Cuando el estado garantiza, la confianza se sostiene

Gobernar, en su sentido más profundo, implica asumir la responsabilidad de garantizar que el Estado cumpla su función esencial incluso —y sobre todo— cuando enfrenta tensiones, cuestionamientos o escenarios complejos. En esos momentos, los ciudadanos no evalúan únicamente las causas de una situación determinada, sino la forma en que el Estado responde, protege y asegura la continuidad de los servicios que impactan directamente su vida cotidiana.

Los servicios públicos sensibles —como la salud, la seguridad social, la educación, la movilidad o la energía— representan mucho más que estructuras administrativas. Son derechos concretos, expectativas legítimas y, en muchos casos, el principal soporte de tranquilidad para millones de familias. Por ello, cuando alguno de estos servicios enfrenta dificultades, la obligación del Estado no es detenerse ni refugiarse en explicaciones técnicas, sino actuar con firmeza para garantizar que el ciudadano no quede desprotegido.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Luis Abinader ha sostenido una línea clara en ese sentido: aun en contextos complejos, el Estado no se detiene. Garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales ha sido una prioridad estratégica, no como gesto comunicacional, sino como principio de gobernanza. La estabilidad económica, la protección social y el respeto a la institucionalidad han sido abordados como responsabilidades indeclinables del poder público.

La verdadera fortaleza de un gobierno no se mide por la ausencia de dificultades, sino por su capacidad de asegurar continuidad, orden y responsabilidad cuando estas se presentan. Continuidad del servicio, continuidad de la institucionalidad y continuidad de la confianza pública. Garantizar que un servicio no se interrumpa ni se debilite constituye, en sí mismo, una decisión política de alto valor, porque envía un mensaje inequívoco: el ciudadano está primero.

En este contexto, la comunicación del Estado desempeña un papel determinante. No como propaganda ni como respuesta defensiva ante la coyuntura, sino como un ejercicio de claridad y responsabilidad pública. Comunicar con serenidad, coherencia y consistencia que las instituciones siguen operando refuerza la percepción de control y reduce la incertidumbre social. Un Estado que comunica desde la calma transmite estabilidad; un Estado que comunica con coherencia fortalece la confianza.

Garantizar, sin embargo, no significa inmovilismo. Por el contrario, un Estado responsable es aquel que se evalúa, se revisa y se fortalece de manera permanente. La mejora continua de los servicios públicos exige supervisión, auditorías de desempeño, fortalecimiento de los controles y correcciones institucionales oportunas, siempre respetando la separación de funciones y el rol que corresponde a cada órgano del Estado. Corregir para proteger es una señal de madurez democrática y de compromiso real con el interés general.

La estabilidad económica, social y jurídica de un país se construye, en gran medida, sobre la confianza de su gente en que las instituciones responderán cuando más se les necesite. Esa confianza no se decreta ni se impone: se construye con acciones concretas, con continuidad en la gestión y con un Estado presente que asume su papel de garante.

En definitiva, esta manera de conducir no es casual ni improvisada. Responde a una convicción que ha guiado al Gobierno del presidente Luis Abinader desde el inicio: que el Estado existe para proteger al ciudadano, garantizar los servicios esenciales y fortalecer la institucionalidad, incluso en los momentos más exigentes. 

Ese es el verdadero sentido de gobernar con responsabilidad y la base sobre la cual se construye un legado de estabilidad y confianza pública.

Deligne Ascención