Rafael Dickson Morales
Desarrollo de la infraestructura estratégica: hacia un Derecho Infraestructural dominicano
Por qué la burocracia y la falta de ejecución son los mayores enemigos del desarrollo
Recientemente tuve la oportunidad de participar en el marco del Seminario Jurídico CCIFD 2026: "Regulación de los sectores estratégicos y su impacto en el desarrollo de los negocios", organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana, en un panel dedicado a la relación entre infraestructura, competitividad y marcos regulatorios para el desarrollo.
Durante la discusión de mi panel planteaba una reflexión que considero particularmente relevante para el futuro del país. Pretender regular infraestructuras del siglo XXI con categorías jurídicas concebidas para realidades del siglo XX. Desde hace tiempo sostengo que la infraestructura estratégica no puede verse únicamente como obra pública. Durante décadas asociamos el concepto de infraestructura a carreteras, puentes, edificaciones y proyectos de construcción financiados por el Estado. Sin embargo, la realidad actual es mucho más compleja.
Hoy la infraestructura constituye un activo estratégico de competitividad, integración económica, seguridad nacional, resiliencia institucional y posicionamiento geopolítico. Cuando me refiero a infraestructura estratégica, hablo de aeropuertos, autopistas, puertos, redes energéticas, telecomunicaciones, centros de datos, corredores logísticos y plataformas digitales, por mencionar algunas.
A veces al hablar de competitividad se piensa en productividad, educación, estabilidad macroeconómica o incentivos fiscales. Sin embargo, los países también compiten a través de esas infraestructuras estratégicas. Por eso, se puede sostener que la infraestructura es, en muchos sentidos, la política industrial silenciosa de un país.
No es casualidad que las economías más dinámicas del mundo hayan colocado la infraestructura en el centro de sus estrategias nacionales de desarrollo. Singapur, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estonia o incluso Panamá no son competitivos únicamente porque poseen mejores infraestructuras físicas. Son competitivos porque han logrado desarrollar marcos institucionales y regulatorios capaces de transformar proyectos estratégicos en realidades ejecutables con previsibilidad, seguridad jurídica y velocidad razonable.
La República Dominicana ha dado pasos importantes en esa dirección. Pero aún faltan muchos. La aprobación de la Ley núm. 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas permitió incorporar mecanismos modernos para canalizar inversión privada hacia proyectos de largo plazo, aunque con pocos resultados visibles, por diversas razones que ameritan ser estudiadas oportunamente. Más recientemente, la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas introduce conceptos que resultan esenciales para una nueva generación de infraestructura como la planificación, gestión de riesgos, contratación estratégica, valor por dinero, trazabilidad y uso de herramientas tecnológicas, por mencionar algunas. Asimismo, existen leyes sectoriales que contemplan e impactan la infraestructura como es el caso de las telecomunicaciones, energía, portuario, entre otras.
Es decir, nuestro país cuenta con instrumentos jurídicos. Sin embargo, ¿Son suficientes esos instrumentos, concebidos de manera relativamente independiente, para afrontar los desafíos de infraestructura estratégica que plantea el siglo XXI?
Mi impresión es que el verdadero reto ya no consiste únicamente en crear nuevas figuras jurídicas. El desafío radica en construir una visión integrada. Muchas veces se sigue analizando la contratación pública, las concesiones, las alianzas público-privadas, los permisos, la regulación sectorial, la sostenibilidad ambiental, la solución de controversias, entre otros, como aspectos separados, cuando en realidad forman parte de todo un ecosistema.
No es lo mismo adquirir bienes de uso corriente que estructurar una terminal aeroportuaria, un puerto de clase mundial, una red energética nacional, un corredor logístico o una infraestructura digital crítica. Cuando nos referimos a un aeropuerto, por ejemplo, no estamos hablando simplemente de una obra de construcción. Estamos hablando simultáneamente de turismo, comercio, conectividad, seguridad, inversión extranjera, desarrollo regional y marca país.
Lo mismo ocurre con los puertos, las redes de telecomunicaciones, los centros de datos gubernamentales o las infraestructuras energéticas. Por ello, cada vez cobra mayor relevancia la idea de un verdadero Derecho Infraestructural, como el conjunto de principios, instituciones y mecanismos jurídicos destinados a planificar, financiar, desarrollar, operar, supervisar y transformar infraestructuras estratégicas. Hay ya jurisdicciones que han avanzado al respecto y profesores que han escrito al respecto como por ejemplo mi maestro y buen amigo Jaime Rodríguez-Arana y Augusto Dal Pozzo.
Se trata de una aproximación transversal que integra contratación pública, alianzas público-privadas, concesiones, regulación económica, competencia, financiamiento, sostenibilidad, tecnología, gobernanza y gestión de riesgos. La infraestructura estratégica moderna exige precisamente esa visión multidimensional.
Tradicionalmente hemos pensado que uno de los principales riesgos en materia de infraestructura consiste en contratar mal. Sin embargo, creo que el riesgo de no ejecutar oportunamente es peor. La demora excesiva, la fragmentación institucional, la permisología innecesaria, la falta de coordinación entre organismos y los procesos excesivamente largos generan costos económicos muy significativos.
Cuando una infraestructura estratégica se retrasa durante años, no solamente se retrasa una obra. Se retrasan inversiones, empleos, conectividad, competitividad y oportunidades de crecimiento para un país. La agilidad regulatoria no debe confundirse con ausencia de controles. Pero tampoco la transparencia puede convertirse en sinónimo de parálisis. Necesitamos controles más inteligentes, más digitales, más preventivos y más orientados a resultados.
Los países más competitivos han comprendido que la calidad regulatoria no se mide únicamente por la cantidad de controles existentes, sino por la capacidad de ejecutar proyectos complejos oportunamente preservando simultáneamente la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica.
La geopolítica contemporánea también obliga a replantear nuestra visión sobre la infraestructura. Hoy los países no compiten únicamente por mercados o territorios. Compiten por corredores logísticos, puertos, aeropuertos, energía, conectividad digital, centros de datos y cadenas de suministro. Quien controla estas infraestructuras controla buena parte de los flujos económicos, tecnológicos y comerciales del futuro.
República Dominicana posee una ubicación geográfica privilegiada y una oportunidad extraordinaria para consolidarse como plataforma regional de turismo, logística, conectividad e inversión. Pero para aprovechar plenamente esa oportunidad necesitaremos algo más que infraestructura física.
Necesitaremos infraestructura institucional, con instituciones capaces de planificar a largo plazo, coordinar actores, gestionar riesgos, atraer inversión y con mucha capacidad de ejecutar proyectos estratégicos eficientemente y a tiempo. Esta es una de las grandes oportunidades del Estado Dominicano, ya que desafortunadamente sus instituciones no se coordinan eficientemente a la hora de ejecutar a tiempo infraestructuras, lo que disminuye considerablemente su capacidad de ejecución.
Las grandes infraestructuras del siglo XXI, como puertos, aeropuertos, corredores logísticos, sistemas hídricos, redes energéticas, telecomunicaciones, centros de datos e infraestructuras digitales críticas, interactuan con distintas ramas juridicas y requieren una coordinación especial. Por ello, creo que una Ley de Infraestructura Estratégica podría convertirse en el instrumento que permita integrar planificación, financiamiento, regulación, sostenibilidad, tecnología y seguridad nacional bajo una misma lógica de Estado, dotando al país de una herramienta moderna para competir en un entorno cada vez más definido por la capacidad de desarrollar y gestionar activos estratégicos.
Debemos reflexionar si contamos con el marco jurídico e institucional adecuado para desarrollar infraestructura con la velocidad, seguridad jurídica, capacidad de ejecución y la visión estratégica que exige el siglo XXI. Muchas veces contamos con marcos normativos, financiamiento, proyectos, e inversionistas interesados. Pero si no tenemos instituciones capaces de planificar, coordinar, decidir y ejecutar oportunamente, el potencial de desarrollo se queda en el papel.
La competitividad moderna depende cada vez más de la velocidad con que los países transforman decisiones en resultados. Debemos continuar contruyendo instituciones públicas estratégicas, con mejores controles, más inteligentes, digitales, menos burocraticas, coordinadas y orientaddas a resultados. El mayor riesgo es no ejecutar a tiempo la infraestructura que el desarrollo de un pais requiere. La infraestructura no se construye únicamente con cemento y acero. Se construye con instituciones sólidas, confiables y capaces de convertir proyectos estratégicos en resultados concretos.
Rafael Dickson MoralesAbogado y Profesor en Derecho Administrativo.