Eficiencia administrativa: cuando el Estado decide a tiempo, la democracia respira

En República Dominicana discutimos con pasión qué debe hacerse: qué reformas, qué prioridades, qué políticas públicas. Pero con demasiada frecuencia dejamos a un lado el cómo se decide. Y ahí está, muchas veces, el verdadero origen de los conflictos: no solo en el contenido de la decisión, sino en la forma en que se llega a ella.

Por eso conviene poner sobre la mesa una idea que debería unirnos —Estado, empresa, academia, comunidades y sociedad civil— más allá de cualquier sector: la eficiencia administrativa. No como consigna, sino como condición de legitimidad. Dicho sin rodeos: eficiencia es protección de derechos: decidir en plazo, con transparencia, participación y control efectivo.

Eficiencia no es prisa: es rigor con tiempo

Hay que despejar un malentendido común. Eficiencia no significa "hacerlo rápido". Significa hacerlo bien y a tiempo, con reglas claras, criterios estables, trazabilidad y capacidad de rendir cuentas. Un Estado eficiente no es un Estado que "aprueba"; es un Estado que decide, con motivación, con método y dentro de un plazo razonable. Eso le sirve al ciudadano que hace un trámite, a la comunidad que exige respuestas, al ambientalista que reclama control, y también a quien invierte y está obligado a cumplir.

Cuando los procesos se vuelven indefinidos —cuando nadie sabe cuándo termina un expediente, qué falta, qué se evalúa o por qué se devuelve— la institución pierde autoridad moral. Y en ese vacío crecen la sospecha, la discrecionalidad, el desgaste y la percepción de arbitrariedad. La incertidumbre no solo frena proyectos: rompe confianza.

La trampa de los procesos "sin definición" es una conversación país

Esto no es un debate exclusivo de minería. Pasa en energía, turismo, construcción, infraestructura, agroindustria y en cualquier actividad que dependa de permisos y licencias. Un sistema de decisiones sin plazos cumplibles y sin criterios públicos termina castigando a quien quiere operar formalmente y premiando, por vía indirecta, la informalidad y el atajo.

La eficiencia, por tanto, no debe verse como demanda sectorial, sino como deber público. Y aquí conviene decirlo con equilibrio: elevar eficiencia no es bajar estándares; es elevar institucionalidad. Un procedimiento predecible permite exigir mejor, supervisar mejor y corregir a tiempo.

Lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional: publicidad y participación para evitar arbitrariedad

Este punto no es solo una recomendación administrativa. En la sentencia TC/0601/18, el Tribunal Constitucional recordó que cuando el Estado dicta reglas de alcance general —reglamentos o disposiciones normativas— debe hacerlo con publicidad y participación, precisamente para reducir la arbitrariedad y fortalecer la buena administración. En esencia: las decisiones que afectan a muchos no pueden nacer en la opacidad ni en la improvisación; requieren métodos abiertos, trazables y verificables.

Traducido al lenguaje ciudadano: eficiencia no es saltarse pasos; es decidir de cara al público, escuchando y dejando huella clara de lo decidido. Eso es legitimidad.

Del diálogo episódico al método: convertir la eficiencia en calendario

Cuando el país discute reformas normativas —en especial las que ordenan industrias durante décadas— el riesgo no está solo en el texto final: está en el proceso. Si el diálogo es ocasional, si no hay agenda, responsables, fechas de cierre y mecanismos para resolver desacuerdos, los resultados tienden a ser frágiles. Y lo frágil se rompe: en tribunales, en conflictos sociales o en incumplimientos.

De ahí una propuesta simple, pero poderosa: convertir la eficiencia en calendario. Un calendario formal de trabajo —con temas por sesión, metas, actas y trazabilidad— que permita construir acuerdos, registrar disensos y justificar soluciones. No para complacer a nadie, sino para cumplir el interés público: normas nacidas de un proceso ordenado se cumplen más, se entienden mejor y generan menos conflicto.

Permisos y autorizaciones: eficiencia para controlar mejor, no para aprobar más

Donde esta discusión se vuelve cotidiana —y donde se mide la calidad real del Estado— es en el régimen de permisos y autorizaciones, incluyendo los procesos ambientales. Aquí la eficiencia es, sobre todo, capacidad institucional: recursos humanos y tecnológicos suficientes, requisitos claros, ventanillas coherentes, plazos medibles y rendición de cuentas.

Y es clave subrayarlo: eficiencia para controlar mejor, no para aprobar más. Una institucionalidad moderna no termina cuando emite un permiso. Termina cuando puede demostrar que supervisa, corrige y sanciona. Si queremos "licencia social" de verdad, esto también implica aplicar los principios de prevención y, cuando exista incertidumbre científica razonable, el de precaución: primero entender riesgos, mitigar y compensar, y solo entonces decidir.

Hay tres mínimos que la ciudadanía suele exigir con razón:

1. Transparencia: criterios públicos, requisitos estandarizados y trazabilidad del expediente.
2. Participación temprana y significativa: escuchar y responder, no solo informar. En territorios impactados, esa participación debe reconocer derechos, usos y cultura local, con canales claros de quejas y reparación.
3. Seguimiento post-licencia: cumplimiento verificable y consecuencias ante el incumplimiento.

Eso es eficiencia: decidir en plazo y, al mismo tiempo, garantizar control efectivo.

Minería metálica y no metálica: realidades distintas, misma necesidad de reglas claras

En minería hay dos realidades que conviene reconocer. La minería metálica opera con alta complejidad técnica y mayor escrutinio público. La no metálica —canteras, agregados, calizas— sostiene infraestructura y vivienda, y vive tensiones frecuentes de ordenamiento territorial, convivencia comunitaria e informalidad. Pero en ambas, el denominador común es el mismo: reglas claras, procedimientos previsibles y fiscalización efectiva. Cuando el marco es incierto, pierde el Estado, pierden las comunidades y pierde la economía formal.

Un acuerdo mínimo nacional

Al final, el país necesita un acuerdo mínimo que no sea ideológico ni sectorial: eficiencia para legitimar. Eficiencia para que el diálogo no sea un evento, sino un método. Eficiencia para que las decisiones sean oportunas, transparentes y controlables. Eficiencia para proteger derechos —los del ciudadano, los de las comunidades y también los del Estado, que debe gobernar con autoridad y confianza.

Porque un Estado que decide tarde, decide mal o decide sin método, no solo retrasa expedientes: debilita la democracia. Y un Estado que decide a tiempo, con participación y transparencia, no solo produce permisos o normas: produce paz institucional. Y, como nos recuerda la ética del bien común, también cuida la casa común, con justicia intergeneracional.

Martín Valerio Jiminian

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.