Tras la derogación de resolución piden reformar la Ley 340-06 sobre Compras

SANTO DOMINGO. La derogación de la resolución 15-08 que facilitó la contratación irregular por más de RD$2,000 millones en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), puso ayer sobre el tapete la urgente necesidad de modificar la Ley 340-06, sobre las Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Ayer el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán y el experto en derecho administrativo Rafael Dickson Morales, saludaron la derogación de la resolución, pero aseguran que eso no es suficiente para resolver las debilidades en las compras gubernamentales.

Castaños Guzmán afirmó que la Ley 340-06 no garantiza la transparencia, ha desnaturalizado la función pública, no tiene un régimen de consecuencia penal, así como las sanciones establecidas son de naturaleza administrativa -es decir no hay un régimen de consecuencias-.

“Es una ley que se presta a que las licitaciones se puedan manipular, refleja debilidades graves en el tema de contrataciones de obras, entre otras lagunas y distorsiones. En fin, esa ley debe y tiene que ser transformada”, enfatizó.

Aprovechó la ocasión para solicitarle al presidente de la República, Danilo Medina, que envíe la propuesta de modificación de esa ley que reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo al Congreso. En la iniciativa trabajó un grupo de técnicos y expertos, entre los que se incluyen profesionales de Finjus. El vicepresidente ejecutivo de la entidad sostiene que el anteproyecto de ley sobre Contrataciones Públicas procura fortalecer el sistema de compras.

Dickson Morales también se pronunció en torno al tema, y destacó que la derogación de la resolución es una muestra evidente de que se debe estar en constante revisión y actualización de las normas para las compras y contrataciones públicas.

Consideró que no debió esperarse a que se desatara un escándalo como el de la OMSA para proceder al respecto.

“Es necesario empoderar cada vez más a la ciudadanía para que exista un mayor control y una mayor transparencia en todo el sistema de compras públicas y el portal transaccional que se ha implementado recientemente contribuye a ese objetivo”, apuntó.

A su juicio, es imprescindible que los recursos y las impugnaciones que llegan a la Dirección de Contrataciones Públicas, de los distintos procesos, sean resueltos de manera oportuna para obligar así al cumplimiento de las normas.

Del proyecto de Finjus

Un anteproyecto de ley sobre Contrataciones Públicas en que participaron técnicos de Finjus, plantea que será un requisito la presentación de un compromiso anticorrupción firmado por el oferente, en el que se comprometa a no dar u ofrecer dádiva alguna a los funcionarios y/o servidores públicos vinculados con la adjudicación del contrato. Además, crea la Agencia Nacional de Contrataciones Públicas .

Niza Campos