra el Ayuntamiento, reclamando el pago de los 185 millones de pesos como deuda por servicios de agua potable y alcantarillado desde el 1999 hasta la fecha. No obstante, el Ayuntamiento de Santiago alegaba que CORAASAN le debía alrededor de 100 millones de pesos. El pasado 15 de diciembre del 2017, la cuenta del Ayuntamiento en CORAASAN recibió un embargo retentivo u oposición de pago por un monto de 84 millones de pesos, luego que un empresario reclamara el pago de trabajos realizados y no pagados a la administración municipal. Ese embargo se hizo a través de la Suprema Corte de Justicia, basado en una sentencia donde se ordenaba a Ayuntamiento de Santiago hacer un pago de 12 millones 814 mil 769 pesos a favor del contratista Rafael Conrado Santos, lo cual no fue acatado.

Edward Fernández