Ratifican destitución de dos jueces por faltas graves

SD. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ratificó la destitución de dos jueces de Santiago por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

El órgano de gobierno del Poder Judicial tomó la decisión, al conocer una solicitud de revisión de la cancelación de los jueces Luisa Rosa García Polanco y Gabriel Marchena Adames.

Ambos magistrados solicitaron al CPJ que revoque en todas sus partes la destitución contenida en sendas resoluciones y, por vía de consecuencia, disponga el reintegro inmediato de ellos en sus funciones de jueces de Paz titular de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito y titular del municipio Villa Bisonó.

"Rechaza dicho recurso, por improcedente y mal fundado", exponen Mariano Germán Mejía, presidente del CPJ, Dulce María Rodríguez de Goris y Elías Santini Perera.

El organismo consideró que la jurisdicción salvaguardó los derechos fundamentales de los procesados, como personas sometidas a juicio disciplinario.

Plantea que en el caso "nos encontramos ante un Recurso de Revisión, en contra de una decisión que ha sido adoptada y evacuada dentro del marco de la constitucionalidad y del debido proceso".

El 22 de octubre del 2012, García Polanco fue destituida, bajo la acusación disciplinaria de favorecer con decisiones de manera administrativa a imputados en graves crímenes, entre ellos narcotráfico y homicidio, actuando como jueza de Atención Permanente.

El CPJ consideró que resulta más que imprudente y dañina a la sociedad la conducta de la jueza procesada, "al haber dictado de forma imprudente siete resoluciones de manera administrativa, mediante las cuales declaraba la inadmisibilidad de medidas de coerción, en contra de varios imputados, acusados de casos graves, entre ellos por violación a la Ley 50-88, sobre tráfico y consumo de drogas, robo calificado, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas, uso de billetes falsos, golpes y heridas".

Cita, entre otros, los casos de Franklin del Rosario Báez, a quien favoreció con una medida de coerción de presentación consistente en presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes, a pesar de que está acusado de darle muerte a Jeffry Fernández Rodríguez Méndez.

Mientras que entre las irregularidades atribuidas a Marchena Adames, figura el haber otorgado libertad bajo fianza a favor del imputado Pedro Luis Báez Sánchez, a quien se le sigue un juicio penal por haberle quitado violentamente la vida a Gleiry María Muñoz, de 25 años, en una cabaña, en presencia de sus tres hijos.

Federico Méndez