Omisión de petición de pruebas: una singularidad anómala del proceso penal

Introducción:

El proceso penal se fundamenta sobre un contrato de garantías donde la autoridad jurisdiccional no solo actúa como un árbitro, sino como un verdadero garante del curso lógico de la causa. No obstante, en la praxis judicial contemporánea, emerge en ocasiones una patología procesal que denominamos la "omisión de petición de pruebas": el silencio o la falta de respuesta debida y motivada del tribunal de fondo al no valorar de manera íntegra el testimonio que ha sido controvertido en la fase de juicio, así como aquel que fue incongruentemente excluido en el auto de apertura a juicio de la audiencia preliminar.

Esta "singularidad procesal" anómala no representa una simple deficiencia de trámite, sino una desnaturalización del debido proceso que quebranta la tutela judicial efectiva y coloca a las partes en la puerta de entrada de una causa cimentada en la incertidumbre y la indefensión procesal.

El diseño legal y el germen de la anomalía

De conformidad con el artículo 308, párrafo I, del Código Procesal Penal (CPP), el auto de apertura a juicio no es susceptible de ningún recurso. Esta inimpugnabilidad busca dotar de celeridad al proceso, impidiendo que los incidentes de la etapa preliminar detengan el avance hacia el juicio de fondo. Sin embargo, este diseño no puede convertirse en un cheque en blanco para " el desazón procesal ". Cuando un juez de la instrucción —bajo pretexto de la celeridad o por omisión de descuido— excluye testigos sin ponderar rigurosamente los criterios de pertinencia, legalidad, relevancia y utilidad, condena a la parte oferente a una absoluta ceguera probatoria.

Para evitar que esta exclusión genere un estado de indefensión irreparable, el legislador previó una válvula de escape en el artículo 310, párrafo II, del CPP. Esta norma establece que las discusiones sobre incidentes y excepciones deben interponerse dentro del plazo de diez días de la convocatoria al juicio. Es precisamente en este espacio donde la parte afectada debe plantear la exclusión de su prueba no como una simple discusión de trámite, sino como una vulneración del derecho fundamental a la prueba y un vicio de orden público que el tribunal de fondo está obligado a sanear antes de la apertura del debate.

El sistema como vicio de orden público y anomalía latente

Cuando el tribunal de fondo ignora el mandato del artículo 310, párrafo II, y difiere para el fondo de la sentencia la resolución sobre la inclusión de un testigo válidamente propuesto y rechazado, no estamos ante un acto neutro. El juzgador tiene la obligación de resolver el incidente planteado oportunamente para que la prueba pueda ser efectivamente controvertida por las partes en igualdad de condiciones. El silencio o la postergación innecesaria frente a la inclusión de testigos constituye una violación directa al deber de decidir y al principio de congruencia procesal (citra petita).

Por otro lado, si el juez decide positivamente sobre el incidente e incluye el testimonio, pero luego en la sentencia omite valorar dicha declaración, cualquier resolución que se emita estará viciada de una anomalía latente. Se habrá celebrado un juicio sobre una base fáctica mutilada, incurriendo en una flagrante falta de motivación y contradicción en los motivos. El argumento de que el auto de apertura es "cosa juzgada" jamás puede utilizarse para convalidar la vulneración de derechos fundamentales ni para justificar la inercia del tribunal de juicio ante el pedimento de la parte agraviada.

Conclusión: hacia una justicia responsiva

La "omisión de petición de pruebas " en las instancias penales debe ser proscrita como una forma de arbitrariedad. Un sistema penal que permite que las peticiones sobre inclusión o exclusión probatoria entren en una "caja negra" y se pierdan en el vacío, es un sistema que ha abdicado de su función esencial de decir el derecho (jurisdictio).

Los tribunales deben asumir su rol de verdaderos garantes del saneamiento procesal, dando las respuestas legales oportunas a los pedimentos pertinentes hechos por las partes. El plazo previsto en el artículo 310 del CPP para resolver sobre las incidencias de la prueba no es una sugerencia; es un mandato que reviste de coherencia lógica al proceso. La justicia penal no puede construirse sobre la base de omisiones; exige, en cada etapa, la certeza de una respuesta motivada que garantice a las partes la transparencia del camino hacia la verdad.

Edwin Cuello

Es un Procurador Fiscal de la República Dominicana.