Priorizar en tiempos de crisis: el verdadero desafío del gasto público social

El anuncio del Gobierno dominicano de un plan de austeridad orientado a generar ahorros por alrededor de RD$40,000 millones responde a una realidad fiscal que no admite evasivas. En un contexto internacional marcado por presiones sobre los precios del petróleo y mayores exigencias sobre las finanzas públicas, la disciplina fiscal se vuelve una condición necesaria para la estabilidad.

Sin embargo, cuando se habla de ajuste, el verdadero desafío no es solo reducir el gasto, sino decidir cómo priorizar el gasto público social.

Toda política de austeridad implica decisiones. Y esas decisiones determinan no solo el balance fiscal, sino también el alcance de la protección social y la capacidad del Estado para responder a contextos adversos.

En este escenario, la reducción del 50 % en la asignación a los partidos políticos ha ocupado un lugar central en el debate público. Se trata de una medida que envía una señal clara de contención del gasto. No obstante, desde una perspectiva estrictamente fiscal, su impacto es limitado: de un presupuesto estimado en RD$1,620 millones, el ahorro ronda los RD$810 millones, aproximadamente un 2 % del objetivo total anunciado.

Este dato no deslegitima la medida, pero sí define su alcance: es una decisión visible, aunque fiscalmente marginal frente a los desafíos estructurales del gasto público.

El problema, por tanto, no es la medida en sí, sino el riesgo de que el debate se concentre en lo visible mientras se evita lo estructural.

El verdadero espacio de racionalización del gasto público se encuentra en el gasto social, no por su naturaleza, sino por su magnitud. Entre 2021 y 2025, las transferencias sociales directas han movilizado aproximadamente RD$270,000 millones, una cifra equivalente a cerca de un tercio del gasto de capital del Gobierno Central.

Esto implica que incluso mejoras moderadas en su eficiencia pueden generar impactos fiscales significativamente mayores que recortes en partidas de menor peso.

Pero el punto central no es reducir el gasto social, sino mejorar su asignación.

Los datos disponibles sugieren una brecha que merece atención. Mientras la pobreza se sitúa en torno al 17 % de los hogares -unos 600,000-, los programas de transferencias alcanzan entre 1.4 y 1.5 millones de hogares. Esta diferencia no constituye por sí sola una falla, pero sí plantea una pregunta esencial en un contexto de restricción fiscal: ¿está el gasto social llegando con la precisión que exige el momento?

En términos fiscales, esta desalineación podría representar entre RD$20,000 y RD$25,000 millones anuales bajo supuestos conservadores. En un escenario de ajuste, esta magnitud no es marginal: es estructural.

A este desafío se suma un elemento menos visible, pero igual de relevante: la arquitectura institucional del sistema de protección social.

Durante años, la República Dominicana construyó un modelo basado en la separación de funciones entre identificación de beneficiarios, administración de pagos y ejecución de programas. Esta estructura policéntrica no era redundancia, sino un mecanismo de control que fortalecía la trazabilidad y reducía riesgos de discrecionalidad.

Sin embargo, la evolución reciente hacia esquemas de mayor integración -incluyendo la convergencia de funciones entre ADESS y Supérate- ha reducido esos contrapesos institucionales.

Cuando se debilita la separación de funciones, se debilita también la capacidad de verificación independiente. Y sin verificación, la eficiencia del gasto social se vuelve más difícil de garantizar.

En contextos de expansión del gasto, este riesgo es relevante. En contextos de crisis, se vuelve crítico.

Por eso, la discusión no puede limitarse a cuánto se recorta, sino a cómo se prioriza.

Una estrategia seria de racionalización del gasto social debe sustentarse en tres pilares: actualización del SIUBEN para mejorar la focalización, fortalecimiento de los mecanismos de pago y control para garantizar trazabilidad, y mayor transparencia para permitir auditoría y rendición de cuentas.

No se trata de reducir la protección social, sino de hacerla más precisa, más eficiente y más legítima.

En tiempos de crisis, ajustar es necesario. Pero priorizar es determinante.

La sostenibilidad fiscal no se construye recortando lo visible, sino corrigiendo lo estructural y priorizando con precisión el gasto público social.

Van Elder Espinal Martinez