Rafael Dickson Morales
Mis deseos en el 2026 para la contratación pública dominicana
La contratación Pública como arma geopolítica y motor de desarrollo
En 2026, la contratación pública dejará de ser un asunto puramente técnico, reservado al cumplimiento de trámites administrativos en los comités de compras y contrataciones, para consolidarse como un instrumento de poder estratégico del Estado dominicano. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales, relocalización de cadenas de suministro y una competencia cada vez más intensa por inversión y talento, cómo y qué compra el Estado importa tanto como cuánto compra.
La República Dominicana entra en esta nueva etapa con una señal clara: la entrada en vigencia de la Ley 47-25, prevista para los próximos días. Con ella, la contratación pública del siglo XXI deja de definirse exclusivamente por el precio más bajo y comienza a orientarse hacia la compra por valor. En un entorno internacional donde los países compiten por resiliencia, sostenibilidad e innovación, el gasto público se convierte en una palanca estratégica para fortalecer sectores productivos, atraer proveedores estratégicos y reducir dependencias críticas. El desafío del nuevo año es que el sistema muestre señales claras de una transformación estructural orientada a generar mayor valor público, eficiencia y confianza ciudadana.
Uno de los principales deseos de esta nueva etapa es el paso decidido hacia la compra por valor. El Estado debe dejar de concentrarse exclusivamente en el precio más bajo y priorizar la mejor relación costo–beneficio, incorporando criterios de calidad, sostenibilidad, impacto social e innovación. Comprar mejor, a mi entender, ya es más importante que comprar más barato. Insistir en el precio más bajo en un mundo complejo, tecnológicamente dinámico y volátil no es prudencia fiscal: es una deficiente gestión del riesgo público. La contratación pública del siglo XXI debe comprender que la calidad, la resiliencia, la innovación y la sostenibilidad no son lujos, sino mecanismos esenciales de protección del interés general.
Otro de los deseos del 2026 —ojalá llegue temprano, como regalo de Reyes— es la simplificación y agilización de los procesos. En la economía global actual, la lentitud administrativa equivale a pérdida de competitividad. Estados que no contratan a tiempo quedan fuera de oportunidades, inversiones y soluciones. Conviene aclararlo: agilidad no significa menos control ni mayores riesgos de corrupción, sino mejor diseño institucional, menor fricción burocrática, decisiones oportunas y controles concomitantes a lo largo del proceso.
La simplificación y la agilidad deben responder a una verdad incómoda pero necesaria: la burocracia excesiva no combate la corrupción, la disfraza. Procesos largos, opacos y fragmentados multiplican los puntos de captura y la discrecionalidad. Un sistema ágil, digital y trazable reduce espacios de arbitrariedad, deja huellas verificables y permite el control en tiempo real. Menos papeleo y más gobernanza. A ello se suma un elemento clave: conocer cada vez mejor al contratista, sus estructuras, procesos, niveles de transparencia y grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico. Yo prefiero que se contrate con un contratista conocido y que ejecute el proyecto con calidad y satisfactoriamente, sin que medien actuaciones inadecuadas.
La contratación pública dominicana también debe avanzar hacia compras más estratégicas, alineadas con objetivos nacionales y con una lectura clara del entorno internacional. Energía, infraestructura, tecnología, salud, agua y servicios digitales deben dejar de contratarse de forma fragmentada para concebirse como verdaderas políticas públicas con impacto económico, social y geopolítico. Ojalá —y es un anhelo compartido— el Estado deje de improvisar y comience a planificar. Contratar sin estrategia es transferir poder sin control. Contratar estratégicamente implica definir prioridades, desarrollar mercados y alinear el gasto público con los objetivos económicos, sociales y tecnológicos del país, lo que finalmente debe traducirse en una mejor calidad de vida para la ciudadanía.
Otro deseo fundamental es el uso inteligente de la inteligencia artificial, no solo para acelerar procesos, sino para transformar la lógica del control. La IA permite automatizar tareas repetitivas, realizar análisis predictivo de riesgos, detectar tempranamente colusión, identificar conflictos de intereses y generar alertas automáticas frente a comportamientos atípicos. El control ex post resulta claramente insuficiente en el siglo XXI; la prevención basada en datos se vuelve indispensable. No se trata de una moda tecnológica, sino de una respuesta directa a la velocidad y complejidad del mundo actual. Los Estados que no integren tecnología en sus sistemas de compras quedarán estructuralmente rezagados.
Finalmente, el deseo más sentido por la sociedad dominicana es el fortalecimiento real de los controles frente a los riesgos de corrupción y los conflictos de intereses. Es importante hacer una distinción técnica: no toda irregularidad constituye corrupción. La inobservancia de una formalidad o de una etapa del procedimiento es una irregularidad administrativa, pero no implica necesariamente corrupción. Dicho esto, resulta indispensable contar con mayores controles, consecuencias efectivas y sanciones claras en los casos de corrupción debidamente probados.
La contratación pública moderna no debe esperar al escándalo —como ha ocurrido históricamente—, sino ser capaz de anticiparlo. Gobernar el riesgo implica mapear actores, procesos y decisiones críticas. En toda actividad pública y privada existe riesgo de corrupción, que es inherente a la condición humana, por lo que el sistema debe diseñarse para prevenirlo, mitigarlo y gestionarlo. La ingenuidad institucional ya no es una excusa aceptable. Herramientas tecnológicas, trazabilidad, análisis predictivo y una cultura de integridad sólida —cumplir la ley cuando nadie nos observa— elevan los estándares de transparencia y fortalecen la confianza en el sistema.
La confianza en el sistema de contratación pública y en las consecuencias ante violaciones comprobadas es un activo país. Aspirar a un mayor cumplimiento del ordenamiento jurídico, a funcionarios y actores privados conscientes del valor de la transparencia, la trazabilidad y la gestión de riesgos, no es solo una exigencia ética: en muchos casos es una condición para acceder a mejores condiciones de financiamiento, cooperación internacional y credibilidad global. Todo ello atrae inversión y socios estratégicos.
La contratación pública no es neutra ni inocente. Es política pública, economía, tecnología, geopolítica y geoestrategia. Los deseos del 2026 exigen esfuerzo, coordinación y trabajo sinérgico entre el sector público, el sector privado, la academia y los profesionales del sistema. Requieren liderazgo, decisión política y una ruptura consciente con prácticas del pasado. La contratación pública del siglo XXI no premia la comodidad ni la simulación; premia a las instituciones que entienden que comprar mejor y estratégicamente es gobernar mejor. El mayor riesgo hoy no es cambiar, sino seguir intentando resolver los desafíos del presente con recetas del siglo pasado.
Rafael Dickson MoralesAbogado y Profesor en Derecho Administrativo.