El monorriel y el expediente que Santo Domingo merece ver

Póngase en el lugar de un consorcio que quiere competir en serio. Usted invierte en ingeniería, contratan especialistas, prepara garantías y estructura una oferta responsable. Pero cada vez que pregunta lo indispensable —interferencias, alcance exacto, criterios contractuales, bases de reajuste, matrices técnicas— la respuesta llega tarde, incompleta, o no queda publicada de forma que todos jueguen con la misma información. Mientras tanto, en el mercado se rumora que otro proponente "ya está adentro", con músculo económico y relaciones que pesan. En ese escenario, la licitación deja de ser una competencia y se convierte en un dilema: retirarse indignado y perder lo invertido, buscar una alianza de conveniencia con el presunto favorito, o encender la luz institucional (solicitar información con acuse, documentar el silencio y, si procede, impugnar). Cuando una obra reordena Santo Domingo por décadas, esa indignación no es drama: es una alarma de riesgo público.

Del ranking al expediente: el contraste que duele

A República Dominicana le pasa algo que, visto desde afuera, parece una buena noticia... hasta que uno baja al terreno. Por un lado, el país ha mejorado en herramientas y mecanismos de transparencia: hay portales, más información disponible y procedimientos más visibles que hace una década. Por otro, cuando se mide confianza e integridad —la pregunta incómoda de si la ciudadanía cree que las reglas se cumplen sin privilegios— el termómetro sigue marcando fiebre. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2024 de Transparencia Internacional ubica al país con 36 puntos (0 es "mucha corrupción" y 100 "muy baja corrupción"). No es una auditoría de expedientes, pero sí una señal de reputación: cómo se percibe el entorno institucional desde dentro y desde fuera.

También existen mediciones que premian la publicación de datos y la existencia de herramientas para seguir procesos. Pero ahí está el punto: publicar datos no equivale automáticamente a transparencia real. Un país puede exhibir listados y documentos sueltos y, aun así, fallar en lo principal: que el expediente permita reconstruir lo ocurrido sin huecos, con decisiones motivadas y competencia verificable. La transparencia no se prueba con un enlace; se prueba con un expediente auditable. Y en una licitación eso significa cosas concretas: un pliego estable, enmiendas trazables, preguntas y respuestas publicadas para todos, actas de recepción y apertura, y motivaciones claras sobre por qué se elige una oferta y no otra.

Esa misma lógica aplica a la rendición de cuentas del fideicomiso público FITRAM, órgano de contratación de este y otros grandes proyectos de transporte. En el apartado financiero de su página web solo figuran los estados financieros de los tres primeros trimestres de 2022; desde entonces no se publican nuevos estados financieros. En un ente que administra y contrata proyectos de alto impacto, esa ausencia no es un detalle menor: es otra señal de que la transparencia no se mide por "tener portal", sino por publicar información suficiente y actualizada.

El antecedente de Santiago: la obra civil primero y la tecnología después

El Monorriel de Santo Domingo se presenta como una apuesta "continuista" con respecto a Santiago. Y conviene mirar ese precedente con precisión. En Santiago el proyecto se dividió en dos paquetes: por un lado, ingeniería de detalle y obra civil, tramitadas mediante licitación abierta (FITRAM-LA-2021-0001) y adjudicadas al Consorcio Sistema de Transporte Metropolitano de Santiago (CSTM) —Ingeniería Estrella y Sofratesa Projects— con un contrato de 36 meses desde el 24 de marzo de 2022. Por otro lado, el paquete de electromecánica y material rodante avanzó por vía de excepción, recomendando contratar al consorcio Alstom–Sofratesa sin una licitación pública abierta y concurrente, por un importe que se ha situado en el orden de 500 millones de euros.

Ese antecedente importa porque Santo Domingo camina por el mismo carril: licitar primero el frente civil (incluida la ingeniería de detalle) y dejar para procesos posteriores el paquete tecnológico. Las especificaciones del proceso describen el sistema para el cual se construirá la infraestructura, pero indican que los sistemas ferroviarios descritos no forman parte del alcance de la licitación, incluyendo el material rodante. En otras palabras: se construye infraestructura y "sistemas conexos", pero el corazón tecnológico queda fuera de este contrato.

Elegir tecnología con evidencia: el vacío de estudios completos

El riesgo de ese diseño por paquetes no es teórico. Cuando la obra civil avanza primero, puede encapsular la tecnología desde el hormigón: alineamientos, gálibos, radios, cargas, cuartos técnicos, ducterías e interfaces "a la medida" terminan reduciendo opciones reales para trenes y sistemas y trasladan poder de negociación al proveedor que mejor encaje con lo proyectado. Ya se ha advertido en artículos anteriores: si la infraestructura fija parámetros de una familia tecnológica específica, la competencia futura se estrecha y cambiar de proveedor se vuelve más difícil y caro.

En el debate público, sin embargo, el argumento dominante para justificar la elección ha sido el "menor costo" frente a un tren/metro convencional. Se han publicado estimaciones que refuerzan la idea de que la solución elevada "conviene" porque cuesta menos construirla. Pero el problema de transparencia aquí no es discutir costos en prensa; el problema es otro: ¿dónde están publicados, completos y trazables, los estudios que sostienen esa decisión? Una obra de esta escala no se decide con una cifra de arranque. Se decide con evidencia verificable: proyección de demanda (el expediente habla de 12,500 pasajeros por hora por sentido en el tramo más cargado y 306,000 pasajeros/día como demanda inicial), capacidad operativa real, impacto urbano, riesgos de construcción e interferencias, y —sobre todo— costo de ciclo de vida: CAPEX (inversión) + OPEX (operación y mantenimiento) + reposiciones. Sin ese paquete de estudios a la vista —con fecha, versión, metodología y trazabilidad— la decisión nace con déficit de confianza.

Del inicio al cierre: un expediente que no permite verificar la igualdad

La cronología del expediente refuerza la preocupación. El proceso arranca con la publicación del llamado y del pliego en septiembre de 2025. El cronograma original fija publicación el 9 y 10 de septiembre y visita guiada el 18. El calendario pretendía ordenar convocatoria, consultas, aclaraciones y recepción de ofertas. Pero el propio cronograma muestra por qué el expediente se tensionó temprano: la recepción de propuestas y apertura del sobre técnico estaban previstas para el 23 de octubre de 2025; las consultas cerraban el 1 de octubre al mediodía; y el límite para responder por circulares o enmiendas era el 13 de octubre. Para una megaobra, el tramo decisivo —el que despeja ambigüedades técnicas y contractuales— quedó comprimido.

Luego vinieron los ajustes. El expediente muestra enmiendas al pliego, evidencia de que el documento inicial requirió correcciones. Pero lo más sensible no es que se ajuste un pliego; lo más sensible es que no se vea el rastro completo de la interacción esencial del proceso. Al revisar el repositorio público de FITRAM aparecen pliegos y modificaciones, pero no aparece el intercambio completo de preguntas de los interesados y respuestas oficiales. Y en procesos complejos, esas respuestas son las que aclaran el alcance real del contrato y permiten comparar ofertas bajo reglas iguales.

La cronología real se separó del calendario de octubre y el hito que dominó el proceso fue la entrega de ofertas el lunes 12 de enero de 2026. Que una licitación se mueva no es, por sí solo, una anomalía. La pregunta es si esos movimientos dejan rastro claro y verificable, y si las aclaraciones que sostienen la igualdad competitiva quedaron publicadas para todos. A esto se suma un detalle que vuelve la cronología menos neutra: la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas entra en vigor el 28 de enero de 2026, dieciséis días después del cierre de ofertas. Por cuestión de días, el concurso quedó cerrado bajo el marco anterior, justo cuando el país se aprestaba a estrenar un régimen más exigente.

Y aquí la cronología deja de ser un relato de fechas y se convierte en una alarma. Una vez vencido el plazo del 12 de enero, al 20 de enero de 2026 no se identifica públicamente —al menos en el repositorio revisado— el acta de recepción de ofertas, ni el número de propuestas presentadas, ni la lista de participantes. En una contratación de esta escala, esa información es evidencia mínima de concurrencia real. Si ese dato no aparece, y tampoco aparece el historial público de preguntas y respuestas, el expediente queda incompleto justo cuando debería empezar a hablar por sí solo.

La vara legal y el expediente mínimo: lo que la ley exige y lo que permite auditar

La ley, en sencillo, no deja lugar a interpretaciones cómodas. Si el proyecto se paga con recursos públicos (aunque se administre a través de un fideicomiso) no se contrata como privado: se contrata como Estado. La Ley 28-23 de Fideicomisos Públicos remite a la Ley 340-06 para procesos de selección y adjudicación con cargo al patrimonio fideicomitido, y exige que el fideicomiso cuente con un reglamento interno de contrataciones sometido a aprobación de la DGCP.

La Ley 340-06 consagra igualdad y libre competencia, y transparencia y publicidad: el expediente debe ser accesible y verificable. El Reglamento de aplicación exige actos administrativos motivados y un expediente administrativo que sostenga la trazabilidad del proceso. Y en licitaciones complejas hay un punto decisivo para la igualdad: consultas y respuestas oficiales publicadas. No es interacción informal; son aclaraciones que terminan definiendo el alcance del pliego. Si esas circulares no son visibles para todos, la licitación se convierte en un juego con reglas distintas. Por su parte, la Ley 200-04 establece plazos y respuestas motivadas ante solicitudes de información, y que el silencio equivale a denegación: la confidencialidad no puede convertirse en excusa general para el silencio.

Con esa vara clara, el "expediente mínimo" para auditar una licitación se reduce a pocas piezas esenciales: pliego y anexos; enmiendas trazables; repositorio íntegro de preguntas y respuestas con fechas y circular pública; acta de recepción con número de ofertas y participantes; y, más adelante, informes de evaluación, acto motivado de adjudicación y contrato final con anexos. En el caso del Monorriel hay documentos visibles —pliego, anexos y enmiendas—, pero el expediente se vuelve incompleto justo donde se decide la transparencia: no se refleja el proceso completo de preguntas y respuestas y no se identifica el acta de recepción con número de ofertas y participantes. La denuncia deja de ser impresión: pasa a ser constatación.

Cuando no hay respuestas públicas: el riesgo se muda al ciudadano

El efecto práctico de esa opacidad no es abstracto. Cuando no hay respuestas públicas, la competencia se enfría: un consorcio serio debe decidir si sigue gastando en ingeniería y garantías o si se retira porque no puede cerrar supuestos críticos. Compiten menos, y el Estado pierde su herramienta principal para protegerse: el contraste de propuestas. Además, se degrada la comparabilidad: si dos empresas interpretan distinto el alcance porque no hubo respuesta oficial que cierre la duda, el precio deja de ser comparable y se abre la puerta a corregir "después". Aumenta el riesgo de reclamos, retrasos y renegociaciones, y el costo final tiende a moverse fuera del momento competitivo, donde hay menos presión y menos visibilidad. Al final, el ciudadano paga con menos competencia hoy y con más ajustes mañana.

El precio reputacional de la opacidad

Si una obra que reordenará Santo Domingo por décadas no puede exhibir un expediente íntegro —con preguntas y respuestas públicas, actas básicas, participantes identificables y decisiones motivadas— entonces el problema no es de comunicación: es opacidad institucional. Un expediente completo no es un lujo para expertos; es la condición mínima para que el ciudadano y el mercado sepan que la competencia fue real y que el resultado se sostiene por evidencia y no por poder.

En ese vacío crece la desconfianza adentro y también afuera. La reputación de un país no se construye solo con discursos: se construye con expedientes. El Monorriel será infraestructura física; el expediente que lo acompaña es infraestructura institucional. La ciudad cargará con columnas, estaciones y trazados; el Estado cargará con el precedente. Y cuando el precedente es la opacidad, el legado no se inaugura con una cinta: se instala como una duda duradera sobre cómo se decide y cómo se contrata lo público.

Carlos Bonelly

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Consultor de economía del transporte y proyectos de asociación público-privada. Autor del manual Gestión y financiación privada de infraestructuras y servicios públicos: un enfoque práctico para la República Dominicana.