El IDOPPRIL tiene el dinero. Los trabajadores tienen las cicatrices

En toda familia con cierta fortuna existe el riesgo de que alguno de sus miembros confunda el patrimonio colectivo con una herencia personal. El IDOPPRIL ha caído, progresivamente, en esa tentación. Como el hijo bien posicionado que administra los fondos del hogar con eficiencia contable pero sin conciencia familiar, la institución ha gestionado miles de millones de pesos como si su propósito fuera desembolsarlos después del daño y medir el éxito por el volumen de lo pagado. Lo que parece haber olvidado es que esos recursos pertenecen a los miembros más vulnerables de la familia: los trabajadores. Y la deuda con ellos no se salda pagando facturas clínicas; se salda evitando que el daño ocurra.

En 2024, el sistema desembolsó RD$3,656 millones en beneficios post-siniestro. La cifra, presentada frecuentemente como evidencia de eficiencia, es en realidad una confesión de fracaso preventivo. Doscientos trabajadores fallecidos cuyas familias recibieron RD$21.5 millones no son un indicador operativo; son doscientas pruebas de que el andamiaje de prevención no funcionó. Desde la óptica financiera, cada peso destinado a subsidios de incapacidad o gastos fúnebres representa un costo que nunca debió existir.

I. Lo que la Ley dijo — y lo que la institución escuchó

El legislador que concibió las leyes 87-01 y 397-19 además del Decreto 522-06 no pensaba en indemnizaciones: pensaba en la eliminación del riesgo antes de que se materializara en lesión. Los aportes patronales —entre el 1.10% y el 1.30% de la nómina— deben financiar una cultura de prevención activa, no un fondo de compensación reactiva. La ley nunca fue diseñada para reparar daños muchas veces irreparables; fue diseñada para que esos daños no ocurrieran. Hay una diferencia moral abismal entre ambas funciones, y es precisamente esa diferencia la que el sistema ha decidido, año tras año, ignorar.

Un supervisor que identifica un riesgo antes de que provoque un accidente es invisible para el sistema porque el sistema solo ve lo que ya costó, nunca lo que se evitó. Esa ceguera —medirse por lo que se paga en lugar de por lo que se previene— es la raíz del problema. Y mientras el modelo norte­americano de la OSHA certifica empresas que han convertido la seguridad en ventaja competitiva, nosotros seguimos celebrando la velocidad con que procesamos expedientes de dolor.

II. La Carta de Intención: una brecha que no puede cerrarse sin acción

En los últimos días, algo inusual ha ocurrido en el ecosistema institucional de la seguridad laboral dominicana: IDOPPRIL y SODOPRELA han estado analizando una carta de intención que podría cambiar la arquitectura de la prevención en el país. No es un hecho menor. En un entorno donde las alianzas entre instituciones públicas y organismos técnicos especializados suelen morir en el protocolo, esta apertura representa una oportunidad irrepetible —de esas que la historia de las instituciones ofrece una sola vez y que, de no aprovecharse, se convierten en otro capítulo de la larga crónica de las buenas intenciones frustradas.

El Director del IDOPPRIL Agustín Burgos Tejada, proyecta en sus gestiones recientes, algo que escasea en la administración pública dominicana: una disposición genuina al cambio. Esa señal debe ser correspondida con urgencia y con sustancia. SODOPRELA, por su parte, ha abierto la brecha: ha tendido el puente técnico, ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta preventiva y ha demostrado con su trayectoria que la certificación de competencias no es un ideal académico sino una herramienta probada de transformación institucional. Ahora le corresponde al IDOPPRIL cruzar ese puente.

III. El Mandato: prevenir, no reparar

La alianza que ambas instituciones tienen en sus manos debe orientarse por un principio único: el dinero del trabajador debe servir para que el trabajador nunca lo necesite. Esto implica reorientar los indicadores de éxito —no cuánto se desembolsó, sino cuántos peligros se eliminaron—, certificar supervisores que actúen como gestores de riesgo y auditar empresas con un sistema que premie, mediante bonificaciones en las cuotas de aportación, a quienes demuestren un historial sostenido de cero accidentes.

Quien comprende la ingeniería de sistemas sabe que los indicadores son decisiones políticas cristalizadas en números. Cuando el Estado mide el éxito de la seguridad laboral por el volumen de lo desembolsado, está tomando la decisión política de premiar la reactividad. Esa decisión tiene consecuencias en carne viva, y revertirla exige exactamente el tipo de alianza técnico-institucional que hoy está sobre la mesa.

El hijo que administra el patrimonio familiar tiene, al final, dos caminos: puede seguir repartiendo herencias con puntualidad contable, o puede entender que su verdadero mandato es proteger a los miembros más frágiles antes de que el daño los alcance. El IDOPPRIL enfrenta hoy exactamente esa disyuntiva. Y tiene, por primera vez en mucho tiempo, un socio técnico dispuesto, una carta de intención sobre la mesa y un Director que parece comprender el peso moral del momento.

La pregunta ya no es si el camino existe. La pregunta es si habrá la valentía institucional de recorrerlo. SODOPRELA ha abierto la puerta. Corresponde al IDOPPRIL tomar la decisión de entrar.

Rafael Robles