|Tania Molina|
| 04 ABR 2006, 12:00 AM

Historia DL. - Nuestras playas son "Propiedad Privada"

En por lo menos un 70 % de las playas, los dominicanos no pueden pasar, si no pagan un hotel.

20060404 http://www.diariolibre.com
Las boyas y este agente, impiden el aceso por mar o tierra, hasta la playa de Casa del Mar.
Santo Domingo. Manuel Jiménez es un humilde pescador del poblado de Juanillo, al este del país, una zona costera en donde los proyectos de desarrollo turístico desplazaron a toda una comunidad establecida por décadas, y que hacía de la playa su patio y del mar, su medio de subsistencia.

Ahora, después que los promotores del complejo turístico Cap Cana, reubicaron a Juanillo, Manuel Jiménez necesita de un permiso para poder pasar a pescar o bañarse en las mismas aguas donde creció.

"A nosotros (dice mientras señala a otros cinco compañeros) sólo nos permiten pescar porque trabajamos aquí en la construcción (del complejo), pero si queremos bañarnos debemos pedir un permiso una semana antes. Imagínese, nosotros que antes vivíamos aquí, pero nos sacaron a todos", lamenta.

Como Manuel, los dominicanos se ven cada día más impedidos del libre disfrute de las playas, pese a que más de una de las leyes del país las definen como un recurso de dominio público bajo el control del Estado. "Más del 70 por ciento de las 192 áreas de playas con que cuenta el país están privatizadas", según un estudio que realiza la bióloga Felicita Heredia, de la Academia de Ciencias y ex directora de Recursos Costeros y Marinos de la Secretaría de Medio Ambiente.

En ese 70 por ciento de las playas dominicanas, el ciudadano que no pague las tarifas de las cadenas hoteleras que ostentan su dominio, no podrá acceder.

Para evitarlo, los hoteles de playa, como el Casa del Mar, en Bayahibe; o el Hamaca, en Boca Chica, colocan un muro, una cuerda, un letrero o agentes de seguridad que informan: "no puede pasar, esto es propiedad privada".

En otros casos el ciudadano no logra siquiera aproximarse a las playas, porque se lo impiden las kilométricas verjas que delimitan la propiedad, estratégicamente colocadas a todo lo largo de la costa. Tal es el caso de la zona de Punta Cana.

A quien se le ocurra pasar, con el argumento de que las playas son públicas, se encontrará de frente con hombres de uniformes dispuestos a hacer cualquier cosa para sacarlos, incluyendo amenazas de sometimiento por invasión de "propiedad privada" o por "robo", como sucedió a una pareja en la playa de Bayahibe dominada por el hotel Casa del Mar.

Los agentes de seguridad del citado hotel incautaron las pertenencias que la pareja había dejado bajo una palmera. Los empleados del hotel actuaron incluso en presencia de un agente de la Marina y dos miembros de la Policía Turística (Politur) que reconocían la playa como "propiedad privada".

Patricio Vigouroux Brzovic, ejecutivo del hotel Talanquera, en Juan Dolio, asegura que "la playa es libre". No obstante, admite que la gente común no entra, en parte por la distancia y porque el acceso más cercano es el del hotel y "es privado".

La vice síndico de San Pedro de Macorís, Dorka Bautista, entiende que los dueños de hoteles están en franca violación a la ley al impedir el paso a la playa. Sin embargo, siendo los Ayuntamientos uno de los guardianes del patrimonio público, la funcionaria no recuerda ninguna acción que se haya realizado para evitar las restricciones.

El Hotel Santana, a la salida de San Pedro de Macorís, tiene una extensión de más de un kilómetro de playa, en una especie de bahía totalmente cerrada, según indica Enrique García, representante de relaciones públicas del complejo.

García explica que tienen guardias alrededor de la playa, además de la Marina de Guerra, que tiene dos marinos en toda la costa.

El empleado asegura que "la playa es libre", pero aclara que es muy difícil que hasta ella lleguen personas que no estén hospedadas en el hotel, ya que está muy apartada y como en otros casos, la entrada por la carretera es "propiedad privada".

En Bayahibe, la situación con las playas a veces sobrepasa el extremo, llegándose a impedir incluso las labores de las autoridades de Turismo. Los límites que indican la propiedad del Hotel Casa del Mar no sólo traspasan los 60 metros que establece la ley, sino que una larga cadena de boyas dentro de la playa, junto al amplio servicio de seguridad, frenan el paso a cualquiera que intenta pasar.

Belkis Morla Puello, inspectora de la Secretaría de Estado de Turismo y presidenta del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Bayahibe, cuenta que en más de una ocasión su trabajo ha sido impedido por los hoteles de la zona. Alega que muchas veces no consigue un permiso de entrada a los complejos que se supone debe inspeccionar.

"Yo he ido con autoridades que vienen de otros sitios y nos han tenido parados hasta una hora y una vez no nos permitieron entrar. En ocasiones hemos tenido polémicas con la seguridad para que nos dejen hacer el trabajo", dice refiriéndose al hotel Viva Dominicus.

La funcionaria local recuerda que en 1997, cuando se construía el hotel Casa del Mar, el pueblo hizo una huelga porque se limitaba la entrada a la playa. Entre los acuerdos a que se arribó entonces, se establecía el libre acceso a las playas. "Eso fue pura demagogia, porque cualquier persona que ande por ahí, tiene que tener mucho cuidado", advierte.

Afirma que cuando alguien pasa a esta playa, se arriesga a ser acusado de ladrón o de "prostitutas" en el caso de las mujeres. Para esto los hoteleros cuentan además con el apoyo de la Policía Turística, según Puello.

Pero no sólo los que caminan en la playa tienen problemas con la seguridad, pues según la inspectora en varias ocasiones ha recibido denuncias de pescadores que, cuando navegan cerca de esas playas se les advierte que no pueden pasar.

En el pueblo es de todos sabido que el Hotel Casa del Mar tiene planes de ampliación. Por eso Eduardo Antonio Rincón, uno de los moradores de la comunidad, opina que "con esta ampliación ya se van a tomar toda la playa. Lo que tenemos que hacer es resignarnos y bañarnos en los manantiales que queden por ahí o simplemente en el baño de la casa. ".

Para la gerente general de la Asociación de Hoteles de la Romana-Bayahibe, Lissette Gil, el problema de la privatización de las playas responde a "la necesidad del sector privado de elevar la calidad del producto que venden".

Gil asegura que hasta tanto no exista una política de Estado "seria", tendente al manejo y preservación de los recursos costeros, "lamentablemente la playa contará con esas restricciones". No obstante, admite que esa medida es contraria a las leyes, pero que la misma responde a la realidad del país, "porque si no hubiera ese tipo de control, no tuviéramos playas que ofrecer al turista".

En Cabeza de Toro temen desalojo

Aunque todavía en la playa de Cabeza de Toro se permite transitar y bañarse dentro de los 60 metros que dicta la Ley, ya afloran los conflictos entre pescadores y propietarios de negocios. Peor aún, entre los moradores de este poblado existe el temor de que en cualquier momento lleguen a desalojarlos para realizar allí proyectos turísticos. La casa de Ramón Castillo Javier, de 83 años, está marcada con el número 25 en tinta roja. El anciano dice que el número "lo pusieron una gente que vinieron a desalojar".

Mientras, los pescadores de esta localidad se quejan de que sus botes se dañan por el poco espacio que se les han dejado en la playa para atracar y mientras que "a los extranjeros se les permite hasta construir muelles privados".

Oscar Barragán, quien tiene una propiedad alquilada en la playa, asegura que cuando alquiló, hace año y medio, encontró las barreras que bordean su negocio, versión que contradice al comandante del Departamento de la Marina de Guerra, Eliazar Cierra, quien afirma que las barreras fueron puestas como parte de las medidas de la próxima Semana Santa.
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Las boyas y este agente, impiden el aceso por mar o tierra, hasta la playa de Casa del Mar.
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