Esperando y esperando, y nunca ponen la soga: De la nueva ley de educación al Sísifo con antenitas
El problema no se resuelve solo con una nueva ley, sino con una gobernanza capaz de tocar intereses, ordenar responsabilidades, dar autoridad efectiva a los directores, revisar el peso real de los actores corporativos, transparentar el uso de los recursos, vincular evaluación con consecuencias y dejar de confundir consulta con espectáculo

La educación dominicana vuelve a ser convocada al altar de las grandes promesas, esta vez con el Decreto 309-26, mediante el cual el presidente Luis Abinader crea una Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el mandato de preparar las bases de un Sistema Educativo Nacional Integral y un anteproyecto de ley de educación, con lo que el país vuelve a escuchar la música conocida de las consultas, los consensos, los expertos, las comisiones y los plazos solemnes.
La imagen popular de "esperando y esperando, y nunca ponen la soga" resume con amarga precisión la historia, sobre todo de los últimos seis años, del sistema educativo dominicano, porque de manera cíclica se anuncia una transformación definitiva, se promete que ahora sí vendrá la reforma profunda, se invoca el futuro, la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo nacional, pero cuando la sociedad mira hacia las aulas, hacia los aprendizajes y hacia la gestión cotidiana de los centros, descubre que la soga sigue sin aparecer.
El nuevo decreto desplaza formalmente el debate desde la fallida y resistida fusión entre el Minerd y el Mescyt hacia una propuesta más amplia de articulación del sistema educativo, la formación técnico-profesional, la educación superior, la ciencia, la innovación y el mercado laboral, lo cual, en principio, podría parecer una rectificación inteligente, pero el problema consiste en saber si se trata de una verdadera transformación o de otra reorganización administrativa vestida con lenguaje de futuro.
La misma piedra, otra comisión
La ADP ha reaccionado denunciando que el decreto mantiene, en el fondo, la intención de entregar la educación pública al sector privado, mientras reclama una consulta nacional real, con maestros, estudiantes, familias, universidades, investigadores y organizaciones sociales, con lo que vuelve a colocarse sobre la mesa una tensión que ningún gobierno ha querido resolver con transparencia: quién define la transformación educativa, con qué diagnóstico, bajo cuáles intereses y con qué garantías de que el 4 % no será convertido en botín burocrático, político o empresarial.
El país no parte de cero, porque ha acumulado pactos, reformas curriculares, evaluaciones, investigaciones, programas, presupuestos crecientes y diagnósticos suficientes para saber dónde están muchas de las grietas. Sin embargo, esa acumulación no se ha traducido en aprendizajes proporcionales, ni en reducción real de las brechas territoriales, ni en una cultura de consecuencias, con lo que la educación dominicana parece condenada a empujar la misma piedra de Sísifo, subirla con discursos solemnes y verla rodar otra vez por la ladera de la improvisación.
Por eso, el problema no se resuelve solo con una nueva ley, aunque una buena ley podría ayudar, sino con una gobernanza capaz de tocar intereses, ordenar responsabilidades, dar autoridad efectiva a los directores, revisar el peso real de los actores corporativos, transparentar el uso de los recursos, vincular evaluación con consecuencias y dejar de confundir consulta con espectáculo, porque si la nueva legislación no entra en esas zonas incómodas, apenas será otro documento bien redactado para administrar el desencanto.
Quitarle las antenitas al absurdo
La metáfora del "Sísifo con antenitas" cobra sentido porque, junto al esfuerzo repetido que no transforma, aparece también la lógica chapulinesca de la ocurrencia salvadora, esa que llega tarde, anuncia soluciones ingeniosas, cambia nombres, crea comisiones, reorganiza estructuras y promete que ahora sí se encontró el eslabón perdido, mientras los centros educativos siguen lidiando con indisciplina, sobreedad, bajos aprendizajes, carencias de infraestructura, debilidad de supervisión y una autoridad escolar que muchas veces existe en los papeles, pero se disuelve en la práctica.
La nueva ley de educación podría ser una oportunidad histórica si parte de una declaración franca de crisis y no de otra narrativa triunfalista, si convoca a todos los actores sin maquillaje, si coloca la escuela pública en el centro, si convierte el 4 % en resultados verificables y si establece responsabilidades con nombre y apellido, porque de lo contrario el país seguirá esperando y esperando, oyendo promesas de transformación, mientras nadie pone la soga y la piedra vuelve a caer, con Sísifo sudando y Chapulín moviendo las antenitas.

Rafael Méndez