Decreto 309-26: una educación integral para la República Dominicana

Hay decretos que pasan por opinión la pública sin alterar el pulso del país, y hay otros que, leídos con atención, anuncian un cambio de respiración en la vida nacional. El Decreto 309-26, firmado el pasado seis de mayo, pertenece a esta segunda estirpe. No por su extensión —apenas diez artículos—, sino por la ambición silenciosa que lo recorre: reunir, bajo una misma visión, lo que durante décadas la República Dominicana administró como cuerpos separados. Educación inicial, básica, media, técnico-profesional y superior; ciencia, tecnología e innovación. Todo aquello que, en rigor, nunca debió enseñarse a vivir aparte.

El gesto que la educación esperaba

La pieza, leída a la luz de sus considerandos, va más allá de un mero arreglo institucional. Crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, le encomienda redactar un anteproyecto de ley de educación integral y, en seis meses, le pide entregar al Poder Ejecutivo las recomendaciones que sustenten un nuevo sistema. La integran los ministros de Educación, de Educación Superior y de Administración Pública, junto a la directora del INFOTEP. Detrás de esa fórmula breve se adivina una convicción más honda: que el aprendizaje humano no admite fronteras administrativas, y que la división entre el aula primaria y el laboratorio universitario es, en última instancia, una herida que la institucionalidad ha demorado en suturar.

La integralidad como diagnóstico, no como consigna

Lo notable del decreto no es la palabra transformación —tan visitada en los discursos públicos que ha ido perdiendo el peso específico que merecía— sino el inventario sereno de lo que la Comisión deberá considerar: aseguramiento de la calidad, articulación con el mercado laboral, fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, consolidación del Marco Nacional de Cualificaciones y, particularmente, el desarrollo de un ecosistema de investigación educativa que devuelva a la política pública su anclaje en la evidencia. Quien haya transitado los pasillos de la educación superior dominicana sabe que el verdadero desafío nunca fue legislar sobre la educación, sino lograr que sus distintos niveles dialoguen sin sospecha. Que el bachiller comprenda que su título es la antesala de un continuo, y no un destino terminal. Que la universidad reconozca, sin altivez, las competencias forjadas en el aula técnica. Que la investigación irrigue al sistema entero como sangre nueva.

La consulta: promesa exigente

El Artículo 4 introduce un elemento que merece celebrarse con cautela: la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, concebida como ejercicio territorial, institucional, ciudadano y experto. La promesa es seductora; el riesgo, conocido. Demasiadas consultas en nuestra historia reciente han funcionado como vitrinas decorativas, donde la voz del magisterio rural, del decano provincial o del joven egresado se diluye en actas que nadie vuelve a abrir. Para que esta vez la palabra escuchada se convierta en palabra incorporada, la consulta deberá tener metodología, rendición de cuentas y huella verificable en el texto final. De lo contrario, la rica polifonía del país terminará reducida, una vez más, al monólogo de quien ya tenía decidido el guion.

Las cautelas que el plazo impone

Conviene decirlo sin estridencias: seis meses son pocos para diseñar el andamiaje legal de un sistema que durante medio siglo funcionó en compartimentos estancos. La Ley 66-97 y la Ley 139-01 no son piezas equivalentes; cada una responde a tradiciones, autonomías y comunidades académicas con identidad propia. La autonomía universitaria, conquista constitucional, no puede ser tratada como variable accesoria del organigrama. Integrar no es uniformar; articular no es absorber. Si la nueva ley olvida esa distinción, el remedio podría resultar más oneroso que el mal que pretende corregir. Por ello, la composición del Comité Consultivo —ese órgano de expertos que el decreto prevé— no debe ser un trámite, sino el corazón deliberativo del proceso. Allí ha de sentarse, sin partidismos ni cuotas, la inteligencia educativa nacional: rectores, investigadores, maestros con tiza en las manos, voces del INFOTEP, del Marco Nacional de Cualificaciones, de las sociedades científicas y de la sociedad civil organizada.

El espejo que nos devuelve la reforma

Toda reforma educativa es, en el fondo, una conversación de la nación consigo misma sobre el tipo de ciudadano que quiere formar. El Decreto 309-26 abre esa conversación con una premisa que merece respaldo: la educación dominicana no podrá seguir siendo un archipiélago de buenas intenciones desconectadas. Tendrá que aprender a respirar como un organismo único, donde la primera lectura del niño en la escuela rural y la última tesis defendida en la universidad metropolitana sean parte del mismo latido. Si la Comisión Ejecutiva entiende que su tarea no es jurídica, sino civilizatoria, los seis meses concedidos por el decreto no serán suficientes —pero serán, al menos, el comienzo digno de un trabajo largo. Si la entiende como simple operativo administrativo, habremos cambiado de envase sin cambiar el contenido, y la educación dominicana volverá a quedar, como tantas veces, esperando que alguien recuerde que también ella tiene corazón

Rafael Eugenio Robles

Doctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.