El riesgo de la “Solidaridad” del Gobierno

SANTO DOMINGO. En el país existen 803,000 familias que reciben asistencia monetaria del Gobierno a través del programa social Progresando con Solidaridad (Prosoli). Los montos varían desde los RD$228.00 mensuales para adquirir gas de cocina, hasta los RD$825.00 que se transfieren a las familias para alimentos a través del componente del programa denominado “Comer es primero”.

Con esa ayuda, la familia de Rafael, un señor de 75 años residente en una empobrecida barriada del municipio de Villa Vázquez, en Montecristi, puede costear parte de sus gastos en medicinas y comida y mandar a la escuela a sus cuatro nietos que conviven con él en su estrecha y humilde vivienda.

Pero ¿qué tan beneficioso es para las familias recibir este tipo de ayuda de parte del Gobierno?

En el informe “Privilegios que Niegan Derechos”, elaborado por Oxfam Internacional el año pasado, su directora general, Rosa Cañete, plantea que “los sistemas de transferencia condicionada de efectivo, si bien han contribuido a garantizar ingresos en los hogares más pobres, son un instrumento limitado en la lucha contra la desigualdad y deben ser fortalecidos dentro de un esquema más amplio en el que se garanticen servicios universales de calidad, se construya conciencia de derechos y se rediseñen para enfrentar las desigualdades de género”.

Cañete, economista con especialidad en Desarrollo, considera que esos programas serán efectivos en el mediano y largo plazo sólo si se articulan con sistemas de educación y de salud universales, de calidad y con políticas de empleo enfocadas en grupos vulnerables.

Raúl del Río, director de Oxfam en República Dominicana, advierte varios riesgos en este tipo de políticas. “El primer riesgo es que los deberes se conviertan en favores y el uso clientelar del programa”.

“Otro riesgo es que se descuide la inversión en políticas y servicios sociales por priorizar los programas de transferencias. Las políticas asistencialistas están supuestas a ser complementarias y temporales, respondiendo a necesidades concretas identificadas en un momento dado, la inversión principal debe ser a brindar servicios sociales de calidad o implementar políticas sociales de calidad. No se puede priorizar un programa de transferencia complementaria en detrimento de la inversión en servicios sociales que el Estado está obligado a garantizar”.

Con su planteamiento coincide el sociólogo Celedonio Jiménez, quien ve un carácter clientelar en el Programa Solidaridad debido a que en su mayoría es auspiciado por la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.

Ese carácter asistencialista tiene efectos negativos a mediano y largo plazo -dice- dado que no resuelve la situación de pobreza.

“No la soluciona porque no ofrece vías ni instrumentos para ayudar a corregir efectivamente el mal que proclama desea enfrentar. A corto plazo, apenas supone un precario alivio a la situación de miseria, pues se trata de ayudas que, aunque los receptores las desean y valoran, en realidad son muy precarias”.

Además se tiene el riesgo -explica- de que las personas dependen o se “acomodan” a estos programas, se les castran las iniciativas propias y mantienen o retornan a su condición de pobreza al disminuir o desaparecer la asistencia.

Pero Annette Aboy, directora de Comunicación de la Vicepresidencia de la República y de su Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, defiende que los programas de Progresando con Solidaridad se caracterizan porque no solamente entregan transferencias monetarias condicionadas y subsidios focalizados, sino que “acompañan a las familias vulnerables en su proceso de desarrollo integral, propiciando oportunidades, y promoviendo el ejercicio de derechos fundamentales y el empoderamiento ciudadano”.

No es gratis

Las familias beneficiadas de Solidaridad se comprometen con salud y educación de sus miembros, siendo necesario realizar los chequeos médicos de niños y niñas y adolescentes de cero a cinco y de las embarazadas; también se les requiere la inscripción y asistencia a la escuela.

Aboy destaca que, a través de los 42 Centros de Capacitación y Producción Progresando se ofrecen carreras de ciclos cortos a los miembros de hogares con transferencias monetarias condicionadas y que, en alianza con el Instituto de Formación Técnico Profesional, han capacitado a 495 mil integrantes.

“Esas familias capacitadas tienen acceso a microcréditos, inclusión financiera, inserción en procesos productivos y apoyo en comercialización”.

A los jóvenes se le involucra en labores comunitarias, contando a la fecha unos 16,000 voluntarios que trabajan en el área de educación para cambios de comportamientos, actitudes y prácticas orientadas a mejor nutrición, saneamiento ambiental, prevención de enfermedades y apoyo en la inclusión de personas con discapacidad.

El sociólogo Celedonio Jiménez entiende que cualquier labor comunitaria “compensatoria” establecida por las políticas asistencialistas sólo encuentra justificación si permite al beneficiario obtener y desarrollar las herramientas que les hagan posible superar por sí mismo su situación, porque de lo contrario, sería una forma de revictimizarlo.

Tania Molina