Martín Valerio JiminiánCuando la presión reemplaza al proceso
El verdadero debate no es si un proyecto debe aprobarse o rechazarse, sino si las instituciones seguirán decidiendo con reglas, evidencia y debido proceso
La decisión de suspender los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest no es solo un problema minero. Es una señal sobre cómo República Dominicana procesa sus conflictos complejos. Y esa señal merece más atención que el proyecto en sí.
Un Estudio de Impacto Ambiental no existe para garantizar que un proyecto se apruebe. Existe para determinar si debe aprobarse, bajo qué condiciones, con cuáles límites o si, sencillamente, no debe realizarse. Interrumpirlo antes de que concluya —por presión, por conveniencia política o por administrar el conflicto del momento— no protege el medio ambiente ni protege la inversión. Vacía de sentido al único mecanismo creado para arbitrar entre desarrollo, territorio, ambiente y comunidad.
El problema no es nuevo. El país tiene antecedentes de decisiones ambientales tomadas fuera del proceso técnico: unas veces para aprobar proyectos que no debían aprobarse; otras, para frenarlos antes de que las instituciones concluyeran su evaluación. En ambos casos el resultado fue el mismo: más desconfianza, más conflicto, menos claridad sobre las reglas. Lo que cambia hoy es que ocurre de forma visible, en tiempo real, con un gobierno que tiene capital político suficiente para haber elegido una salida más institucional.
Poniendo los puntos sobre las íes: la desconfianza de las comunidades no es descabellada. Tiene historia. Tiene memoria de pasivos ambientales no resueltos, de promesas incumplidas, de consultas que fueron trámite y no participación real. Ignorar eso es tan irresponsable como ignorar que un país necesita reglas estables para funcionar.
Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo.
Las comunidades tienen derecho a cuestionar, protestar y reclamar garantías ambientales. Ese derecho es legítimo y necesario. Pero una democracia no puede convertir la intensidad del conflicto en el criterio principal de decisión pública. Cuando lo hace, el incentivo deja de ser participar en el proceso y pasa a ser aumentar la presión sobre él. Eso no fortalece a las comunidades. Las deja dependiendo de que cada conflicto futuro sea suficientemente ruidoso para ser atendido.
La consecuencia más grave no es para Goldquest. Es para todo proyecto que en los próximos años requiera permisos, evaluaciones o arbitraje institucional: infraestructura, energía, turismo, agua, ordenamiento territorial. Cualquier actor que observe lo ocurrido aprende la misma lección: los procedimientos son negociables si la presión es suficiente. Esa lección no la borra ningún comunicado posterior.
Gobernar no es reaccionar al ruido. Gobernar es procesar conflictos con reglas, evidencia, transparencia y responsabilidad.
La salida está en retomar el proceso con información verificable y participación real de comunidades, Estado, academia y sector privado. No como gesto, sino como mecanismo vinculante con garantías de que no será una formalidad vacía.
La pregunta que queda abierta es más incómoda que el proyecto mismo: si las instituciones dominicanas no procesan este conflicto mediante sus propios procedimientos, ¿qué conflicto futuro sí lo merecerá?
Martín Valerio JiminiánDirector Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.