Haití y la indiferencia global

Son ya dieciséis las veces que nuestro país ha acudido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas clamando, casi en solitario, para que la comunidad internacional preste atención a la tragedia haitiana. Hoy ya no queda espacio para advertencias: la situación en el vecino país ha colapsado por completo.

Es un colapso total. Las pandillas hacen y deshacen a su antojo. Lo que antes era una crisis profunda se ha transformado en un caos incontrolable. El gobierno haitiano es apenas una sombra, sin autoridad real. Las instituciones públicas han dejado de operar, y las bandas armadas controlan barrios, puertos, rutas comerciales y hasta regiones completas del país.

Los desplazamientos forzados forman parte de la vida de las sufridas familias que huyen de las 180 bandas que criminalizan todo lo que tocan: incluso destruyen cultivos. Son fieras. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que Haití es uno de los países con mayor riesgo de inanición, es decir, un estado avanzado de desnutrición en el que el cuerpo comienza a descomponer tejidos vitales para sobrevivir.

Según ese informe, la mitad de la población haitiana pasa hambre y unos tres millones de personas han entrado en fase catastrófica o de emergencia alimentaria. En Puerto Príncipe no hay ley que no sea la que imponen las bandas criminales. La violencia es la norma; la inseguridad, una constante ineludible.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, enfatizó en su discurso ante el Consejo de Seguridad que la situación "no admite ambigüedades". Recordó que era la décimo sexta ocasión en que hablaba en ese foro para tratar la crisis haitiana "y cuyos efectos gravemente afectan a mi país", subrayó.

Estados Unidos y otras naciones han cerrado sus embajadas y evacuado a su personal diplomático. Haití ha quedado aislado, abandonado a su suerte. Kenia envió una fuerza de apoyo, en cumplimiento de una decisión del Consejo de la ONU, pero carece de logística y respaldo adecuados. Lo que llegó fue un contingente mal armado, sin poder de fuego ni equipos comparables a los que usan las pandillas, dotadas de armamento moderno y financiamiento externo. Hasta ahora, nadie ha tenido la valentía de señalar públicamente quién o quiénes suministran esas armas.

Para la República Dominicana, el colapso de Haití representa una amenaza directa. Compartimos una isla, una frontera porosa, una historia compleja y una geografía que impide la indiferencia. No podemos ni debemos cargar solos con las consecuencias de una tragedia que tiene raíces globales y responsabilidades múltiples.

Además, esta situación implica un alto costo para los dominicanos. El gobierno se ha visto obligado a mantener una tropa especial permanente y reforzada en la frontera, para evitar una posible avalancha humana de haitianos que podrían intentar cruzar en busca de refugio. Este despliegue militar, con todos sus recursos logísticos y operativos, supone un esfuerzo enorme en términos financieros y humanos, que limita la inversión en otras áreas prioritarias. La estabilidad dominicana, aunque firme, no es infinita.

La comunidad internacional debe entender que no se trata solo de un problema de migración y seguridad. Se trata de humanidad, de responsabilidad compartida, de justicia. Haití necesita más que promesas diplomáticas: requiere una acción firme, coordinada y eficaz. No para ocupar ni imponer, sino para ayudar a reconstruir lo que hoy está en ruinas: su institucionalidad, su economía, su esperanza.

Haití se desangra y el mundo mira hacia otro lado.

Luis González Fabra