Pablo UlloaCuando la queja se convirtió en brigada (Clase 33)
La democracia también se aprende organizando soluciones
Hay clases en las que el aula deja de ser un lugar donde se repiten conceptos y se convierte, por una hora, en una pequeña maqueta del país que todavía estamos a tiempo de construir. Eso sentí en la clase 33 de Constitución Viva para Todos y Todas, impartida en el Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. Esta vez no se trataba solo de explicar artículos ni de comentar una película. Se trataba de algo más exigente: enseñar que el bien común no puede seguir siendo una frase bonita para discursos oficiales, sino una práctica concreta de ciudadanía. La agenda de la jornada lo dejaba claro: "Acciones colectivas por el bien común", lectura de los artículos 7, 67 y 75 de la Constitución, reflexión a partir de Cadena de favores y una dinámica grupal titulada "De la queja a la acción", organizada como una brigada por el bien común.
Las imágenes de la jornada ayudan a comprender la densidad real de esa experiencia. No muestran estudiantes pasivos ni un maestro encerrado en la solemnidad del pizarrón. Muestran grupos inclinados sobre mesas de trabajo, manos escribiendo, jóvenes discutiendo ideas, micrófonos que pasan de una voz a otra, cartulinas en blanco convertidas en espacio de construcción compartida, y un maestro que no llega a dictar respuestas terminadas, sino a caminar entre los grupos, escuchar, preguntar y provocar criterio. En una de las escenas más elocuentes, se le ve con una sonrisa amplia, de pie junto a un grupo de muchachos que trabajan; en otra, varios estudiantes escriben sobre una superficie común como si entendieran, aun sin decirlo con esas palabras, que lo público también comienza así: cuando una idea deja de ser individual y empieza a tomar la forma de tarea compartida.
Ese detalle no es menor. Porque en la vida pública dominicana hemos desarrollado una habilidad formidable para diagnosticar. Sabemos señalar la basura en la calle, la contaminación de los ríos, el abandono de los espacios comunes, el deterioro del entorno escolar, la indiferencia de las autoridades, la fragilidad del sentido cívico y la distancia entre lo que prometen las instituciones y lo que vive la gente. Lo que no siempre sabemos es dar el paso siguiente. Es decir: pasar de la descripción a la responsabilidad, del reclamo a la intervención, de la impotencia al gesto organizado. Ahí estaba, precisamente, la potencia moral de esta clase. No negaba la legitimidad de la queja. La colocaba en su lugar correcto: como punto de partida, no como estación final de la ciudadanía.
Por eso la Constitución aparecía aquí no como texto ornamental, sino como brújula. El artículo 7, al definir a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, recuerda que la vida colectiva no puede descansar en la ley del más fuerte ni en la simple suma de intereses privados; el artículo 67 vincula la protección del medio ambiente con un deber intergeneracional; y el artículo 75 coloca en el centro los deberes fundamentales del ciudadano. Leídos juntos, esos artículos producen una enseñanza de enorme valor cívico: no basta con reclamar un mejor Estado si no estamos dispuestos también a comportarnos como una mejor sociedad. La Constitución, cuando se la enseña con seriedad, no solo protege derechos; también organiza deberes, exige disciplina cívica y recuerda que el bien común necesita manos, hábitos y decisiones.
La elección de Cadena de favores como detonante audiovisual fue, además, pedagógicamente precisa. Algunas historias tienen la capacidad de decir en pocos minutos lo que muchos discursos no logran fijar en una hora. La película introduce una idea sencilla, pero revolucionaria: que una acción concreta, replicada y sostenida, puede alterar el clima moral de una comunidad. Ese principio, trasladado al aula, deja de ser emoción cinematográfica y se convierte en pregunta política: ¿qué pasa cuando un grupo de jóvenes decide no limitarse a ver el deterioro, sino que empieza a organizarse para corregir una parte de él? La respuesta es profunda: empieza a nacer una ciudadanía distinta. Una ciudadanía que no niega las fallas del Estado, pero tampoco se resigna a vivir como si nada de lo común le perteneciera.
Ahí es donde la dinámica "De la queja a la acción" alcanza su verdadera altura. No fue una actividad simpática para cerrar la clase. Fue una corrección de cultura. Frente a una tradición pública que a veces premia el comentario rápido, la crítica estéril y la delegación infinita de responsabilidades, el aula introdujo otro lenguaje: el de la brigada. Y la brigada, en el fondo, es una de las metáforas más exactas de la ciudadanía constitucional. Supone coordinación, disciplina, propósito, reparto de tareas, reconocimiento del otro y voluntad de intervenir sobre un problema concreto. Es la forma mínima, pero digna, de organizar el cuidado. En esa escena, la democracia deja de parecer un ritual lejano y empieza a verse como algo mucho más cercano: personas reuniéndose para proteger lo que a todos pertenece.
Por eso resulta legítimo traer aquí un ejemplo como el Sistema de Articulación y Respuesta Territorial (SART). No como un tecnicismo ajeno al aula ni como una referencia fría de gestión, sino como expresión concreta de la misma lógica que la clase estaba enseñando. El SART representa precisamente ese paso superior que una sociedad debe aprender a dar: convertir la necesidad identificada en una respuesta organizada, traducir el problema en mecanismo de articulación, y pasar del diagnóstico repetido a la capacidad efectiva de intervenir. Cuando una generación aprende eso, entiende que el bien común no es solo sensibilidad moral; también es método, coordinación y respuesta. Y ese tránsito —de la indignación a la herramienta, de la queja a la articulación— es uno de los aprendizajes más valiosos que puede ofrecer la educación constitucional.
Hay algo especialmente importante en enseñar esto a adolescentes. Porque esa edad está llena de intensidad moral. Los jóvenes detectan rápido la incoherencia, perciben con agudeza la injusticia y reaccionan con fuerza frente al abandono o la hipocresía. Si esa energía no encuentra una salida formativa, suele degradarse en cinismo, burla o distancia. Pero si se la vincula con deber, con organización y con propósito, se convierte en fuerza republicana. Un joven que aprende que puede pasar de la queja a la acción no solo mejora un aula, un patio o un entorno escolar. Empieza a comprender algo mayor: que la democracia no es únicamente el derecho a opinar sobre el país, sino también la obligación de participar en su cuidado.
Tal vez por eso esta clase dialoga tan bien con el momento nacional. La República Dominicana necesita mejores instituciones, sí; más eficacia pública, también; protección ambiental seria, cumplimiento de la ley y respuestas más oportunas del Estado, sin duda. Pero necesita, además, una cultura cívica menos dependiente del lamento y más dispuesta a la corresponsabilidad. Necesita ciudadanos que no vean el bien común como una frase abstracta, sino como una cadena de tareas concretas: respetar el entorno escolar, cuidar el agua, no ensuciar lo compartido, organizar soluciones, reclamar con fundamento y colaborar sin sentir que eso los disminuye. La madurez democrática no se mide solo por la calidad de las instituciones; también por la calidad de los hábitos ciudadanos que las sostienen.
La escuela, en este punto, vuelve a revelar una de sus dimensiones más nobles. No es solamente un sitio donde se transmiten contenidos. Es un taller de hábitos republicanos. Allí donde la conversación pública a veces se atasca en el reclamo, la escuela puede enseñar organización. Allí donde el entorno social normaliza el deterioro, la escuela puede enseñar cuidado. Allí donde algunos creen que la ciudadanía comienza a los dieciocho años, la escuela puede demostrar que empieza mucho antes: en el instante exacto en que alguien descubre que lo común también depende de él. Ese descubrimiento, aunque parezca pequeño, es de una enorme trascendencia política. Porque de ahí salen después los ciudadanos que cuidan, que exigen con criterio, que colaboran sin servilismo y que entienden que la República no es una abstracción: es la forma diaria de tratar lo que compartimos.
Al salir de aquella jornada pensé que, a veces, un país entero cabe en una escena mínima: varios estudiantes inclinados sobre una mesa, una cartulina vacía a punto de llenarse, una pregunta que circula, una idea que se ordena, una mano que escribe y otra que acompaña. Quizá esa sea una de las lecciones más hondas de esta bitácora: que la Constitución no solo nos enseña a exigir un Estado que funcione, sino también a merecer una sociedad que se cuide a sí misma. Y ese tránsito, el más difícil y el más noble, comienza cuando una brigada por el bien común deja de ser una dinámica de clase y empieza a parecerse, poco a poco, a un proyecto de nación.
Pablo UlloaDefensor del Pueblo de la República Dominicana.