Instituciones firman acuerdo para promover derechos de personas con discapacidad

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) y la Asociación Dominicana de Rehabilitación firmaron este jueves un acuerdo de colaboración, con el fin de promover los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de impulsar iniciativas dirigidas a mejorar su inclusión laboral.

El convenio fue rubricado por el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, y la presidenta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Mary Pérez de Marranzini, durante un acto celebrado en el Auditorio de la Procuraduría General de la República, con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y otras personalidades.

Las partes coinciden en reconocer la importancia del acuerdo, para así lograr una mejor sociedad, por lo que se precisa aunar esfuerzos para brindarles oportunidades a personas con discapacidad y definir estrategias conjuntas para garantizar el éxito de las colocaciones.

Plantean que en la República Dominicana los niveles de inversión pública en los servicios sociales básicos tiene una incidencia directamente proporcional en el acceso de las personas con discapacidad a los programas educativos, formativos, laborales y de participación social.

“El Consejo del Poder Judicial, consciente de su compromiso social con el respeto a los derechos humanos, y la implementación de políticas internas, valida la colaboración con la Asociación Dominicana de Rehabilitación, para desarrollar iniciativas que promuevan la oportunidad laboral a personas con discapacidad y así facilitarles un empleo como medio productivo y de generación de ingresos”, subraya el acuerdo.

En un breve discurso, el magistrado Mariano Germán Mejía apuntó que con la firma de este acuerdo, los operadores y operadoras de justicia se constituyen en cirineos para apoyar procesos que conlleven a la inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad.

“Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de firmar este acuerdo, y así abrir las puertas a los discapacitados”, subrayó, al tiempo que agregó que en la actualidad todas las dependencias y tribunales trabajan para eliminar las barreras arquitectónicas y comunicacionales, a fin de que la discapacidad no signifique un obstáculo para el desarrollo humano.

Sostuvo que las acciones relativas al acceso a la justicia constituyen uno de los objetivos estratégicos del Poder Judicial en el quinquenio 2015-2019, y que dentro de esas acciones se encuentran las relativas a las personas en condiciones de discapacidad que, según el censo del 2010, en la República Dominicana, se estima en 1.160.847 personas, lo que representa un 12.3% de la población total.

Asimismo, la señora Mary Pérez de Marranzini, al destacar la importancia del acuerdo, dijo que cuando una persona no es capacitada, orientada o integrada al sistema educativo o formativo desde una temprana edad, debido a una situación de incapacidad, se pueden originar dificultades que le van a ir ocasionando un proceso gradual de marginación en la sociedad durante su vida adulta.

Sobre la asociación

La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), cuenta con una Red de atención actualmente conformada por treinta y dos 32 Centros de Rehabilitación localizados regionalmente. En el Norte 14, dos en la línea fronteriza, siete en el Sur, seis en el Este; el centro principal en Santo Domingo y extensiones en Santo Domingo Este y Oeste.

La ADR, desde el 1974 desarrolla iniciativas de formación técnico-vocacional de personas con discapacidad, aprovechando diferentes modalidades, tales como el entrenamiento en talleres intra-institucionales, en centros de capacitación y de la comunidad, o bajo la modalidad, para candidatos con menores repertorios ocupacionales y funcionales.

La mesa principal estuvo integrada por el presidente del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández; el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez; la presidenta de la ADR, Mary Pérez de Marranzini; el vicepresidente de ADR, Celso Marranzini; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Magino Corporán; el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA, Federico Domínguez; el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Ovalles, y Mariano Frómeta Martínez, de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD).

Diario Libre