¿Por qué lo mataron?

Tres décadas después del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, el caso que marcó a la República Dominicana como el llamado "crimen del siglo", regresa al centro del debate público con la salida de prisión de Mario José Redondo Llenas, condenado como principal responsable del homicidio de su primo.

Pero más allá del cierre penal que supone el cumplimiento de las condenas de los dos principales implicados, el caso arrastra una gran interrogante. Aunque los responsables ya saldaron su deuda con la justicia, llevan consigo el secreto mejor guardado: el motivo de aquel crimen espeluznante que estremeció la sociedad dominicana.

En la ejecución del asesinato también participó Juan Manuel Moliné Rodríguez. De acuerdo con la reconstrucción presentada en el proceso judicial, el 3 de mayo de 1996, el niño de 12 años salió de su casa en compañía de su primo Mario José, con el pretexto de presenciar una exhibición de motocicletas.

Su madre aceptó con la condición de que regresara a las 5:00 de la tarde. Una hora después, Redondo Llenas llamó nuevamente para informar que José Rafael le había pedido ser dejado en una bolera para encontrarse con unos amigos. Esta versión resultó extraña a la madre, ya que su hijo no acostumbraba salir sin supervisión adulta.

Posteriormente, lo mantuvieron retenido en el baúl de un vehículo durante varias horas. Según la acusación formal contra ambos, utilizando un arma blanca, Redondo Llenas le propinó 34 estocadas al niño que confió en su pariente para salir a divertirse, mientras Moliné Rodríguez lo sujetaba.

A partir de ese instante comenzó una búsqueda por todo el país, a la cual se sumó también su verdugo, Redondo Llenas. Un día después, el 4 de mayo, su cuerpo fue hallado con múltiples heridas en arroyo Lebrón, en las proximidades del kilómetro 24 de la autopista Duarte.

Por estos hechos, Moliné Rodríguez fue condenado a 20 años de prisión como coautor del homicidio agravado, pena que cumplió íntegramente en el 2016, tras varios intentos fallidos de obtener libertad condicional.

Conjeturas que no fueron probadas

La brutalidad del homicidio, sumada al vínculo familiar entre víctima y victimario, detonó una de las investigaciones judiciales y mediáticas más complejas en la historia judicial dominicana. No obstante, el proceso penal, que culminó con condenas firmes de 30 y 20 años para los homicidas, dejó sin resolver el elemento más determinante en criminología: la motivación del delito.

Desde el inicio, las autoridades y los propios imputados manejaron diversas hipótesis sobre el móvil. La primera línea investigativa apuntó a conflictos de índole familiar, una teoría que ganó peso en el juicio y que, de manera tácita, sirvió de base para sustentar la acusación.

Sin embargo, nunca se presentaron pruebas contundentes que permitieran establecer un conflicto concreto que justificara un acto de tal nivel de violencia.

Paralelamente, surgió una de las versiones más controvertidas del proceso, la alegada participación de terceros con vínculos diplomáticos, señalados directamente por Mario José Redondo Llenas durante su defensa. En sus declaraciones, mencionó a Teresa Meccia de Palma, entonces embajadora de Argentina en el país, a su esposo Luis Palma de la Calzada, y al hijo de ambos, Martín Palma Meccia, a quienes atribuyó la supuesta planificación del crimen.

Según su relato, el homicidio habría sido ejecutado bajo coacción, en un contexto que incluía presuntos ritos de carácter satánicos, redes de poder y dinámicas de sometimiento. Estas afirmaciones, por su gravedad, generaron una fuerte repercusión pública y tensiones diplomáticas en su momento.

No obstante, en términos procesales, esta hipótesis nunca fue respaldada por evidencia material ni validada en sede judicial. Ninguno de los señalados fue interrogado formalmente por las autoridades dominicanas, y la línea investigativa no fue desarrollada hasta sus últimas consecuencias, por lo que estas acusaciones quedaron circunscritas al ámbito declarativo del imputado, sin valor probatorio suficiente.

Otra hipótesis que se desprendió de las confesiones de los entonces imputados fue la de una dinámica de manipulación y sometimiento psicológico sobre los acusados. En este enfoque, el crimen sería resultado de una estructura de dominación en la que los ejecutores habrían actuado bajo miedo extremo.

Sin embargo, peritajes psiquiátricos realizados durante el proceso descartaron esta narrativa como eximente, señalando en cambio rasgos de personalidad antisocial en los implicados, caracterizados por frialdad emocional, ausencia de remordimiento y capacidad de simulación.

También se barajó la posibilidad de un crimen motivado por factores internos de los propios autores, como impulsos violentos o dinámicas de poder entre ellos. Esta hipótesis, aunque más alineada con los perfiles psicológicos descritos en el juicio, tampoco fue desarrollada con suficiente sustento probatorio que permitiera reconstruir una secuencia clara de motivación.

¿Errores periciales? demasiado básico

El denominador común de todas esas hipótesis es que ninguna logró superar el umbral probatorio requerido en un proceso penal. Y en ese contexto emergió un elemento que fue ampliamente discutido en los ámbitos judicial y mediático, y que a juicio de expertos y observadores condicionó de manera determinante el resultado investigativo: el manejo deficiente de la escena del crimen.

La contaminación del lugar donde fue hallado el cuerpo, antes de ser debidamente acordonado, comprometió la cadena de custodia desde sus primeras etapas. La presencia, sin atender la imprescindible protección de la escena del crimen, de múltiples personas ajenas al proceso, incluyendo civiles y agentes, alteró posibles indicios físicos.

A esto se sumó la pérdida de evidencias cruciales, como la ropa de la víctima y de los imputados, así como la no recuperación de las armas homicidas.

Otro elemento tildado de error durante el proceso fue la realización tardía de la autopsia, efectuada posterior a los trámites funerarios, lo que limitó la obtención de datos forenses esenciales, como la determinación precisa del tipo de arma utilizada, la mecánica de las heridas y la posible intervención de más de un agresor directo.

Estas fallas técnicas debilitaron la capacidad del Ministerio Público para construir una teoría del caso sólida en cuanto a las razones que motivaron el homicidio.

La alteración de la escena del crimen no fue vista únicamente como una falla operativa, sino también como un hecho que levantó sospechas dentro del propio proceso. En distintos momentos se planteó que la contaminación del lugar, marcada por la presencia descontrolada de personas, la manipulación indebida del entorno y la pérdida de evidencias clave, podía haber tenido como efecto, deliberado o no, la ocultación de elementos neurálgicos para esclarecer el caso.

Fue así cómo surgieron cuestionamientos sobre si dicha alteración contribuyó a diluir indicios que hubiesen permitido identificar con mayor precisión a posibles actores adicionales o reconstruir de forma íntegra la secuencia de los hechos, una interrogante que, al igual que el móvil del crimen, nunca logró ser despejada en sede judicial.

En términos de investigación criminal, la ausencia de evidencia física robusta obliga a depender en mayor medida de testimonios y confesiones, que en este caso resultaron contradictorios, inconsistentes o carentes de verificación independiente.

Esto derivó en un proceso donde se logró establecer la autoría material, por confesión de  Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez, pero no la motivación ni una posible autoría intelectual.

Treinta años después, el caso Llenas Aybar permanece como un expediente cerrado en lo judicial, pero abierto en lo analítico. La condena cumplida por los responsables no ha sido suficiente para esclarecer el "por qué", una interrogante que aún sigue vigente tanto para la familia de la víctima como para la sociedad.

La salida de prisión pautada para hoy del último de los condenados reabre, inevitablemente, la discusión sobre las limitaciones estructurales del sistema de investigación penal de la época en que ocurrieron los hechos.

También, plantea una reflexión sobre la importancia de la preservación de la escena, la rigurosidad forense y la independencia investigativa como pilares para evitar que crímenes de alto impacto queden, como este, sin una verdad completa.

Oscar Quezada