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| 13 MAR 2018, 12:00 AM
Damnificados

Clientelismo político perjudica a damnificados en Azua con entrega de casas

Las 102 casas construidas en Azua no fueron distribuidas únicamente a afectados por fenómenos naturales

20180313 https://www.diariolibre.com

AZUA. El clientelismo político y el irrespeto o desacato a las decisiones judiciales en el país, se evidencia en la entrega de viviendas hecha por los funcionarios del Estado a sus allegados políticos y familiares, por encima de las necesidades y vicisitudes de los residentes en las orillas de los arroyos del municipio Azua para quienes en principio se construyó el proyecto habitacional Los Toros I y II, en la referida demarcación.

La crecida de los afluentes en 2012 por el paso del huracán Sandy y la tormenta Isaac en el país llevaron consigo las viviendas y ajuares de los residentes en sectores La Curvita Vichy, el Hoyito de la Cuchilla, Framboyán, Alto las Flores, entre otros. Por esa razón se decidió construir con recursos aportados por la Hidroeléctrica de Los Toros, 102 viviendas para los damnificados.

Pero ¡oh sorpresa! para quienes aún viven en y próximo a los arroyos. Las casas que se les entregarían, basado en el levantamiento hecho por las autoridades luego del paso de los fenómenos naturales, solo fueron entregadas a unos pocos en tanto que otras fueron repartidas a familiares de los altos dirigentes y funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana así como a empleados del Ayuntamiento según denunciaron los afectados.

Ante esa situación, los damnificados sometieron un recurso de amparo ante la Cámara Civil y Comercial de Azua, el cual fue acogido parcialmente por el juez Rafael Wilson Abreu De Jesús, quien antes de que el presidente de la República los entregara en julio del 2016, ordenó al Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros la suspensión hasta tanto se compruebe que los beneficiarios son los realmente los afectados.

Las autoridades hicieron caso omiso al fallo que posteriormente llegó al Tribunal Constitucional y fue declarado inadmisible.

Al juez Abreu De Jesús lo pensionaron luego de emitir esa sentencia, 1 octubre 2016. Según informaciones manejadas por el exmagistrado y personas de su entorno, la desvinculación se hizo porque el fallo “molestó” a las autoridades.

En un recorrido hecho por reporteros de Diario Libre, se pudo constatar que varias familias censadas por la Cruz Roja Dominicana en la región, aún permanecen en las zonas altamente vulnerables mientras que en Los Toros II, vive Diana Lara, actual presidenta de la Junta de Vecinos y encargada de recepción del Ayuntamiento.

Lara confesó que no es damnificada y que vivía alquilada en el centro de la ciudad y que como ella hay otras personas no afectadas por las tormentas tropicales pero que “no tenían casas”. Diario Libre pudo constatar a prima fase, con el apoyo de residentes en el proyecto habitacional, que siete familias no eran damnificadas.

“Eso no es un secreto a voces, porque si los políticos tienen funciones y por ejemplo a un político le dan tres casas, yo entiendo que él puede entregársela a quien él entienda que la necesite”

En la lista de beneficiarios del proyecto, depositado en la Cámara Civil, figura una persona a la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los afectados por Sandy e Isaac señalan como hermana del alcalde Rafael Antonio Hidalgo Fernández.

La presunta hermana del edil junto a dos personas que participaron en el levantamiento de información de afectados por fenómenos naturales, vive en Los Toros I.

La lista del levantamiento hecho por las autoridades tras los desastres naturales, no se suministró a la Comisión de Derechos Humanos como se solicitó sino la de los beneficiarios del proyecto.

“Eso no es un secreto a voces, porque si los políticos tienen funciones y por ejemplo a un político le dan tres casas, yo entiendo que él puede entregársela a quien él entienda que la necesite y no tenga casa y en todos los proyectos, todos los políticos, llámese gobernador, llamase diputado, senador sindico, siempre tienen, le dan su participación”, expresó Diana Lara.

“Yo fui beneficiaria de una casa de estas, tenía cinco años o más pagando casa. Vivía en la San Tomé 99, casa que era de un sobrino de mi abuela, ahí pagaba legalmente cinco mil pesos mensuales, trabajo en el Ayuntamiento municipal, ganaba RD$5,200”, argumentó.

Dijo además que el presidente Danilo Medina ordenó la entrega de casas a otras personas no damnificadas que se las solicitaron mediante cartas. Citó tres casos como ejemplo.

Ruddy Rodríguez Rodríguez, quien vivía en la orilla del río Vía, contrario a la empleada del Ayuntamiento, no fue beneficiario de una vivienda a pesar de que a finales de octubre del 2012 mientras dormían, él y su pareja Altagracia Beltré Sánchez, las corrientes de agua llevaron consigo la mitad de su casa. Milagrosamente salvaron sus vidas.

Mientras dos de los damnificados conversaban con Diario libre, la presidenta de la Junta de Vecinos permaneció muy atenta a lo que decía e interrumpió la conversación y esto provocó una discusión entre ellos.

“Nosotros no nos oponemos a que si a ellos le dieron, nosotros lo que nos oponemos, por lo que nos sentimos mal y por lo que nos oponemos es que a nosotros lo que tenemos verdadera necesidad, no nos dieron a ninguno porque si por lo menos le dan a la mayoría de las familias censadas, yo me regocijara”, comentó Miguel Ángel Vásquez, quien vive en la orilla del arroyo Vichy.

“A nosotros no nos apuntaron cuando eso (el censo), y cuando Sandy se metió mucha agua y mucho lodo para acá. Nosotros estamos en la calle”, dijo Bienvenida Ramírez quien tiene discapacidad en una mano y un pie, y vive debajo de una montaña cerca de la cañada de Vichy con su esposo Rafael Jiménez, de avanzada edad y también tiene dificultades para movilizarse, y su José Luis Jiménez.

CNDH e iglesia católica

“A la mayoría de las gentes damnificadas, a ellas no les dieron casas, las casas se las repartieron aquí, los políticos de acá; el senador, Rafael Calderon, el diputado, Luis Vargas, que era gobernador en ese momento, Julio Brito”, dijo Joselín Melo, de Derechos Humanos y quien interpuso el amparo en los tribunales.

Melo, al igual que los damnificados, dijo no oponerse a que les entregaran casas a personas que no tenían pero explicó que si el proyecto fue para los afectados por el huracan y la tormenta, a ellos es a quienes debían entregárselas.

La denuncia no solo la hacen Derechos Humano y los afectados, sino también el sacerdote de Azua, Pedro Mateo.

“Si tú te vas y haces un censo, te darás cuenta que ahí, le dieron casas a muchísima gente que no tenían nada que ver con eso ahí”, describió Mateo.

Los afectados se sienten indignados tanto con las autoridades como con el sacerdote Duvan López a quien formaba parte de la comisión para la distribución de las viviendas.

Damnificado con vivienda

“No le sabemos decir, nosotros nada más queríamos que nos entregaran a nosotros porque nosotros somos damnificados, ¿me entiendes? Después de ahí para allá nosotros no sabemos de eso” dijo el colmadero Ramón Alexis al preguntarle si tienen conocimiento de que a todos los afectados en su sector les entregaron viviendas.

Al colmadero, el huracán Sandy le destruyó por completo su vivienda ubicada en el sector la Curvita de Vichy donde a la fecha permanecen varias familias.

Reacción INDRHI

Fernando Marte, encargado de prensa del INDRHI, dijo que están estudiando sentencia para referirse al respecto y que el Olgo Fernández no hablará hasta tanto reciba las directrices de los abogados.

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    Rafael Jiménez no puede valerse por sí mismo, vive con su esposa que tiene discapacidad en una mano y un pie
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    En la orilla del río Vía permanen viviendo varias familias.
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    En las riveras del arroyo Vichy niños y adultos deben ser evacuados con frecuencia
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    El hermano de Claudio Ramírez fue uno de los damnificados beneficiados con casa
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    Diana Lora, presidenta Junta de Vecinos Los Toros II. Ella no era damnificada
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    Joselín Melo, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos filial Azua.
  • Clientelismo político perjudica a damnificados en Azua con entrega de casas
    Proyecto habitacional Los Toros.
Juez pensionado
Juez pensionado

El exmagistrado Wilson Abreu dijo que se ampararon en que de acuerdo con el reglamento y la Ley de Carrera Judicial, él había cumplido los parámetros para pensionarlo ya que había sobrepasado la edad límite para estar como juez de primera instancia pero destacó que pudo haber sido ascendido a corte de apelación ya que por su edad podía seguir impartiendo justicia, puesto que la ley establece que hasta los 70 años se puede administrar justicia en la corte de apelación. Él tienen 68 años de edad y 24 en la judicatura.

“Lo que se dice es que molestó una decisión que yo di de amparo respecto a una casas que se estaban construyendo para damnificados de los fenómenos Sandy e Isaac”, refirió el exfuncionario público.

“No entiendo porque si los jueces son soberanos en sus decisiones porque proceder de esa naturaleza si lo único que tú tienes que hacer es recurrir la decisión del juez, ¡hay instancias para eso!”, argumentó.

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