FINJUS hace balance institucional del 2017; señala los desafíos para 2018
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) publicó un balance institucional del año 2017, en donde resalta la distancia que existe entre las propuestas, metas, planes y estrategias nacionales, y los resultados inmediatos que se obtienen en el camino de lograr la institucionalización que demanda el desarrollo nacional y la convivencia pacífica y armoniosa entre todos los sectores.
El informe también señala los avances alcanzados en áreas estratégicas ligadas con la seguridad ciudadana o algunos servicios fundamentales, como es el caso de la educación.
El organismo deploró que los factores principales que contribuyen a la percepción negativa de la calidad de la democracia y de la seguridad jurídica no hayan registrado mejorías sustanciales durante el año que está por finalizar.
FINJUS hizo referencia a la pobre calificación del país en temas vitales como la competitividad en el mercado internacional; los bajos índices de salud y la grave situación en que se encuentran muchos centros o la mala calidad de la relación entre los actores de ese sistema; las fallas agudas de los sistemas de control y consecuencias en compras públicas y los mecanismos de licitaciones y contrataciones; el incremento de la presencia del crimen internacional organizado; la efectiva coordinación de los órganos de la Administración Central, lo que da lugar a duplicidades y gastos superfluos; la falta de transparencia y de responsabilidad fiscal y presupuestaria y el aumento de la percepción de impunidad que arropa el sistema de justicia, especialmente en el área penal.
La institución valoró como positivo el programa de gobierno adecuado a los nuevos tiempos, denominado “República Digital”, el cual tiene como enfoque la utilización de las TICS en materia educativa. También destacó el proceso impulsado por el Ministerio de Educación para realizar la evaluación del desempeño e inspectoría de su cuerpo docente administrativo.
“Con relación a la Seguridad Ciudadana, consideró que “ha sido muy positivo el conjunto de medidas que se avanzan para la implementación gradual del Plan Estratégico de la Policía Nacional, así como la adecuación de todas sus estructuras internas a lo establecido en su Ley Orgánica. Deben aplaudirse las acciones que se han realizado para mejorar las condiciones salariales y laborales de todos los agentes policiales, la adecuación de su presupuesto y los procesos que deben llevar a la creación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas e integridad en el cuerpo policial. Apoyamos todas las iniciativas conducentes a castigar a los agentes que se desvían de su compromiso el combate del crimen, y que la sociedad percibe como alarmante la participación de malos policías en delitos y crímenes”, resalta el informe firmado por el vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.
El documento señala como positiva la iniciativa implementada por el Ministerio Público que busca crear programas e iniciativas para prevenir y combatir la ola de violencia de género e intrafamiliar que arropa al país. También indica que la decisión del Gobierno central de extender la cobertura del sistema de emergencia 9-1-1 a la zona norte del país, a partir de las oficinas centrales que funcionan en la ciudad de Santiago de los Caballeros es una medida que ha favorecido a esa población de manera significativa.
Grandes desafíos para el 2018
La democratización del Poder Judicial, a fin de fortalecer la independencia interna y externa de sus miembros; de igual forma, lograr la consecución de la autonomía presupuestaria de este poder, mediante la asignación íntegra de la partida que le corresponde por ley para asegurar cuestiones como la tecnificación de los actores que interactúan en el sistema de justicia.
El logro de una mayor coordinación interinstitucional entre los distintos órganos del sistema de justicia (Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa Pública, Poder Judicial) para el fortalecimiento de cada uno de ellos y del propio sistema en sí.
El reforzamiento de la fiscalización de los fondos públicos, como forma de evitar caer en los agudos déficits presupuestarios, endeudamientos externos y déficits fiscales de años anteriores.
El combate del entorno amigable y permisivo dentro de los organismos oficiales, así como erradicar las estructuras de poder que ha desarrollado el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, en nuestro país. El Estado debe encaminarse a desarticular todas las redes de apoyo que se han creado al interior de los organismos estatales, que dan soporte, pasan informaciones o simplemente descuidan sus responsabilidades, para facilitar la entronización del crimen organizado
La definición, con mayor precisión y claridad, de la política nacional de seguridad ciudadana, para que comprenda nuevos programas, proyectos, recursos adecuados y mecanismos rectores y operativos para su ejecución, dando prioridad a la coordinación institucional que se requiere. Aún persisten áreas oscuras tanto en la persecución como en la prevención de la violencia y el crimen.
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