Gasolina más cara con Petrocaribe: la incómoda verdad que desmonta el mito

En un contexto global donde crece la preocupación por el estrecho de Ormuz —ruta clave por la que circula cerca del 20 % del petróleo mundial—, resulta inevitable mirar hacia el pasado reciente de la República Dominicana y cuestionar una narrativa que durante años fue ampliamente aceptada: que Petrocaribe representó un alivio directo para el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, los datos y la experiencia muestran una realidad distinta.

Surge entonces una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que, bajo las condiciones preferenciales de Petrocaribe, la gasolina fuera más cara en 2011 y 2012, en el periodo de gobierno de Leonel Fernández, que en 2026, cuando el precio internacional del petróleo se encuentra en niveles similares? La respuesta no está únicamente en el mercado global, sino en la forma en que se gestionaron los beneficios de ese acuerdo.

Petrocaribe fue, sin duda, un instrumento financiero importante. Permitía a países como la República Dominicana comprar petróleo pagando una parte al contado y el resto a largo plazo, con intereses bajos. Esto generaba liquidez inmediata para el Estado, liberando recursos que podían ser utilizados en otras áreas. Pero ese beneficio nunca estuvo diseñado para reducir directamente el precio de los combustibles al consumidor.

En la práctica, ocurrió lo contrario. Durante esos años, el Estado obtuvo un respiro financiero, pero el ciudadano continuó enfrentando precios elevados en las estaciones de servicio. La gasolina prémium llegó a superar los 5.50 dólares por galón en momentos en que el barril de petróleo no estaba necesariamente más alto que en la actualidad.

Parte de la explicación se encuentra en la estructura de precios de los combustibles en el país. Estos incluyen una carga impositiva significativa, además de costos de distribución y comercialización. No obstante, más allá de los aspectos técnicos, hubo una decisión política clara: mantener altos niveles de recaudación. Petrocaribe permitió sostener ese esquema sin presiones inmediatas sobre las finanzas públicas, consolidando un modelo en el que el beneficio se concentraba en el Estado y no en el consumidor.

Estrategia actual del gobierno dominicano

El panorama en 2026 es diferente. En medio de tensiones internacionales y riesgos sobre el suministro energético global, el Gobierno dominicano ha optado por una estrategia distinta: subsidiar directamente los combustibles. Esta política ha buscado amortiguar el impacto de los precios internacionales y evitar que las alzas se trasladen de manera inmediata a la población.

A diferencia del pasado, el beneficio es tangible. El subsidio se refleja directamente en el precio final que paga el consumidor, lo que contribuye a proteger el poder adquisitivo y a mantener cierta estabilidad económica. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de costos. Implica un gasto fiscal considerable que debe ser sostenido con responsabilidad para evitar desequilibrios a largo plazo.

Lecciones del pasado y presente

El contraste entre ambos períodos deja una lección importante. Los factores internacionales, como el precio del petróleo o las tensiones geopolíticas, influyen, pero no determinan por completo el costo final de los combustibles. Las decisiones internas —fiscales, políticas y de gestión— juegan un papel decisivo.

La situación actual demuestra que, incluso en un entorno global complejo, es posible implementar medidas que protejan a la población. Al mismo tiempo, también evidencia que en el pasado existían márgenes de maniobra que no se utilizaron en favor del consumidor.

En definitiva, la discusión sobre Petrocaribe y los precios de los combustibles no es solo un debate económico, sino también político. Obliga a repensar el rol del Estado, la transparencia en el uso de los recursos y las prioridades de la gestión pública. La gran enseñanza es clara: los beneficios de acuerdos estratégicos solo tienen verdadero impacto cuando se traducen en mejoras concretas para la ciudadanía.

José E. Marte Piantini

Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Central del Este en 1988, y comunicador.