Becarios del Mescyt: la inversión millonaria que el país no sabe cobrar

Hay una escena que se repite con variaciones menores en los aeropuertos del Caribe: un joven profesional dominicano desciende del avión con un diploma de posgrado bajo el brazo, una maleta cargada de expectativas y la certeza —aún tímida, aún intacta— de que su país lo necesita. Lo que encuentra al cruzar la aduana migratoria es, con demasiada frecuencia, un mercado laboral que no sabe qué hacer con él. Esa escena, repetida más de doce mil veces desde 2005, según datos del propio Mescyt, no es una anécdota: es el síntoma clínico de una economía que invierte en talento sin preparar el tejido institucional para recibirlo.

El programa de becas internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología constituye, sin duda, una de las apuestas más ambiciosas del Estado dominicano por su capital humano. Miles de jóvenes han cursado maestrías y doctorados en universidades de España, México, Estados Unidos y otros centros de excelencia. La inversión es cuantiosa; la intención, encomiable. Pero entre la intención y el resultado hay un abismo que ni la mejor voluntad burocrática consigue salvar cuando las condiciones estructurales permanecen inalteradas.

El contrato y su sombra

Las condiciones de las becas exigen al beneficiario un retorno al territorio nacional por un período equivalente a la duración de sus estudios. La lógica contractual es impecable: el Estado financia, el profesional devuelve con servicio. Quien ha transitado por el derecho de las obligaciones reconoce aquí la estructura clásica del contrato sinalagmático, donde cada parte asume cargas recíprocas. Sin embargo, un contrato cuya ejecución se torna irrazonable no es un instrumento de justicia, sino de castigo disfrazado de formalidad.

Mientras el salario promedio de un profesional con maestría en la República Dominicana oscila entre 45,000 y 60,000 pesos mensuales, sus pares en los países de formación perciben entre tres y diez veces esa cifra. La brecha no es solo salarial; es simbólica. Quien regresa con competencias en inteligencia artificial, políticas públicas comparadas o innovación tecnológica se encuentra, demasiadas veces, ocupando escritorios administrativos donde su conocimiento especializado se consume como quien guarda un bisturí de cirujano en el cajón de la cocina.

La fuga diferida: un diagnóstico que exige honestidad

El Informe sobre Capital Humano del PNUD de 2023 ofrece un dato que debería incomodar a cualquier planificador: el 42 % de los dominicanos con formación de posgrado en el exterior migran nuevamente dentro de los tres años posteriores a su retorno. No se trata, pues, de una fuga de cerebros instantánea, sino de una hemorragia lenta y silenciosa, un retorno simbólico que precede a una salida definitiva. Desde la perspectiva de la gestión de riesgos —disciplina que quien escribe conoce de cerca—, el fenómeno presenta las características de un riesgo sistémico: probabilidad alta, impacto acumulativo y detección tardía.

El ministro del Mescyt ha planteado con razón que quienes incumplen el compromiso deberían restituir la inversión estatal. La observación es legítima desde el punto de vista fiscal. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿se puede exigir la permanencia cuando no se han creado las condiciones para que esa permanencia sea viable, productiva y digna? La administración financiera más elemental enseña que no basta con invertir: hay que gestionar el retorno de esa inversión. Y aquí, precisamente, es donde el modelo presenta su fractura más profunda.

Del retorno físico al retorno pedagógico

La solución no reside en suavizar el contrato ni en endurecer la penalización. Reside en rediseñar el concepto mismo de retorno. Si el Estado dominicano quiere que sus becarios internacionales generen valor, debe dejar de medir el cumplimiento en términos de presencia territorial y empezar a medirlo en términos de impacto verificable: proyectos de investigación ejecutados, transferencia tecnológica documentada, asesorías institucionales con resultados tangibles, publicaciones científicas que eleven el perfil académico del país.

Esta visión, que podríamos denominar Retorno Pedagógico, exige crear plazas especializadas con remuneraciones competitivas en instituciones públicas y privadas; permitir períodos de inserción profesional en el extranjero antes del regreso definitivo, para que el becario consolide redes y experiencia; y, sobre todo, articular la política de becas con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Meta RD 2036, de modo que cada profesional formado sea una pieza funcional de un engranaje mayor, no un talento a la deriva.

El espejo del aeropuerto

Volvamos al aeropuerto. Aquel joven que desciende con su diploma no es solo un individuo: es la materialización de una promesa colectiva. Cada beca otorgada es un pacto tácito entre generaciones: la presente invierte para que la siguiente construya lo que esta no pudo. Romper ese pacto no ocurre cuando el becario se marcha; ocurre cuando el país que lo formó no le ofrece un lugar donde su conocimiento tenga sentido.

La República Dominicana está produciendo un tipo de profesional que antes solo existía en las estadísticas de otros países: global, interdisciplinario, competitivo. Pero formar no es suficiente. La verdadera deuda del Estado con sus becarios no se salda con cláusulas penales ni con amenazas de reembolso. Se salda con luz: con laboratorios equipados, con centros de investigación funcionales, con salarios que no insulten la preparación de quien los recibe y con una institucionalidad que entienda que el talento, como el agua, busca siempre su nivel. Si no lo encuentra aquí, lo encontrará en otra parte. Y entonces, la inversión más ambiciosa del Estado habrá servido, paradójicamente, para enriquecer las economías que menos lo necesitan.

Rafael Eugenio Robles

Doctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.