Pablo UlloaInnovación pública y transformación digital: tecnología al servicio del bien común
Modernizar el Estado no es una cuestión de pantallas; es una cuestión de justicia
Hay reformas que se anuncian con discursos y otras que transforman silenciosamente la arquitectura de un país. La transformación digital pertenece a esta segunda categoría. No es un cambio de dispositivos, ni un desfile de plataformas nuevas; es una redefinición profunda de la relación entre el ciudadano y el Estado. Cuando la tecnología simplifica procesos, reduce discrecionalidad, integra información y acorta distancias, deja de ser herramienta técnica y se convierte en instrumento de justicia administrativa.
Durante décadas, la burocracia dominicana fue sinónimo de repetición, filas interminables y documentos que viajaban más que las personas. Formularios que exigían la misma información en múltiples oficinas, procesos presenciales innecesarios, bases de datos que no conversaban entre sí. Esa fragmentación no era solo ineficiencia: era desigualdad. Quien tenía tiempo o intermediarios avanzaba; quien no, quedaba atrapado en el laberinto. La interoperabilidad —es decir, la capacidad de que las instituciones compartan información de manera segura y coordinada— corrige esa asimetría estructural.
Nuestra Constitución establece el marco para esta modernización. El artículo 147 exige una administración pública eficaz y orientada al servicio; el artículo 138 consagra los principios de eficiencia y coordinación; el artículo 49 garantiza el acceso a la información; y el artículo 44 protege la intimidad y los datos personales. Digitalizar sin proteger datos sería irresponsable; proteger sin simplificar sería insuficiente. La transformación digital es el equilibrio entre ambas exigencias.
La experiencia comparada es elocuente. Estonia, referente global en gobierno digital, logró que más del 95 % de sus servicios públicos estén disponibles en línea, reduciendo significativamente tiempos y costos administrativos. Informes de la OCDE indican que la interoperabilidad de datos puede disminuir hasta un 20 % los costos operativos del Estado y elevar la satisfacción ciudadana de manera sostenida. La lección es clara: tecnología con arquitectura institucional produce eficiencia; tecnología sin rediseño de procesos produce frustración.
Pero la verdadera transformación no comienza en el código; comienza en la simplificación normativa. No basta con convertir en digital un trámite complejo; hay que reformularlo. Cada proceso debe preguntarse si es necesario, si puede integrarse, si puede resolverse en menos pasos. La modernización no es acumulación de sistemas; es eliminación de fricciones. Cada trámite eliminado es tiempo devuelto al ciudadano. Cada integración de bases de datos es una fila menos. Cada servicio en línea es un paso hacia la igualdad de acceso.
La innovación pública también tiene una dimensión fiscal. Un Estado que integra información reduce duplicidades, minimiza discrecionalidad y fortalece trazabilidad. Esa trazabilidad es antídoto contra la corrupción y mecanismo de eficiencia del gasto público. Modernizar no solo ahorra tiempo; ahorra recursos. Y el ahorro responsable es una forma indirecta de proteger derechos.
Manuel Castells señaló que el poder en la era digital depende de la capacidad de organizar información con propósito. Un Estado que no organiza su información pierde capacidad de gobernar; uno que la integra con ética fortalece su legitimidad. La transformación digital no es moda tecnológica: es reorganización inteligente del Estado para servir mejor.
Pero modernizar exige inclusión. La brecha digital es real. La transformación debe ir acompañada de alfabetización tecnológica, puntos de apoyo presencial y diseño centrado en el usuario. Tecnología con humanidad, datos con ética, plataformas con acompañamiento. Solo así la innovación se convierte en bien común y no en privilegio segmentado.
La República Dominicana tiene la oportunidad de consolidar un modelo propio de modernización: interoperable, transparente, seguro y centrado en la persona. Un Estado que reduce filas, integra servicios y protege información no solo mejora indicadores; reconstruye confianza. La innovación no es estética administrativa: es compromiso moral con el tiempo y la dignidad del ciudadano.
Porque el Estado existe para servir, no para mandar.
¿Cómo cambiaría la República si cada trámite público fuera diseñado pensando primero en el tiempo, la seguridad y la dignidad del ciudadano?
Pablo UlloaDefensor del Pueblo de la República Dominicana.