La impugnación que puede develar las malas prácticas del monorriel de Santo Domingo

La impugnación del proceso de licitación del Monorriel de Santo Domingo ha colocado a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ante una prueba institucional de gran relevancia. Ya no se trata únicamente de un debate técnico sobre transporte urbano ni de diferencias entre oferentes. Lo que está en discusión es si una obra adjudicada por más de RD$28,985 millones fue planificada, estructurada, evaluada y contratada con el rigor que exige una inversión pública de esta magnitud.

La DGCP dio un primer paso importante al requerir explicaciones a Fitram y al consorcio adjudicatario, otorgándoles un plazo de cinco días para presentar sus escritos de defensa y sus conclusiones. Ese plazo ya venció. Y a partir de este momento, el centro del debate deja de estar en las declaraciones y pasa a situarse en el expediente mismo: en los estudios, evaluaciones, presupuestos, criterios técnicos y decisiones que sustentaron la adjudicación.

Porque cuando una licitación entra en fase de revisión administrativa, lo verdaderamente importante ya no es el discurso institucional. Lo importante es si los documentos son capaces de sostener la decisión pública.

1. La impugnación ya activó al órgano rector

La impugnación produjo un efecto inmediato: activar formalmente al órgano rector del sistema de contrataciones públicas. Hasta ahora, las observaciones sobre el monorriel podían verse como críticas técnicas, cuestionamientos periodísticos o advertencias ciudadanas. Pero desde que la DGCP decidió intervenir y solicitar información, el caso pasó a otra dimensión.

Ese cambio no es menor. La discusión ya no gira alrededor de si el país necesita transporte masivo —algo difícilmente discutible—, sino sobre si el procedimiento seguido para adjudicar esta obra cumplió con los principios de planificación, transparencia, competencia y motivación que exige la contratación pública.

La DGCP requirió a Fitram un escrito de defensa y también solicitó al consorcio adjudicatario que fijara posición respecto de los cuestionamientos formulados. Además, informó que revisará la documentación aportada conforme a la Ley 340-06, el Reglamento 416-23 y las políticas del sistema nacional de contrataciones públicas.

Ese punto es clave. La discusión deja de apoyarse en opiniones generales y entra en el terreno de los documentos verificables. Fitram deberá explicar cómo estructuró el procedimiento. El adjudicatario deberá sostener técnicamente la validez de la evaluación y de la adjudicación recibida. Y la DGCP deberá determinar si esas explicaciones son suficientes frente a las alegaciones formuladas.

La Dirección General de Contrataciones Públicas hizo lo que tenía que hacer: pedir explicaciones. Ahora le corresponde valorar documentos, no discursos.

2. Una licitación convocada antes del cambio de reglas

Existe otro elemento que ayuda a entender la sensibilidad de este proceso. La licitación del monorriel fue convocada antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, razón por la cual quedó sometida al marco anterior, integrado por la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación.

Este punto debe manejarse con precisión. No se trata de afirmar automáticamente que la convocatoria se aceleró para evitar la nueva normativa. Pero sí es un hecho que el procedimiento se desarrolló en plena transición legal, justo antes de que comenzara a operar un régimen más reciente, con mayores exigencias de trazabilidad, publicidad y control institucional.

Esa circunstancia obliga a revisar el expediente con especial cuidado. Las transiciones normativas suelen ser momentos delicados porque permiten apreciar con claridad la diferencia entre un sistema que evoluciona hacia mayores niveles de control y procedimientos que todavía operan bajo reglas anteriores.

Por eso, la revisión de la DGCP no debería limitarse a comprobar si el procedimiento encajó formalmente dentro de la Ley 340-06. También debe analizar si, aun bajo esa normativa, el expediente cumplió con principios esenciales de planificación, competencia efectiva, transparencia y rendición de cuentas.

Porque la legalidad no se agota en utilizar el marco normativo vigente al momento de convocar una licitación. También exige que las decisiones estén suficientemente sustentadas y documentadas.

3. Lo que el expediente debe demostrar

Abrir el expediente no significa simplemente publicar papeles. Significa permitir reconstruir la decisión pública. Y en el caso del monorriel, eso implica responder preguntas fundamentales: cómo se planificó el proyecto, qué estudios lo sustentaron, cómo se definió el presupuesto y por qué se adjudicó en las condiciones conocidas.

El expediente debe mostrar la trazabilidad completa del proyecto dentro del sistema de inversión pública: estudios previos, planificación, soporte presupuestario, criterios técnicos y justificación de la solución seleccionada. También debe explicar cómo se definieron las volumetrías, los precios unitarios y el cronograma de una obra que condicionará la movilidad urbana durante décadas.

Pero uno de los puntos más sensibles está en la evaluación técnica de las ofertas. En este procedimiento, la propuesta técnica representaba el 80% de la puntuación total. Es decir, la adjudicación dependía esencialmente de la evaluación técnica y no del precio.

Eso obliga a una exigencia mayor de motivación y claridad. Una evaluación técnica no debe limitarse a confirmar que los oferentes cumplen requisitos mínimos. Debe comparar, discriminar y justificar por qué una propuesta es mejor que otra.

Sin embargo, las dos ofertas presentadas obtuvieron puntuaciones muy elevadas y con diferencias reducidas. Esa situación, por sí sola, no invalida el procedimiento. Pero sí plantea una pregunta importante: si la técnica decidía el contrato, ¿dónde quedaron reflejadas las diferencias sustanciales entre las propuestas?

Ahí aparece otro aspecto que la DGCP debería revisar con especial atención: la experiencia efectivamente acreditada por el adjudicatario. No basta con mencionar participación en proyectos de transporte. Debe verificarse si se trata de sistemas comparables, si los proyectos están realmente en operación y si la experiencia presentada responde al nivel exigido en el pliego.

En este punto han surgido cuestionamientos sobre la experiencia real acreditada y sobre antecedentes internacionales vinculados a empresas participantes en el proceso. Precisamente por eso, la revisión no puede quedarse en el resultado final de la adjudicación. Debe entrar en la metodología de evaluación, en los criterios aplicados y en la documentación que sustentó las calificaciones otorgadas.

Porque una adjudicación de esta magnitud exige mucho más que un cuadro de puntuación. Exige un expediente robusto, completo y verificable.

4. No se trata de frenar el transporte, sino de hacerlo bien

El debate alrededor del monorriel no debería interpretarse como una oposición al transporte masivo ni como un rechazo a la inversión pública. La República Dominicana necesita ampliar y modernizar su sistema de movilidad urbana. Santo Domingo enfrenta problemas crecientes de congestión, tiempos de viaje y presión sobre su infraestructura vial.

Precisamente por eso, las decisiones deben tomarse correctamente. Cuanto más importante es una infraestructura, mayor debe ser la calidad de su planificación y más exigente debe ser el procedimiento utilizado para contratarla.

La crítica no está dirigida contra el transporte moderno, sino contra la posibilidad de que proyectos de enorme impacto urbano y fiscal avancen con expedientes insuficientemente sustentados o con procesos donde la competencia efectiva resulte limitada.

La transparencia y la planificación no retrasan necesariamente las obras. Muchas veces evitan errores costosos, modificaciones posteriores, conflictos contractuales y decisiones difíciles de corregir una vez iniciada la construcción.

Las grandes infraestructuras no se miden únicamente por la rapidez con que se adjudican. Se miden por su capacidad de funcionar correctamente durante décadas y por la solidez técnica y financiera de las decisiones que les dieron origen.

5. La DGCP ante una prueba institucional

La Dirección General de Contrataciones Públicas queda ahora en el centro de una prueba institucional importante, porque le corresponde verificar si el procedimiento de licitación se ajustó a los principios y reglas del sistema nacional de contrataciones públicas. Y en caso de identificar irregularidades sustanciales o deficiencias graves en el expediente, la DGCP tiene la facultad de dejar sin efecto el procedimiento y exigir que el proyecto sea nuevamente evaluado y tramitado conforme al marco normativo correspondiente.

El caso tiene además una dimensión adicional: Fitram es un fideicomiso público. Y este tipo de estructuras ha adquirido un protagonismo creciente en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Precisamente por eso, resulta fundamental determinar si los fideicomisos pueden operar con menores niveles de escrutinio o si, por el contrario, deben someterse a controles equivalentes cuando gestionan recursos públicos y comprometen decisiones estratégicas del Estado.

La actuación inicial de la DGCP, encabezada por Carlos Pimentel, fue correcta: requerir explicaciones y documentación a las partes involucradas. Pero la verdadera prueba comienza ahora. Lo determinante será la profundidad con la que se revise el expediente y la capacidad de la institución para valorar, con independencia y rigor técnico, si el procedimiento resistió las exigencias mínimas de planificación, competencia, transparencia y motivación.

En ese sentido, la DGCP tiene la oportunidad de marcar un precedente importante. Si ejerce plenamente su rectoría, puede enviar una señal clara de que ninguna estructura administrativa, por especial que sea, queda fuera del control institucional cuando se trata de contratación pública de gran escala. Porque la confianza en el sistema no depende solo de que existan normas, sino de que las instituciones estén dispuestas a aplicarlas cuando el expediente lo exige.

6. Ahora toca ver las tripas del expediente

El Monorriel de Santo Domingo ha entrado en una etapa distinta. El centro del debate ya no son los anuncios oficiales ni las promesas de modernización urbana. Ahora la atención se concentra en el expediente: en los estudios, evaluaciones, criterios y decisiones que sustentaron una adjudicación multimillonaria.

Si el proceso estuvo correctamente estructurado, los documentos lo demostrarán. Lo demostrarán la planificación, el soporte presupuestario, la evaluación técnica y la motivación de la adjudicación. Y si existen debilidades, inconsistencias o malas prácticas, también quedarán reflejadas en el expediente.

Ahí radica precisamente el valor de abrir las tripas del proceso. La transparencia no perjudica un buen expediente; lo fortalece. Lo que debilita a las instituciones no es el escrutinio, sino la opacidad.

Y en proyectos que comprometen recursos públicos durante décadas, la mejor defensa de una adjudicación nunca será el discurso político. Será siempre la solidez técnica, jurídica y documental del expediente.

Carlos Bonnelly Ginebra

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, consultor en Economía del Transporte y Proyectos de Asociación Público-Privada. Es autor del Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos: un enfoque práctico para la República Dominicana.