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Mucho gasto, poca productividad

La paradoja del crecimiento dominicano y la caída de la productividad

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Mucho gasto, poca productividad
A pesar de que República Dominicana recibe ingresos récord por turismo, remesas e inversión privada, el país crece por debajo de su potencial debido a una baja productividad estructural. (FUENTE EXTERNA)

La República Dominicana vive una paradoja cada vez más difícil de ocultar. Recibe muchas divisas, mantiene una inversión privada importante, rompe récords en turismo y sigue apoyándose en remesas robustas. Sin embargo, crece por debajo de su potencial y arrastra déficits estructurales en electricidad, infraestructura, educación y calidad del gasto público.

Ese contraste no es accidental. Tiene una explicación de fondo: el país está fallando en productividad.

Dicho en términos económicos, la República Dominicana tiene un problema en su Productividad Total de los Factores. Es decir, no está logrando combinar de manera suficientemente eficiente capital, trabajo, energía, infraestructura e instituciones para producir más, crecer más y transformar mejor ese crecimiento en bienestar.

No estamos frente a una economía sin recursos. Estamos frente a un Estado que asigna mal, gasta mal e invierte poco en futuro.

Uno de los signos más claros de ese deterioro es la evolución de la inversión pública frente a la privada. Durante las últimas dos décadas, la economía dominicana ha seguido acumulando capital, pero cada vez más por la vía privada y cada vez menos por la vía pública.

A mediados de los años 2000, la inversión pública se movía en niveles cercanos al 5% del PIB. Hoy ronda aproximadamente la mitad de eso. La inversión privada, en cambio, ha seguido sosteniendo el grueso de la formación bruta de capital. El dato es revelador: el país ha seguido invirtiendo, pero el Estado ha ido perdiendo densidad inversora justo cuando más debería fortalecer la infraestructura económica, la red eléctrica, la logística, la movilidad y el capital público estratégico.

Esa es la clave.

Porque mientras la inversión pública pierde peso relativo, el gasto corriente crece. Aumentan las nóminas, suben las pensiones, se expanden los subsidios y se acumula deuda. Es decir, el Estado dominicano absorbe más recursos, gasta más y promete más, pero construye menos futuro.

Eso no es solo un problema contable. Es un problema de modelo.

El debate público suele distraerse con la superficie: si la economía creció más o menos, si el turismo rompió récords, si llegaron más dólares, si subió la inversión extranjera. Todo eso importa, pero no responde la pregunta principal: ¿por qué, con tantas entradas externas, el país no se transforma más?

La respuesta está en la productividad.

Una nación no se desarrolla solo porque le entren dólares. Se desarrolla cuando convierte esos dólares en energía confiable, infraestructura útil, mejor educación, logística más eficiente, instituciones funcionales y un Estado que quite trabas en vez de agregarlas.

Y ahí es donde estamos fallando.

Se ve en el sector eléctrico, donde conviven pérdidas excesivas, subsidios crecientes y una incapacidad persistente de corregir el problema de raíz. Se ve en educación, donde el país ha hecho un enorme esfuerzo fiscal, pero sin una mejora proporcional en la calidad del aprendizaje. Se ve en el mercado laboral, donde una parte importante del empleo formal reciente depende del Estado y no de un salto real en productividad del aparato productivo.

En otras palabras: la economía dominicana resiste, pero resiste cada vez más por la fuerza del sector privado y del sector externo, no por la calidad del Estado.

A esta fragilidad interna se suma ahora un riesgo externo serio: el posible impacto de una escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos/Israel sobre los precios del petróleo.

La República Dominicana sigue siendo altamente vulnerable en materia energética. La factura petrolera de 2025 rondó los US$4,471 millones, cerca de 15% de las importaciones totales de bienes. Ya eso es una carga significativa incluso con precios relativamente moderados.

Pero si el barril sube de forma sostenida hacia US$100, esa factura podría superar los US$7,500 millones. Si se moviera hacia US$150, podría acercarse a los US$10,700 millones. Eso tendría efectos directos sobre la cuenta corriente, la inflación, el subsidio eléctrico y las finanzas públicas.

Lo más preocupante no es solo el shock externo. Lo más preocupante es que el país enfrentaría ese choque con un Estado ya debilitado por su propia ineficiencia: baja inversión pública, alto gasto corriente, subsidios que premian la ineficiencia y una estructura fiscal cada vez menos orientada a ampliar la capacidad productiva nacional.

Es decir, entraríamos a una tormenta energética no desde una posición de fortaleza, sino desde una posición de vulnerabilidad acumulada.

La narrativa oficial insiste en hablar de modernidad, transformación y progreso. Pero la realidad económica muestra otra cosa: muchas divisas, sí; mucha propaganda también; pero un Estado cada vez menos productivo y menos inversor.

La República Dominicana no tiene un problema principal de falta de recursos. Tiene un problema de mala asignación de recursos.

Mientras el sector privado sigue apostando por el país, el Estado se dedica cada vez más a sostenerse a sí mismo. Y cuando eso ocurre, la productividad se resiente, el crecimiento pierde fuerza y la vulnerabilidad externa se vuelve más peligrosa.

Por eso la discusión nacional no debería concentrarse solo en cuánto crecemos, sino en qué tipo de Estado estamos construyendo.

Un Estado que gasta más en burocracia que en futuro. Un Estado que se endeuda más, pero invierte menos. Un Estado que administra expectativas al 100 y entrega resultados al 20.

Ahí está el verdadero problema.

La República Dominicana necesita menos hipérbole y más ejecución; menos gasto inercial y más inversión estratégica; menos espectáculo y más dirección.

Porque el gran riesgo nacional no es solo el precio del petróleo. Es llegar a esa tormenta con un Estado que, teniendo más recursos que nunca, ha ido construyendo menos futuro.

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El autor es especialista en Gobernabilidad y Gestión Pública y fue Director de Competitividad de la República Dominicana.